El difícil equilibrio entre la libertad y la Justicia: Tres decisiones del Estado que generan daños colaterales

Los legisladores y gobernantes deben administrar tensiones todo el tiempo. Cada decisión, sea en una ley, decreto o resolución, tiende a favorecer a un sector y a malhumorar a otro. Simplemente por aquello de lo imposible de conformar a todo el mundo, las acciones oficiales son por definición antipáticas y despiertan voces de descontento.

En las últimas semanas algunas decisiones por parte de gobernantes, ya sea en el ámbito del Poder Legislativo, del Ejecutivo y en lo departamental, pusieron arriba de la mesa la polémica acerca de hasta dónde se pueden tomar decisiones desde el poder sin limitar libertades individuales.

¿En qué se parecen el cobro de un "peaje" por parte de la Intendencia de Salto a turistas que quieren llegar a las termas de Arapey, con la aprobación de la ley sobre violencia hacia las mujeres basada en género, y la suspensión de la apertura del corralito mutual?

Si bien no tienen conexión directa y la comparación puede parecer antojadiza, cada una de esas decisiones –a su manera- limitan libertades y ponen en duda la oportunidad de la medida. Al menos así lo ven quienes se sienten afectados.

La ley sobre violencia hacia las mujeres provocó reacciones contrarias no solo en la discusión parlamentaria por parte de algunos legisladores de la oposición, sino de analistas de distinto pelo. El columnista del semanario Voces Hoenir Sarthou, por ejemplo, consideró que la norma genera un régimen jurídico "absolutamente diferencial para hombres y mujeres en infinidad de áreas de la vida". En su publicación, Sarthou (que es abogado) repasa la redacción del artículo sexto, donde se definen las distintas formas de violencia basada en género.

La ley define a la "violencia simbólica" como la "ejercida a través de mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, que contribuyen a naturalizar la subordinación de las mujeres". Al respecto, Sarthou reflexionó: "con esos criterios, todo, desde las historietas de Superman hasta los posters de la Selección Uruguaya de Fútbol, pasando por la Biblia y el mito de la virginidad de María, podrían ser calificados, por ciertas mentalidades hoy muy enquistadas en el poder, como 'símbolos o íconos culturales o de creencias religiosas que contribuyen a naturalizar la subordinación de las mujeres'. Y sobre todas esas cosas –las use o no- se le está confiriendo al gobierno de turno, y a la maraña de organismos 'de género' creados o regulados por la ley, el poder de actuar, controlar y prohibir".

El abogado y columnista comentó a El Observador que la ley responde a un "modelo cultural" implementado a nivel global. Aseguró que la "censura buscada, en los hechos ya está instalada", y con la aprobación del proyecto se genera un "respaldo legal" que "restringe el pensamiento" de muchos uruguayos.

"Esa lógica va cercenando las formas de expresión y afecta al pensamiento, al arte, a la publicidad y al periodismo. Va a haber que cuidarse de difundir ideas", agregó.

Por su parte, el profesor de Filosofía del Derecho Óscar Sarlo, dijo a El Observador que para buscar "igualdad" se aplicó con esa ley un "fundamento ideológico".

50.000 usuarios se cambiaban de mutualista en cada apertura del corralito mutual; el gobierno suspendió esa posibilidad con el argumento de evitar la intermediación lucrativa

Además, según publicó el semanario Búsqueda, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, considera "imposible" por cuestiones presupuestales cumplir con lo que manda esa ley. Otro que salió al cruce fue el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, quien consideró que la "ideología de género está generando una confusión".

El cardenal definió a la ley como "injusta" y aseguró que haberla aprobado fue un "error". Sturla se opone a esa "ideología que va contra el orden humano de la creación del hombre, y contra la familia constituida por un esposo, una esposa y los hijos".

Días atrás, fue la intendencia de Salto la que estuvo en el centro de la polémica con el cobro de un "peaje" a turistas que pretendían ingresar a la zona de las termas de Arapey. Visitantes locales y extranjeros se encontraron con un puesto de control antes de ingresar al predio del centro recreativo del departamento del norte, donde les exigían $ 80 por persona para poder pasar. Para el constitucionalista Martín Risso con esa medida se está gravando la circulación y, en caso de que se considere un impuesto a la circulación, es inconstitucional. "Ningún gobierno departamental puede establecer más impuestos que aquellos que menciona la Constitución", dijo el experto a El Observador.

El tercer caso en donde estuvieron en juego libertades individuales fue a la decisión del Ministerio de Salud Pública de suspender la apertura del corralito mutual previsto para febrero de 2018. Desde hace algunos años, los usuarios de mutualistas que cumplieran ciertos requisitos podían cambiarse de prestador sin argumentar motivo.

Pero, durante la última apertura del corralito, fue desbaratada una organización que se dedicaba a ofrecer dinero a usuarios a cambio de anotarse en determinadas mutualistas.

Por eso, con la idea de evitar la intermediación lucrativa (que es de un delito), el gobierno le quitó a los usuarios, al menos por este año, la posibilidad de cambiarse de mutualista.

El presidente de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, Javier Gomensoro, dijo a El Observador que si bien en el mutualismo "no es primordial el fin de lucro, es una actividad que tiene un componente económico y que está en competencia". Por eso cuestionó la suspensión de la apertura del corralito. "Durante estos períodos se veían claramente los beneficios de la libre competencia al consumidor. Todas las mutualistas ofrecían diferentes programas para captar afiliados. Es negativo que eso se pierda", expresó.

En tanto, a juicio del profesor Sarlo, la decisión del gobierno genera alguna contradicción y por eso es discutible. "Las mutualistas no solo deben tener fines de lucro. Son empresas privadas de interés público, y tienen beneficios de la ley que no les permiten ser empresas comunes. Que el Estado trate de protegerlas de manera que el mercado no las destruya, parece razonable, porque la salud pública es un servicio social", reflexionó.

Las personas que ahora quieran cambiarse de proveedor deberán presentarse a la Junta Nacional de Salud (Junasa) y argumentar algunos de los tres motivos permitidos para hacerlo: razones económicas, cambio de domicilio o disconformidad con el prestador. Luego, comienza un procedimiento que aún se desconoce, para que finalmente la Junasa se expida y determine si habilita el cambio de mutualista