El "increíble e inconcebible" acuerdo por el que ALUR hizo seis pagos por fuera de un contrato

La denuncia por supuestos sobrecostos en la construcción de una planta de bioetanol de Alcoholes del Uruguay (ALUR) en el departamento de Paysandú, fue el tema la indagatoria al exgerente de la subsidiara, Manuel González, que se realizó este martes en el marco de la investigación por la presuntas irregularidades en ANCAP. La compañía entregó seis adendas (pagos añadidos a lo que establecía el contrato) en favor de la empresa constructora Abengoa, que fueron firmadas tanto por él como por el expresidente de ALUR y actual senador, Leonardo de León, algo que fue observado por un informe jurídico remitido por la dirección actual de ALUR.

Según dijo González ante la Justicia, estos pagos se hicieron debido a que como ALUR se encontraba en una situación financiera comprometida, empezó a incumplir algunas de sus obligaciones con la constructora. "ALUR tuvo que incrementar significativamente su endeudamiento por la planta de Paysandú, llevando su pasivo de US$ 60 millones a más de US$ 200 (...) por lo que el proyecto tuvo que realizarse con grandes dificultades financieras", declaró.

El exgerente dijo que en este contexto resultaba más conveniente pagar "premios asociados a resultados" que penalidades, e incluso de no hacerlo se corría riesgo de que la empresa se retirara de la construcción, lo que hubiera sido un perjuicio mayor para la empresa.

Según su testimonio, el contrato indicaba que "en caso de incumplimiento financiero por parte de ALUR, (Abengoa) podía detener y suspender los trabajos (...) y pedir la rescisión del contrato, con varias penalidades, entre otras, el pago de todos los gastos del incumplimiento de dicho contrato y una multa del 8% del costo del contrato, viéndose imposibilitado de producir y vender el alcohol, llevando a un riesgo de inviabilidad económica a ALUR".

Consultado por el abogado del Partido Colorado Jaime Sapolinski, acerca de si existió alguna situación que no hubiera hecho previsible que la empresa alcanzara tal nivel de endeudamiento por la inversión de esta planta, González dijo que la previsión original era que el proyecto se financiara mediante una capitalización (inyección de dinero) por parte de ANCAP y la venezolana Pdvsa pero que las dificultades financieras del ente petrolero llevaron a que esas previsiones "se demoraran o se suspendieran". "Cualquier demora de la puesta en marcha de la planta industrial hubiera agravado dicha situación", agregó.

Uno de los premios acordados a posteriori de firmado el contrato para la construcción de la planta, fue el pago de US$ 1 millón por entregar la obra 40 días antes de lo previsto inicialmente. Consultado por la defensa del indagado sobre qué obtuvo ALUR para justificar este pago, González dijo que esto permitió "realizar producción de alcohol, generando ingresos financieros y el suministro de alcohol a ANCAP para que pudiera cumplir la obligación legal de mezcla de alcohol con gasolinas, obligación que estaba vigente".

Otro de los pagos acordados entre la constructora y ALUR corresponden a prestación de servicios, como el apoyo de técnicos de Abengoa durante los primeros meses de funcionamiento de la planta, que no habían sido previstos en el contrato, y que en vez de pagarse mediante un monto fijo fueron establecidas en función de alcanzar objetivos de producción.

Buena parte de la audiencia giró en torno a un documento elaborado por la asesoría jurídica del actual directorio de ALUR que calificó el acuerdo entre la empresa y Abengoa como "increíble e inconcebible". Sin embargo, González se defendió diciendo que existe un "sesgo" en la actual dirección de la empresa que la llevó a omitir los riesgos que se evitaron mediante pago por fuera del contrato original.

Asimismo, se señala que uno de los miembros que participó del armado de ese informe era jefe del área jurídica de ALUR durante todo el proceso de negociación de las adendas, por lo que "las propias personas encargadas de validar la legitimidad de dichos acuerdos" en su momento ahora dicen en el informe que "dichos acuerdos no son válidos".