El nuevo Código del Proceso Penal tuvo un comienzo lleno de tropiezos

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, comenzó el histórico día de estreno del sistema penal acusatorio contrariado. Mientras lavaba los platos en su casa se cortó un dedo de la mano izquierda. Luego, al llegar al flamante edificio de Misiones y Cerrito, se enteró de que el ascensor no funcionaba y si quería visitar las fiscalías especializadas (de drogas, homicidios) debía subir los cuatro pisos del edificio por escalera, le explicó la fiscal Mónica Ferrero, visiblemente agitada por subir y bajar desde hacía casi una hora.

Allí también se enteró que durante toda la noche y en momentos del día el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio del Uruguay –Sippau– no funcionó. Se trata del dispositivo informático que centraliza la información de los casos penales entre policías, fiscales y jueces.

Visiblemente resignado con las noticias y con su mochila al hombro, el fiscal de Corte se dispuso a subir las escaleras enumerando en voz alta, junto a los fiscales y funcionarios que lo rodeaban, los departamentos en los que a ese momento aún no se habían reportado detenidos. Entre ellos, Maldonado, Rivera, Paysandú y parte de Canelones. De fondo sonaban los taladros y las sierras de los obreros que no terminaron la obra de construcción.

Los inconvenientes del Sippau fueron ajustándose en el correr del día de modo que no generaron demasiada preocupación a Díaz. No obstante, varios fiscales, según constató El Observador en una recorrida por la Fiscalía, debieron redactar a mano y comunicarse con la Policía telefónicamente. "Fue un problema de configuración, no es que se haya caído el sistema", señaló Díaz.

Pero aún así, el problema afectó directamente a Pablo Rivas, el primer fiscal que trabajó con el nuevo CPP desde la medianoche hasta las ocho de la mañana, desde el viejo edificio de la Fiscalía –Paysandú 1266–, donde se hacen las guardias nocturnas.

Sin el sistema informático, Rivas no pudo, por ejemplo, designar a los defensores de oficio para los tres primeros detenidos bajo el nuevo marco normativo –por delitos de hurto–, dado que es "un proceso que se hace electrónicamente", aseguró en diálogo con El Observador. Luego, para solicitar por la tarde la audiencia de formalización para uno de los tres delincuentes –todos con antecedentes penales–, la encargada de recibir los pedidos de los fiscales y derivarlas a los jueces de turno debió trasladarse físicamente hacia la Oficina Penal Centralizada (OPEC), que funciona en la planta baja de los juzgados de Juan Carlos Gómez. Allí la solicitó en forma verbal que se le asignara un juez al caso.

Ese caso fue el que dio lugar a la primera audiencia de formalización que se celebró a última hora de la tarde. Aunque estaba en duda el acceso a la prensa, finalmente se autorizó pero se prohibió que estuvieran las cámaras cuando ingresó el indagado.

La jueza Maria Rosa Aguirre presidió la audiencia en la que el fiscal Rivas y su adjunta, Silvia Nipoli, acusaban al indagado por hurto de varios vehículos. El detenido, acompañado de su abogada Andrea Soto, había sido captado por las cámaras instaladas en las calles del Centro. En menos de 20 minutos el caso tuvo resolución: quedó en libertad con la condición de intentar un acuerdo con la Fiscalía que le permita cumplir medidas sustitutivas a la prisión.

Esa fue la segunda audiencia del día. La primera ocurrió en Florida y duró 30 minutos. La jueza Annabel Gatto de Souza determinó una medida cautelar de privación de libertad por 30 días para un indagado por arrebato. También hubo otras dos solicitudes en Rocha y Maldonado.

El fiscal Rivas no pudo dormir ni un solo minuto en toda la noche. El trabajo fue demasiado, contó. En parte debido a la caída del Sippau, que le entorpeció el trabajo y lo obligó a tener que "proceder a la vieja usanza, escribiendo a mano, anotando todo en las planillas".

Pero, fundamentalmente, la jornada fue agotadora porque "la Policía no está acostumbrada" a las nuevas disposiciones del proceso penal acusatorio, que le atribuye trabajar a disposición de los fiscales en las investigaciones y con otros criterios. Para eso, la comunicación entre las partes debe ser constante y fluida, pero no al extremo que sufrió Rivas. "Me llamaron absolutamente por todo, porque evidentemente –dijo– todavía están acostumbrados al proceso inquisitivo anterior, en que trabajaban con los jueces". La nueva distribución de los casos ya no es por zonas geográficas, sino por fiscalías, de acuerdo al tipo de delito de que se trate.

"Y además tienen muchísimas más dudas que nosotros. Ya veo que es algo que va a costar", lamentó Rivas. Pero ellos también las tienen. Los 60 artículos que el Parlamento aprobó de apuro en los últimos cuatro meses y que terminaron de votarse hace una semana, profundizaron el estado de incertidumbre entre los operadores judiciales que no pudieron estudiar la ley. Si bien el Centro de Estudios de Justicia de las Américas realizó varios cursos de capacitación, no todos pudieron asistir a todas las clases.

"Entonces muchos somos replicadores que, en tiempos libres que tenemos, nos reunimos y explicamos algunos de los cambios a los compañeros que no pudieron asistir", dijo la fiscal Mónica Ferrero. "Ayer (por el martes), como muchos tenían dudas, me pasé la tarde explicando el tema de los nuevos plazos para las audiencias, que fue parte de las últimas modificaciones que se hicieron", narró.

"Cada uno hará el papel que le corresponda, pero nadie podrá decir que no vamos a laburar con seriedad o que nos vamos a prestar para hacer cualquier cosa", dijo el fiscal Juan Gómez, quien llevó adelante causas de resonancia mediática cuando trabajaba en Crimen Organizado –como la del caso Pluna o el caso de la Conmebol que terminó con el procesamiento de Eugenio Figueredo–. Gómez está a cargo de los delitos de homicidios.

Llegado desde bien temprano "para estar a la orden de la Policía", en su nuevo despacho defendió el nuevo sistema y dijo que discrepa totalmente con las críticas que se le han hecho. La posibilidad de negociar con los indagados, sostuvo, permitirá que "el acusado conozca su sentencia rápidamente". Además, según él, se evitará el riesgo de que testigos fundamentales en el juicio puedan irse del país. Las audiencias pueden prorrogarse algunas veces, pero tienen un límite, dijo.

En su audición radial semanal, el senador Luis Lacalle Pou expresó algunas preocupaciones sobre el nuevo Código del Proceso Penal. Señaló que no debe perderse de vista la "carencia de recursos económicos y de infraestructura técnica" del sistema judicial, lo que a su entender compromete la puesta en práctica de las nuevas disposiciones. Además, sostuvo que debe atenderse "la recarga de trabajo" que recaerá sobre los fiscales.