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El FA pone presión a la oposición para que vote su candidata a la Suprema Corte
Al filo del plazo el oficialismo mantiene su aspiración de que Rosina Rossi sea nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia y amenaza con no votar ninguna de sus iniciativas.
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22 de febrero de 2017 a las 05:00
Por Gonzalo Charquero y Leonardo Luzzi.
Con las negociaciones estancadas hace dos semanas, el Frente Amplio presiona en las últimas 48 horas de plazo que le quedan para negociar la designación de un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el lugar de Jorge Larrieux, quien debió retirarse tras cumplir 70 años en noviembre del año pasado.
El oficialismo mantendrá hasta último momento su aspiración de designar en la Corte a la ministra del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º Turno Rosina Rossi, un nombre rechazado por la oposición. La designación requiere mayoría de dos tercios en la Asamblea General.
El Frente Amplio entiende que con su negativa la oposición rompe un acuerdo político sellado el año pasado y, además de congelar las actuales negociaciones sobre la futura integración de la Corte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, dirigentes de la izquierda están dispuestos a subir la apuesta.
El Frente Amplio será minoría en Diputados por primera vez desde que llegó al gobierno en 2005 tras el alejamiento de Gonzalo Mujica. Sin embargo, la coalición de izquierdas conserva la mayoría en el Senado.
El partido de gobierno asegura que en un acuerdo anterior la izquierda aceptó el ingreso de Elena Martínez (esposa del diputado colorado Ope Pasquet) al TCA en el marco de la negociación para impulsar a Alicia Castro (propuesta por el FA) como nueva ministra de la SCJ. Castro, que integra ahora el TCA pero en enero de 2018 cumplirá 70 años y deberá retirarse de la carrera judicial, rechazó el ofrecimiento. Entonces el FA impulsó a Rossi, pero ese nombre fue rechazado por la oposición.
En el Frente esperan que a último momento la oposición acepte designar a Rossi como ministra. "Tienen la chance de aceptar lo que nosotros planteamos sobre Rossi. Todavía están a tiempo", sostuvo Pintado. "Sería bueno tener una mujer y alguien especialista en la temática laboral", agregó.
En tanto, la diputada del grupo Ir, Macarena Gelman, dijo a El Observador que es una negociación "día a día" que "se puede definir a último momento". Según lo hablado ayer en la bancada de Diputados, la legisladora agregó que en el Frente "no hay una decisión de renunciar" al nombre de Rossi.
El plazo constitucional de 90 días para designar el sustituto de Larrieux vence el jueves 23 de febrero. De no alcanzarse un acuerdo político en las últimas horas, el sucesor del ministro de la Corte será Eduardo Turell, el ministro más antiguo que hoy está en el Tribunal de Apelaciones Civil de 4° Turno.
Blancos y colorados ya comunicaron que no respaldan a Rossi al no convencerles su currículum y su ubicación en la lista de prelación de candidatos con condiciones para ascender por su antigüedad en la carrera judicial. Antes que Rossi hay otros 13 magistrados.
En la izquierda entienden que esa no es la verdadera razón del veto, y afirman que hubo "lobby empresarial" para descalificar a una jueza experta en derecho laboral que tuvo varios fallos a favor de trabajadores. El senador Pedro Bordaberry rechazó que haya habido lobby empresarial, según lo dijo a El Observador.
El senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo ayer a El Observador que los blancos están a la espera de una convocatoria del oficialismo para retomar las negociaciones que, según aseguró, el Frente Amplio suspendió hace 15 días. "Tiene que haber un consenso. Estamos bregando con que pueda haber un acuerdo aunque por ahora está suspendida la negociación a instancias del Frente Amplio, pero nos parece que sería sano retomarlo", afirmó.
La oposición advierte que pese al estancamiento de las actuales negociaciones puede abrirse una nueva instancia de intercambio para la desginación de los sustitutos de Ricardo Pérez Manrique, que abandonará la Corte en mayo, y de Felipe Hounie, que lo hará en 2018. Los ministros de la SCJ están obligados a dejar su cargo cuando cumplen 70 años de edad o diez años en funciones.
La coalición de izquierdas enfrenta por primera vez como oficialismo una Rendición de Cuentas en que necesitará apoyo opositor para aprobarla. En ese sentido, los dirigentes del Frente ya iniciaron negociaciones y uno de los que está dispuesto a votar la ley de alcance presupuestal es el diputado colorado, Fernando Amado.
En el marco del debate presupuestal el Frente Amplio impulsa un paquete impositivo que incluye aumentar el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) y el Impuesto al Patrimonio. El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, está dispuesto a negociar en ese sentido, según dijo a El Observador el martes 21 de febrero.
Otra de las iniciativas para la que será imprescindible el apoyo opositor es la conformación de la Unversidad de la Educación (UNED). El proyecto de ley, que necesita mayorías especiales, busca darle rango universitario a las carreras de formación docente. La UNED fue promovida durante la administración de José Mujica pero naufragó tras la falta de acuerdo. El oficialismo impulsó la autonomía y el cogobierno, punto sobre el que volverá a insistir en esta legislatura.
