El impuesto a jubilaciones militares nace bajo sospecha

Apesar de dos informes académicos que alertan sobre su inconstitucionalidad, la Cámara de Senadores aprobó este miércoles con votos del Frente Amplio el proyecto de ley que grava a las jubilaciones militares más altas. Ahora la iniciativa deberá pasar a la Cámara de Diputados.

El documento establece la creación de un impuesto progresivo por escalas, que se aplicará sobre las jubilaciones superiores a $ 50 mil nominales, en busca de moderar el déficit de unos US$ 450 millones anuales de la caja de retiros castrenses.

Ante las dudas que generaba a priori la legalidad de las modificaciones, la Comisión de Hacienda del Senado solicitó informes jurídicos a las cátedras de derecho constitucional de todas las universidades. En ese sentido, tanto la cátedra de la Universidad Católica como la de la Universidad de la República manifestaron en sus respectivos informes que el impuesto que se pretende establecer es inconstitucional, porque viola los articulos 8 y 67 de la Constitución.

En la sesión del Senado de este miércoles, la oposición se pronunció en contra de votar el impuesto. Ejercieron la crítica, entre otros, Pedro Bordaberry (Partido Colorado), Luis Alberto Heber (Partido Nacional) y Conrado Ramos (Partido Independiente).

Ramos, que se enfocó en los dos informes académicos, dijo: "Hay dudas razonables sobre la inconstitucionalidad de una ley; no es que estemos dejando que la Suprema Corte de Justicia nos diga o no lo que tenemos que hacer, sino que estamos velando por la calidad institucional del país. Si hacemos eso, estamos evitando la judicialización de la política".

Por su parte, Bordaberry alertó que de aprobarse esta ley representaría "una baja del sueldo" para muchos retirados militares, y que por eso, es inconstitucional.

"No se estableció como tasa, impuesto o contribución, sino como una prestación pecuniaria coactiva, según el artículo 10 del Código Tributario. ¿Por qué no le pusieron impuesto?", preguntó el legislador colorado.

Del lado del Frente Amplio, fue el senador Rubén Martínez Huelmo el que estuvo a cargo de defender desde el punto de vista legal el proyecto impulsado por el oficialismo, al justificar que no se estaría violando el principio de igualdad porque se gravaría por franjas de ingreso. El nacionalista Heber dijo que "desde 1918 el Estado uruguayo viene financiando a la Caja Militar" y que la iniciativa del gobierno "representa un símbolo de castigo para los militares". "Hay legisladores que creen que no debemos tener Fuerzas Armadas", insistió.

Ante estos dichos, el oficialista Marcos Otheguy recogió el guante. "Se plantea desde la oposición que hay animadversión contra los militares cuando se discute este tema; es, cuando menos, ofensivo expresar eso", protestó.

De todos modos, aunque fueron varios los legisladores que se manifestaron en contra del proyecto, también señalaron la necesidad de una reforma en la Caja Militar, pero no de la forma que se plantea desde el oficialismo. Los opositores repitieron el argumento de que las intenciones reformistas del gobierno forman parte de una ofensiva para tapar un agujero fiscal. "Es un impuesto injusto e inconstitucional, para tapar un déficit por la irresponsabilidad del gobierno", dijo la nacionalista Verónica Alonso.

La primera casa de estudios en contestar a la Comisión de Hacienda del Senado fue la Universidad Católica y su opinión fue contundente: la norma va en contra de lo dispuesto por la Carta Magna.

El informe, firmado por la profesora de Derecho Constitucional María Paula Garat, afirma que el proyecto de ley "es contrario al artículo 67 de la Constitución" en tanto "vulnera el principio de igualdad", al gravar a un grupo de personas "sin que el mismo manifieste una capacidad contributiva mayor que justifique la diferenciación".

Ese artículo establece que las jubilaciones se financiarán, por un lado, "sobre la base de contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley", y, por otro, gracias a "la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado si fuera necesario". El informe también advierte que el impuesto violaría el principio de igualdad, consagrado en el artículo 8 de la Constitución. En materia tributaria, el texto dice que "el principio de igualdad supone que todos contribuyan a las cargas públicas de acuerdo a su capacidad contributiva", por lo cual "no es admisible que a igual capacidad se grave más a unos que a otros".

Desde la Udelar se arribó este martes a la conclusión de que el proyecto de ley es inconstitucional por violar el artículo 67 de la Constitución. Según consta en el informe, realizado por el Instituto de Derecho Constitucional, las jubilaciones deben ser solventadas por contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidas por ley o la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado. "Para recurrir ante la insuficiencia del producido de recursos referidos, no corresponde gravar jubilaciones y pensiones sino recurrir a la asistencia financiera del Estado", señala el informe.