Gabriel Pereyra
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El cerrojo de la seguridad pública: la cárcel
Es uno de los nudos más apretados de las políticas de seguridad pública. Es una de las instituciones más ineficientes del Estado, pero cada tanto los políticos le dan nuevas herramientas y la hacen más abarcativa. Allí, de forma directa o indirecta, los delincuentes coinciden con el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. Es la cárcel. El Observador presenta a partir de hoy una serie de notas que van desde el sistema de penas y rehabilitación, pasando por los riesgos de que un ciudadano honesto caiga en el infierno, hasta la cárcel como cuartel general de la delincuencia con el testimonio de quienes pasaron por allí y una nueva visión acerca de qué hay de cierto en eso de que la cárcel es "la universidad del delito".
Las penas y la rehabilitación: la inflación punitiva
Una imagen tradicional de cualquier película de Hollywood sobre cárceles es la de presos con mameluco naranja, formados en fila antes de salir al patio o ir al comedor. Los 10 mil presos que hay en las cárceles uruguayas jamás protagonizan una situación como esta ni ninguna otra que tenga que ver con el orden o la disciplina.En las prisiones uruguayas, donde supuestamente se pena la violencia, lo único permanente es precisamente la violencia.
El censo policial que se hizo en 2012 reveló que el 40% de los presos habían recibido algún castigo o tenían algún tipo de lesión producto de situaciones violentas.
"Cada día salen de la cárcel 10 presos dispuestos a reincidir". La frase, pronunciada por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, alude al que posiblemente sea uno de los capítulos del tema seguridad al que menos trascendencia se le da nivel de opinión pública y cuya incidencia en el aumento del delito y, sobre todo, en los índices de violencia, es evidente.
Cuando la Policía detiene a un delincuente, están los que tienden a pensar que se cerró un ciclo para ese bandido, cuando en realidad es un eslabón de una polea que no tiene comienzo ni fin. Es difícil que la opinión pública atine a preguntarse de dónde vino ese delincuente ni adónde irá cuando recupere la libertad.
"En gran medida, la opinión pública elude el principio básico de que la prisión es antes un medio para devolver a la sociedad individuos en mejores condiciones, que un fin en sí mismo", sostuvo en un seminario de la Universidad el sociólogo Luis Eduardo Morás, quien ha realizado investigaciones sobre violencia y reclusión.
La cárcel es el lugar, único, donde coinciden las acciones del Parlamento y sus leyes, los fiscales y jueces que las aplican, la Policía que persigue a los infractores, y los delincuentes.
La cárcel no tiene un papel disuasorio como algunos señalan. En todo caso esa puede ser una consecuencia de su existencia. Las cárceles deben cumplir dos funciones básicas y complementarias: por un lado sancionar al que viola la ley y alejarlo transitoriamente del resto de la sociedad, y por otro rehabilitarlo para que, un vez cumplida la pena, pueda reinsertarse en esa sociedad a la que le produjo un daño. En Uruguay, si se tradujera en términos económicos, el primero de estos principios (la sanción) sufre una inflación creciente, y el segundo (la rehabilitación) una deflación decadente.
Cuánto más presión parece haber en el peso de la sanción, más impacta eso en el otro factor penitenciario que es la rehabilitación.
"Animales enjaulados"
La ley dice que la sanción que debe cumplir un preso es el encierro por un período determinado por la ley. "A nadie se le aplicará la pena de muerte", comienza diciendo el artículo 26 de la Constitución, que es como decir que todo el que caiga preso en algún momento volverá al seno de la sociedad. El artículo constitucional se completa: "En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito".
La ley rechaza la tortura, y no habla de celdas llenas de mugre e inundadas, ni de la convivencia con las drogas, la prostitución, los cortes carcelarios, el cobro de peajes o las bandas organizadas, ni de la presión y amenaza a las familias de los más débiles, ni de otras tantas cosas que existen hoy en los centros de reclusión uruguayos.
Una publicación de la ONU sobre cárceles en Uruguay se refería así a los módulos de metal (las latas) que funcionaron en Libertad: "Los internos se hacinan como animales enjaulados. Las condiciones en todos los contenedores eran espantosas y revelaban una falta completa de respeto por la dignidad humana de los internos. Los contenedores no tenían ventanas sino una abertura muy pequeña de un lado. En verano, las temperaturas en estas latas de acero eran muy elevadas y los internos tenían que tomar turnos frente a la pequeña abertura para tener suficiente oxígeno para respirar. El sistema de drenaje estaba colapsado. Los internos tenían restringido el acceso al agua, por lo que se veían obligados a beber del retrete. Además, para orinar y defecar tenían que usar bolsas y botellas de plástico que tiraban después al patio común de cada módulo. Como resultado de esto, los contenedores estaban rodeados de montones de basura, lo que producía un olor insoportable. Los internos solo podían salir de las celdas como máximo cuatro horas por semana". Hubo una acción de amparo y la Justicia, responsable de enviar allí a personas procesadas, no se consideró competente como para cerrar estos módulos.
¿Es un fenómeno novedoso esto de meterlos en jaulas? En 1986 el ministro del Interior, el colorado Antonio Marchesano, dijo que Punta Cartetas era un caos, "una ciudad dentro de otra", En 1994 el ministro nacionalista Ángel Gianola dijo que la corrupción policial contribuía a la violencia. Juan Pedro Martínez entonces director de Libertad dijo que en la prisión no había agua potable. Héctor Carracedo, defensor de oficio, que Libertad era "una cloaca pensada para destruir al presos no para rehabilitarlo". En 1995, tras una visita, la Comisión de derechos humanos del Parlamento dijo que Libertad era "inadecuada para albergar a seres humanos".
