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El negocio del oro pende de un hilo por permiso ambiental y financiamiento

Orosur Mining envió 100 trabajadores más al seguro de paro mientras espera para poder explotar una mina subterránea
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23 de julio de 2018 a las 05:00

"Es muy compleja la situación de Orosur y de la población de Minas de Corrales que depende casi en su totalidad de esto", dijo a El Observador el secretario de Industria de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), Danilo Dárdano.

La empresa canadiense Orosur Mining, única compañía dedicada al procesamiento y explotación de oro en el país comunicó el viernes a la Untmra el envío de otros 100 trabajadores al seguro de paro en las próximas semanas.

A mediados del mes pasado una de sus subsidiarias (Loryser) se declaró en concurso de acreedores y ahora la compañía abrió una ventana de dos meses para resolver si continúa con sus operaciones en el país. Para eso necesita hacerse de fondos frescos y de una habilitación de la Dinama para explotar un tercer yacimiento que está catalogado como de categoría C (impacto ambiental importante).

Desde finales de 2017 Orosur ha visto obstaculizadas sus operaciones en su mina subterránea en San Gregorio y la escasez de fuentes alternativas de mineral le han impedido revertir las restricciones financieras de liquidez. También se suspendió la exploración en canteras a cielo abierto en enero.

En marzo de este año la compañia presentó una solicitud que está a estudio de la Dinama para la explotación de una mina subterránea (Veta A) ubicada a algo más de un kilómetro de la planta principal.

Por otro lado, antes de declarar en concurso a una de sus subsidiarias Orosur solicitó al Banco República (BROU) un préstamo de US$ 8 millones para hacer frente a diferentes obligaciones que no le fue concedido.

"Lo que plantea la empresa es que si no tiene el préstamo del BROU no puede solventar el proyecto y seguir pagando salarios. A su vez se le plantea la contradicción de que puede tener los recursos, pero no contar con el permiso de la Dinama", afirmó Dárdano.

El yacimiento Veta A es la fuente de mineral subterránea con mayor ley (concentración por tonelada de roca) disponible en el complejo minero San Gregorio. En el lugar ya se extraía a cielo abierto en 2008 con una ley promedio de 3,1 gramos de oro por tonelada.

Según Dárdano, en caso de otorgarse, el permiso podría demorar hasta noviembre o diciembre. "El Veta A está debajo de un depósito de agua residual del proceso minero que está todo sellado. Hay que agujerear y hacer túneles subterráneos. El tema es que cuando se haga eso no haya filtraciones porque el depósito que está arriba tiene elementos de cianuro que se usan en el proceso del oro. Es muy riesgoso y por eso la Dinama tienen que hacer los estudios para dar garantías a todas las partes", afirmó el sindicalista.

El Observador se comunicó el viernes con el director nacional de Minería y Geología, Néstor Campal y el director Nacional de Medioambiente, Alejandro Nario para consultar más detalles sobre el tema, pero no obtuvo respuesta.

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"Eran 360 trabajadores en total. La mitad ya estaba en seguro y ahora suman 100 más. Dentro de un mes si esto no se revierte quedarán 20 para hacer mantenimiento de la maquinaria. Producción no van a hacer porque se están terminando los otros yacimientos", aseguró Dárdano.

La empresa también propuso un descuelgue del convenio laboral que vence a fin de año en función que no contaba con los recursos para asumir el 4% de incremento salarial en julio, pero esa medida finalmente quedó sin efecto.

Incentivos del gobierno

Orosur Mining, inicio sus operaciones en 1997 cuando empezó trabajos en canteras a cielo abierto. Año después, en 2012, se pasó también a trabajar bajo tierra en el mismo lugar donde antes estaba la mina conocida como Arenal.

Este año la empresa destacó el apoyo demostrado por el gobierno en una de sus memorias. En ese sentido, se mencionó una segunda exención otorgada en pagos de regalías (equivalente al 3% de las ventas) –que estuvo vigente desde abril de 2017 hasta marzo de este año– para algunos de los yacimientos subterráneos. La compañía pronosticó en ese entonces que el monto total por ese concepto sería de aproximadamente US$ 1 millón.

El oro que se extrae en Uruguay corresponde a rocas que están muy cerca del límite de lo explotable, con porcentajes normales de dos gramos por tonelada o hasta tres gramos por tonelada en casos excepcionales. Esa variable junto con el precio internacional del oro son los dos elementos que pesan a la hora de estudiar la viabilidad de los proyectos y por ende si se justifican o no una inversión millonaria para extraerlo.

"La empresa está inserta en una localidad de más o menos, 3.400 habitantes, donde no hay más nada. El poblador de Minas de Corrales se hizo con la mina y no sabe hacer otra cosa. Si se da un quiebre, queda un pueblo patas para arriba", afirmó semanas atrás en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, el dirigente sindical Manuel Arias.

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