Con las negociaciones estancadas hace dos semanas, el Frente Amplio presiona en las últimas 48 horas de plazo que le quedan para negociar la designación de un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el lugar de Jorge Larrieux, quien debió retirarse tras cumplir 70 años en noviembre del año pasado.
El oficialismo mantendrá hasta último momento su aspiración de designar en la Corte a la ministra del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º Turno Rosina Rossi, un nombre rechazado por la oposición. La designación requiere mayoría de dos tercios en la Asamblea General.
El Frente Amplio entiende que con su negativa la oposición rompe un acuerdo político sellado el año pasado y, además de congelar las actuales negociaciones sobre la futura integración de la Corte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, dirigentes de la izquierda están dispuestos a subir la apuesta.
El Frente Amplio será minoría en Diputados por primera vez desde que llegó al gobierno en 2005 tras el alejamiento de Gonzalo Mujica. Sin embargo, la coalición de izquierdas conserva la mayoría en el Senado.
El partido de gobierno asegura que en un acuerdo anterior la izquierda aceptó el ingreso de Elena Martínez (esposa del diputado colorado Ope Pasquet) al TCA en el marco de la negociación para impulsar a Alicia Castro (propuesta por el FA) como nueva ministra de la SCJ. Castro, que integra ahora el TCA pero en enero de 2018 cumplirá 70 años y deberá retirarse de la carrera judicial, rechazó el ofrecimiento. Entonces el FA impulsó a Rossi, pero ese nombre fue rechazado por la oposición.
En el Frente esperan que a último momento la oposición acepte designar a Rossi como ministra. "Tienen la chance de aceptar lo que nosotros planteamos sobre Rossi. Todavía están a tiempo", sostuvo Pintado. "Sería bueno tener una mujer y alguien especialista en la temática laboral", agregó.
En tanto, la diputada del grupo Ir, Macarena Gelman, dijo a El Observador que es una negociación "día a día" que "se puede definir a último momento". Según lo hablado ayer en la bancada de Diputados, la legisladora agregó que en el Frente "no hay una decisión de renunciar" al nombre de Rossi.
El plazo constitucional de 90 días para designar el sustituto de Larrieux vence el jueves 23 de febrero. De no alcanzarse un acuerdo político en las últimas horas, el sucesor del ministro de la Corte será Eduardo Turell, el ministro más antiguo que hoy está en el Tribunal de Apelaciones Civil de 4° Turno.
Blancos y colorados ya comunicaron que no respaldan a Rossi al no convencerles su currículum y su ubicación en la lista de prelación de candidatos con condiciones para ascender por su antigüedad en la carrera judicial. Antes que Rossi hay otros 13 magistrados.
En la izquierda entienden que esa no es la verdadera razón del veto, y afirman que hubo "lobby empresarial" para descalificar a una jueza experta en derecho laboral que tuvo varios fallos a favor de trabajadores. El senador Pedro Bordaberry rechazó que haya habido lobby empresarial, según lo dijo a El Observador.
El senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo ayer a El Observador que los blancos están a la espera de una convocatoria del oficialismo para retomar las negociaciones que, según aseguró, el Frente Amplio suspendió hace 15 días. "Tiene que haber un consenso. Estamos bregando con que pueda haber un acuerdo aunque por ahora está suspendida la negociación a instancias del Frente Amplio, pero nos parece que sería sano retomarlo", afirmó.
La oposición advierte que pese al estancamiento de las actuales negociaciones puede abrirse una nueva instancia de intercambio para la desginación de los sustitutos de Ricardo Pérez Manrique, que abandonará la Corte en mayo, y de Felipe Hounie, que lo hará en 2018. Los ministros de la SCJ están obligados a dejar su cargo cuando cumplen 70 años de edad o diez años en funciones.
Otras negociaciones
La negociación por los integrantes de distintos organismos es solo la primera en que se trenzan el Frente Amplio y la oposición desde que el partido de gobierno quedó con 49 representantes en Diputados.La coalición de izquierdas enfrenta por primera vez como oficialismo una Rendición de Cuentas en que necesitará apoyo opositor para aprobarla. En ese sentido, los dirigentes del Frente ya iniciaron negociaciones y uno de los que está dispuesto a votar la ley de alcance presupuestal es el diputado colorado, Fernando Amado.
En el marco del debate presupuestal el Frente Amplio impulsa un paquete impositivo que incluye aumentar el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) y el Impuesto al Patrimonio. El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, está dispuesto a negociar en ese sentido, según dijo a El Observador el martes 21 de febrero.
Otra de las iniciativas para la que será imprescindible el apoyo opositor es la conformación de la Unversidad de la Educación (UNED). El proyecto de ley, que necesita mayorías especiales, busca darle rango universitario a las carreras de formación docente. La UNED fue promovida durante la administración de José Mujica pero naufragó tras la falta de acuerdo. El oficialismo impulsó la autonomía y el cogobierno, punto sobre el que volverá a insistir en esta legislatura.
