El último round salarial entre empresarios y trabajadores

Las primeras negociaciones en los Consejos de Salarios ya comenzaron y corresponden a subgrupos que tuvieron vencimiento de convenio en diciembre de 2017. Esta ronda salarial será la última y la de más mesas de diálogo tripartito de este período de gobierno.

La probabilidad es de alta conflictividad ya que, además, coinciden negociaciones en la actividad privada y pública.

Y aunque todavía el andar es lento (son cinco los convenios vencidos y más de 200 se discutirán en el segundo semestre del año), ya hay posiciones marcadas en empresarios y trabajadores que se miran de reojo y esperan el momento de comenzar las disputas por el salario.

Para la anterior ronda –sexta, que comenzó en 2015 y se extendió hasta 2016– el Poder Ejecutivo modificó los lineamientos para la negociación y pasó del criterio de indexación –que ataba el salario a la inflación con correctivos anuales para asegurar aumento real–, a otro de ajustes nominales. También dividió a las ramas de actividad en tres grupos. Un sector dinámico, uno medio y otro en problemas.

En base a esa definición marcó diferentes aumentos nominales.

La franja de incremento para el período 2016/2017 fue –dependiendo de los sectores– de entre 10% y 8% y para el 2017/2018 se ubicó entre 9% y 6,5%.

Además se estableció una cláusula gatillo que habilitaba la rediscusión de los ajustes si la inflación superaba 12%.

El mensaje gubernamental para la negociación fue el de cautela, ya que se venía de varios años de recuperación salarial primero y aumento real después.

Lo importante, en un escenario de crecimiento económico más moderado, era que los trabajadores mantuvieran el poder adquisitivo y, básicamente, el empleo.

Pero en mayo de 2016 la inflación se disparó hasta 11% y la pérdida salarial dejaba de ser una posibilidad y se convertía en un hecho latente. Finalmente, la suba de precios cerró en 8,1% y por eso varios rubros de actividad tuvieron aumento real. Algo similar pasó en 2017 cuando la inflación terminó en 6,55%.

Para esta ronda el Poder Ejecutivo aún no definió los lineamientos para la negociación y se espera que los primeros intercambios oficiales comiencen el mes próximo.

Por su parte, el experto laboral de Ferrere, Nelson Larrañaga, añadió que en la anterior ronda "se acordaron aumentos nominales cuando la inflación estuvo en torno a 10% precaviendo que iba a seguir en ese nivel; después vino el descenso pero se mantuvieron los ajustes nominales y entonces hubo crecimiento de salario real, porque los porcentajes quedaron por encima de la inflación".

Agregó que "la única cláusula de salvaguarda que hubo fue si la inflación se disparaba en período anual en más de 12%, pero no en caso de que fuera menor; nunca se ajustó a la baja pese a que la inflación se moderó y eso se hizo sentir mucho en los costos salariales".

Por tanto, Larrañaga dijo a El Observador que para los lineamientos salariales de esta ronda "el gobierno deberá ser más conservador para al menos mantener el poder de compra de los trabajadores, estar alineado a la inflación; la política de fijar aumentos nominales desprendidos hizo que pasara lo que pasó".

El sector empresarial sostiene que hay que ser extremadamente cauto al momento de negociar los próximos ajustes salariales.

En una entrevista con El Observador, el presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Gabriel Murara, expresó que la premisa para los próximos Consejos de Salarios debería ser preservar el empleo. "Ya hubo aumentos salariales muy importantes en los últimos años. Si se siguen subiendo los salarios sin productividad se van a perder empleos", sostuvo. Los empleadores colocan a los salarios como uno de los elementos –junto a los costos de las tarifas públicas o la poca productividad laboral – que generan pérdida de rentabilidad y competitividad.

En el bando opuesto, el PIT-CNT prepara para el mes próximo un encuentro de delegados organizado por el Instituto Cuesta Duarte. Allí se elaborará el criterio que los negociadores sindicales llevarán a los Consejos de Salarios.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, indicó en una entrevista publicada días atrás en el portal de la central sindical que los "Consejos de Salarios atenderán a la totalidad de los grupos y esto exigirá al gobierno, a los empresarios y al movimiento sindical tener mucha madurez en la negociación".