En 2009 el sistema se sacudió cuando llegó al país Manfred Nowak, el relator de la ONU, quien calificó a las cárceles de "oscuras e inmundas".
Aunque mejoró en algo sus condiciones, Uruguay aún viola directamente o camina por el pretil de varias leyes internacionales a las que adhirió: la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; el Protocolo Facultativo de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Una de las cosas que combate el derecho internacional es el ocio en las cárceles, algo que parece una burla en los lugares de encierro del país.
Para peor, en diciembre pasado la ONU estableció como "tortura" cualquier sanción que mantenga aislado a un preso más de 15 días , dijo a El Observador el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit. El funcionario admitió que en Uruguay no se cumple y una fuente de la Policía reconoció que hay sanciones de "meses".
Naturalmente -o sea, sin tener en cuenta todas las condiciones degradantes antes mencionadas- la cárcel produce en el preso aislamiento afectivo, ausencia de intimidad, frustración y una nueva escala de valores "basadas en la desconfianza y la agresividad", dice un estudio académico de expertos extranjeros (Intervención psicopedagógica en contextos diversos), que añade que en algunos reclusos se producen severos desequilibrios psiquiátricos.
La presión de los 90
Massimo Pavarini, catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Bolonia y experto en cárceles, dijo a Página 12 que hay muchos presos "sufriendo (...) y siempre son los delincuentes pobres, los locos, los que son criminalizados. Me parece una perspectiva digna reducir la violencia. Pero, primero, hay que reducir la violencia de la reacción penal, la violencia institucional que es terrible, mucho más terrible que la criminalidad".
Esa inflación sancionatoria provocada por las condiciones de encierro se vio agravada en la década de 1990 con el incremento de las penas, o sea, más tiempo de permanencia de los presos en esos lugares donde campea la violencia.
El ex comisionado parlamentario de cárceles, Álvaro Garcé, quien fuera candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido Nacional, no tuvo reparos en una publicación de ONU en criticar la situación carcelaria cuando gobernaba el nacionalismo.
A mediados de los 90 "el sistema carcelario atravesaba una profunda crisis; el desconocimiento de los derechos de los privados de libertad era entonces generalizado. Tal crisis, fue el resultado de la combinación de dos factores: el explosivo aumento de la población reclusa y la falta de inversión en cárceles. (La situación comprometió) la imagen nacional".
A partir de 2010 "asoman los primeros resultados: una mejora en la infraestructura penitenciaria y el inicio de una transformación de la gestión", agregó.
¿Es esta una visión "progresista" que justifica de alguna forma las políticas oficiales en torno a la seguridad?
"A mí me gustaría que los jueces y los fiscales fueran más a menudo a las cárceles", dijo Garcé a El País en su momento. Posiblemente uno de los uruguayos que más sepa sobre prisiones, Garcé aludía a que los magistrados deben pensar dos veces antes de enviar a una persona a esos pozos inmundos en los que cualquiera puede tropezar y caer dentro.
Cuánto más se reproduce en la sociedad esa violencia a la que son sometidos los delincuentes en las cárceles, los políticos se ven más presionados por reclamos de mayores penas.
Dos bibliotecas y el peso de los hechos
Algunas voces, como la del fiscal Gustavo Zubía, acompañan esos reclamos. "Tenemos una detención y sometimiento a proceso del 10% de los delitos cometidos. Y, de esos, hay un 40% que son procesados sin prisión y cuando le aplican la pena queda siempre estrictamente en el papel, ya que no pasa un solo día en la cárcel", dijo en una reciente ponencia. En declaraciones a El País sostuvo:. "Es un muy buen negocio delinquir. Pero se puede frenar, podés poner sanciones más severas".
La evidencia empírica no le estaría dando la razón al fiscal: las penas han aumentado y con ellas los delitos. Por eso hay otras voces que van en sentido contrario, como la del catedrático en Derecho Penal Miguel Langón. "Existe una discusión criminológica en torno a si el anuncio de las penas tiene eficacia, es decir, si tiene o no un resultado disuasivo. En general, se sostiene que tiene muy poca eficacia disuasiva. Es decir, al delincuente no le importa si la pena es de seis u ocho años, ni tampoco que la pena mínima pase de doce a dieciséis meses", expuso en un trabajo académico.Indicó que "el delincuente se contiene más si ve que la Policía funciona, que los Juzgados actúan y existe posibilidad de ser atrapado por el crimen que cometió y no por la pena que eventualmente le puede recaer" .
El sociólogo Morás sostuvo que "los datos disponibles muestran que este camino no sólo no logró revertir la violencia delictiva en los últimos 20 años, sino que ha generado nuevos problemas".
En 1963 la población total del Uruguay era de tres millones y la población carcelaria era de 1.500 personas.
Mientras que la población total ha aumentado a 3.390.000, hay 10.100 presos, según cifras a marzo de 2016. Este incremento en las tasas de prisionización estuvo acompañado de un aumento sostenido de los delitos.
Cada año ingresan unas 800 personas a la cárcel. Aludiendo a esa imagen ajena a las cárceles locales de presos formados ante la autoridad, el ex director nacional de Policía, Julio Guarteche, dijo que "lo peor" que se le puede dar a un delincuente como sanción por el delito cometido "no es violencia, sino orden. Hay que hacerles saber que van a caer en un lugar terrible no por lo duro sino por lo ordenado. En naciones europeas pasa el guardiacárcel y le pregunta al preso si va a ir a taller o al estudio; si dice que no, queda 23 horas encerrado. Al otro día ya dice que sí".
