El contraataque de Macri: busca que el peronismo pague el costo financiero de aliviar el "tarifazo"

Decidido a dar vuelta la situación política y transformar su debilidad en fortaleza, Mauricio Macri cantó “retruco” cuando todo hacía parecer que tenía el partido perdido. Encontró la forma para que un tema en el que parecía destinado a pagar un alto costo político ante la ciudadanía, ahora la responsabilidad de encontrar una solución quede del lado del peronismo.

La presión política para dar marcha atrás con el “tarifazo” de los servicios públicos parecía indetenible, al punto que los propios socios de Macri en la coalición Cambiemos le habían marcado un punto límite.

El presidente se enfrentó así a una disyuntiva de hierro: si avanzaba con su duro programa de ajuste, corría el riesgo de pagar un alto costo político que pusiera en riesgo su chance de reelección en 2019. Pero si daba marcha atrás sacrificaría su plan fiscal –con la consecuente mala repercusión entre los inversores extranjeros- y pondría un freno a la recomposición del castigado sector energético.

De manera que decidió solucionar su dilema con una jugada astuta y no exenta de riesgos: proponer que el alivio para los usuarios de servicios públicos venga por la vía de bajar impuestos. Pero no los impuestos que cobra el gobierno central, sino las provincias. Es decir, el peronismo, que tiene en sus manos 17 de los 24 distritos políticos del país.

El anuncio fue hecho mediante un mensaje televisado desde el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta, que por su tono y producción hizo recordar por momentos a los mensajes con los que Cristina Kirchner marcó su estilo de gobierno. Allí el presidente exhibió gráficos de powerpoint con comparativos entre los que consumen y pagan los usuarios argentinos respecto de los uruguayos y chilenos.

Pero su anuncio más impactante fue el pedido de que los gobernadores provinciales eliminen todos los impuestos que cargan en las boletas de los servicios públicos. Planteó que si las facturas que llegan a los hogares son caras no es tanto por el costo de la energía propiamente dicha sino por cómo los gobiernos provinciales las recargan por su voracidad recaudatoria.

Como para demostrar que la intención iba en serio, al terminar el mensaje de Macri, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció una rebaja de impuestos provinciales que permitirá en esa provincia, la más poblada del país, una caída de 15% en el costo de la luz.

La estrategia de Macri apunta a poner al peronismo en una encrucijada. La primera prueba tiene que ver con lo anunciado por la gobernadora María Eugenia Vidal: parte de la rebaja impositiva deberá ser aprobado por ley de la legislatura provincial.

Y ahí el peronismo tendrá una disyuntiva compleja. Si acompaña el recorte de impuestos en Buenos Aires pero se resiste a la rebaja en otras provincias, su actitud parecerá contradictoria e incoherente. Si no acompaña, quedará expuesto ante la opinión pública como responsable de que no se pueda dar de inmediato un alivio de 15% en las facturas de electricidad y de 6% en las de gas de los ciudadanos bonaerenses.

Según los cálculos del gobierno nacional, la suma de esos recargos significa un 20% promedio de las cifras a pagar en facturas de electricidad y gas. Con algunos picos, como el de la provincia de San Juan, en el que ese costo llega a representar un 40% de la factura, que trae como regalo la friolera de ocho impuestos.

Las boletas que la empresa distribuidora Energía San Juan SA envía a los usuarios tiene una contribución municipal; IVA del 27%; Ingresos Brutos; Lote Hogar; Tasa Alumbrado Público (que también se cobra en el impuesto inmobiliario) y el Fondo Plan de Infraestructura.

Asimismo, dos fondos solidarios especiales: el "Fondo para la línea de interconexión de 500 kilovatios" por una ley que no está vigente, pero se sigue cobrando. Y a eso hay que agregarle el denominado Valor Agregado de Distribución.

Segundo y principal, al plantear el tema impositivo logra correr el eje de la discusión política, de manera que la población ya no perciba a su gobierno ni a las empresas prestadoras de servicios como los villanos, sino que pone el peso sobre la voracidad fiscal de las provincias.

Por eso Macri, en su mensaje desde Vaca Muerta no se limitó, como se había especulado previamente, a pedir que las provincias compartieran a medias con la Nación el costo de US$ 40 millones que surgirá al posponer el recorte de beneficios en la “tarifa social”.