Consideró que "de cajón debe haber un salario mínimo de 16.500 (nominales) para que un hogar de dos personas no esté por debajo de la línea de pobreza".

El Salario Mínimo Nacional vigente desde el 1° de enero de 2017 (todavía no se emitió el decreto que fija el nuevo valor a partir de este año) es de $ 12.265.

Pereira planteó que los dirigentes reclamarán en los ámbitos de negociación colectiva que los "ajustes se basen en el IPC más recuperación". Y remarcó: "no estamos de acuerdo con los ajustes nominales".

Por su parte, Mesa manifestó que "hay una preocupación común" por preservar el empleo. "Hay que ver cómo se llega a hacerlo, el sostenimiento del empleo depende de muchos factores; también preocupa la generación de nuevos puestos de trabajo", reconoció.

El jerarca prevé una ronda salarial "con características particulares por ser la última de este gobierno. Eso hace que se mezclen expectativas y se generen movilizaciones y en el medio hay que tratar de encauzar los temas".

Una primera muestra de las diferencias que se evidenciarán en el segundo semestre se observa en el grupo de negociación de la industria láctea, uno de los sectores con convenio vencido en diciembre. Ya hubo un par de encuentros tripartitos pero las partes están bien distanciadas.

Mesa expuso que en el intercambio con los empresarios y trabajadores, el ministerio planteó la posibilidad de generar un ajuste salarial puente tomando como base las pautas anteriores hasta que se conozcan las nuevas. Allí se establecería el convenio final. Pero en las reuniones se produjo el primer choque. "El sector empresarial plantea cero aumento, ni siquiera ajuste por inflación y se está lejos de un acuerdo", admitió Mesa.

Al respecto, el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) Heber Figuerola indicó a El Observador que la representación sindical estuvo de acuerdo en firmar un convenio puente de seis meses. Pero se encontró con la negativa de los empleadores: acuerdo a 12 meses y sin ningún ajuste.

La industria láctea es una de las que ha tenido mayores problemas de competitividad en los últimos tiempos. Absorbió en 2015 los cierres de Ecolat y Schreiber Foods y tiene en la actualidad a Pili, Calcar y Coleme, atravesando un momento complejo.

"Atendiendo esa situación fue que el sindicato planteó el convenio puente y después más adelante continuar la discusión. Pero la posición de los empresarios está dura. Por un lado están preocupados por la situación de la industria, pero no buscan resolver las cosas de la mejor manera posible", expresó Figuerola.

Este año también habrá negociación en el sector público, con características variadas. El secretario general de Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López, explicó a El Observador que los trabajadores de la administración central tienen un convenio vigente hasta 2019 que establece pagos por presentismo. Pero habrá otras discusiones.

"Hay otros aspectos vinculados al salario, por la carrera administrativa y las condiciones de trabajo; se tienen que mover las escalas salariales y se necesita para eso un incremento del gasto", planteó el dirigente. López señaló a la salud como el sector público donde estarán las mayores reivindicaciones.

"En ASSE no tienen convenio salarial desde hace dos años; se ajusta, a través de una formula, por inflación pasada", informó. "Ahí va a haber una pelea salarial pura y dura", vaticinó.

El dirigente prevé un "año complicado" donde "en la Rendición de Cuentas no solo se va a pelear por salario".

La Rendición de Cuentas de 2018 es la última de este período de gobierno que puede incluir un aumento del gasto. En 2019, esa posibilidad no existe por ser año electoral.

Pero López explicó que para esa mayor asignación de recursos el proyecto del Poder Ejecutivo debe ser aprobado en el Parlamento antes que finalice octubre. Por eso, los sindicatos públicos solicitan que la negociación comience lo antes posible.

"Se quiere empezar a negociar entre marzo y abril; la negociación colectiva es el instrumento fundamental para evitar los conflictos y no queremos que pase lo de todos los años, que nos enteramos de la Rendición de Cuentas cuando está ingresando al Parlamento", sostuvo.

Además, el dirigente recordó que la negociación privada será la más grande de este período de gobierno y marcó la posibilidad de que trabajadores de todos los sectores unifiquen sus reclamos. "Seguramente el PIT-CNT va a intentar establecer un mecanismo que permita acompasar los reclamos (privados y públicos) para dar una pelea en conjunto", indicó.