El mejor combate a la pobreza

La drástica reducción de la pobreza, que se acentuó el año pasado, es el logro social más significativo de los tres gobiernos del Frente Amplio. Aunque es indiscutible el mérito de esta conquista, es pertinente señalar que no se obtuvo a totalmente a través del curso genuino de generar más oportunidades de trabajo.

Se basó fundamentalmente, en cambio, en planes oficiales de subsidios que si bien eran necesarios en un momento no lo son siempre. Incluso la ley de 2008 que flexibilizó las jubilaciones, con alto costo para el Estado, incidió en la caída de la pobreza. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas acaba de informar que la vigencia de esa ley le ha costado al país entre US$ 1.639 millones y US$ 1.917 millones, lo que permitió un mejoramiento de 1,6% en el número de personas que salieron de la pobreza.

Los uruguayos por debajo de la línea de pobreza superaban el 30% de la población en 2005. Para abatirlo el presidente Tabaré Vázquez instauró en su primer período un vasto programa de subsidios, bajo el Plan de Emergencia y los que otorgaba a manos llenas el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La asistencia fue desordenada por falta de controles sobre el cumplimiento de lo que se exigía como contrapartida a los beneficiarios, incluyendo enviar sus hijos a la escuela. Pero junto con el posterior Plan de Equidad y las varias formas de ayuda financiera del Mides se produjo una reducción acelerada de pobres e indigentes. El nivel de pobreza, que abarca a quienes no pueden cubrir necesidades básicas, estaba en el 9,4% de la población, 327.141 personas, a fin de 2016. Pero al cierre del año pasado descendió a 7,9%, o sea 275.963 personas, según informó el Instituto Nacional de Estadística. También se redujo a la mitad, el 0,1% de la población, el número de indigentes que carecen hasta de alimentación.

El indiscutible impacto de estas mejoras no disimula la inconveniencia de haberse logrado mediante diferentes formas de subsidios. Ello no es deseable porque no premia ni promueve el esfuerzo laboral sino que tiende a desalentar la búsqueda de trabajo y a descansar más en la generosidad del Estado, que paga toda la sociedad. La forma más eficaz y productiva de mejorar los ingresos es a través del empleo, curso que el gobierno no logra tomar y que constituye una de sus peores pesadillas. Debido a que más gente salió a buscar trabajo sin encontrarlo, la tasa de desocupación trepó al 9,3% de la población económicamente activa, su nivel más alto en 10 años y el doble de lo deseable en una economía sólida y saludable.

La raíz del problema es que pese a que la economía muestra un crecimiento global razonable, en el área del 3% del Producto Interno Bruto (PIB), esa evolución se produce en áreas menos intensivas en mano de obra. El resultado es un desfasaje entre un PIB que mejora y un desempleo que empeora, con la pérdida de unos 30 mil puestos de trabajo. La salida a este intríngulis es asegurar inversión en emprendimientos productivos que creen puestos de trabajo. Ello ocurrió cuando las condiciones externas eran muy favorables. Luego el gobierno tuvo que ofrecer mayores exenciones tributarias y otras concesiones para estimular la inversión externa e interna. En esa ruta y en la generación de un clima favorable al emprendedor es en la que hay que perseverar porque es una forma más digna y efectiva que los subsidios para combatir tanto la pobreza como el desempleo.