Directamente, pidió eliminar los impuestos provinciales y municipales que engrosas las facturas de servicios. Y dio a entender que no está dispuesto a rebajar el IVA –un impuesto nacional- de las boletas. En otras palabras, que si a alguien le cabe la responsabilidad de aliviar el peso sobre los usuarios es a las provincias.

Desde el punto de vista político, es una jugada fuerte y no exenta de riesgos. De hecho, en casi todos los casos, la reacción de los gobernadores provinciales fue un rechazo de plano. Por caso, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, uno de los exponentes del peronismo “dialoguista”, respondió con acusaciones al macrismo.

"Tenemos que sentarnos a rediscutir cuál es la relación fiscal entre la Nación y las provincias, porque si las provincias se van a hacer cargo, como se hacen cargo de la salud, de la educación, de la seguridad, de la justicia, y aparte de todo eso, el gobierno nacional se queda con el 75% de los recursos, y te van a plantear que te hagas cargo de subsidio de las tarifas, hay algo que a mí no me cierra", expresó el mandatario salteño.

En una línea parecida, el gobernador socialista de Santa Fe, Miguel Lifschitz, afirmó que "quien tiene que revisar las políticas en materia de tarifaria de los servicios es el gobierno nacional, a partir de ahí podemos sentarnos a conversar en estrategias comunes, que es lo que reclamamos desde el principio".

Así, Lifschitz responsabilizó a la Casa Rosada por los incrementos de las tarifas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Litoral Gas.

"Cuando se arma el lío, parece que la culpa la tienen las provincias, la verdad es que la política tarifaria claramente la fija el gobierno nacional, primero porque es el que fija el precio de la energía mayorista. Es el costo fundamental que nosotros después a través de la EPE trasladamos a los usuarios, en el caso del gas más todavía, porque el servicio es de jurisdicción de la Nación, es decir que las provincias no tenemos nada que ver con el tema del gas", agregó.

Estas declaraciones están dando una pauta del tono que tendrá la próxima negociación con las provincias. Los gobernadores, que ya se venían quejando por lo bajo de que Macri no estaba cumpliendo su parte del Pacto Federal firmado a fin del año pasado, difícilmente acepten un sacrificio en sus ingresos.

Esta vez, a priori, todo indica que para los gobernadores no hay ningún incentivo a llegar a un acuerdo: el beneficiario político del alivio en las facturas de los servicios será Macri, y quien sufran el sacrificio de un menor ingreso serán las provincias. Políticamente, no cierra.

Para el gobierno nacional, la estrategia implica riesgos, porque puede llevarlo al borde de una ruptura. Y hay que recordar que los gobernadores han sido siempre quienes han socorrido a Macri en los momentos difíciles, por ejemplo para aprobar el blanqueo, o para dar marcha atrás con el proyecto peronista de Impuesto a las Ganancias, o sin ir más lejos con las recientes reformas impositiva y jubilatoria.

Ahora, la batalla continuará en el ámbito parlamentario, donde el gobierno intentará que la propuesta de Macri se transforme en ley. En los últimos días se produjo un acalorado debate, no exento de “chicanas” y acusaciones entre los ex funcionarios kirchneristas y los actuales funcionarios de Macri.

Por caso, al ministro de energía, Juan José Aranguren, lo rebautizaron como “el ministro Shell”, en alusión a que fue directivo de esa petrolera antes de ocupar su cargo. En respuesta, los macristas les recordaron a los kirchneristas la ola de apagones que se produjo durante su gestión de gobierno y tildaron de “demagógica” la propuesta de frenar los aumentos.

De momento, el gobierno logró frenar proyectos del peronismo, como el planteado por Cristina Kirchner, que implica volver a los niveles tarifarios de 2017 y congelarlos por dos años.

Otro, del sector liderado por Sergio Massa, plantea que en adelante cada incremento tarifario esté ligado a una suba de los salarios. Pero, en su situación de minoría, el macrismo sabe que no podrá oponerse a una propuesta que venga respaldada por un bloque unificado de todas las facciones peronistas. Es lo que, aparentemente, está por ocurrir.

Y el presidente ya tiene tomada la decisión de vetar una ley que lo obligue a dar marcha atrás. El peronismo cuenta con eso, pero de todas formas quiere aprobar la ley, en el convencimiento de que, por lo menos, Macri deberá pagar un costo político ante la ciudadanía.