El sistema de Justicia se prepara, con distinto grado de dificultad, para la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que regirá desde 2017, pero con la intención del gobierno de postergar dos años más el sistema de audiencias orales y públicas, dado la importante inversión edilicia que requiere.
El nuevo CPP, que fue aprobado el año pasado, crea un sistema penal acusatorio donde los fiscales pasarán a dirigir las investigaciones y a coordinar las acciones con
En ese marco,
La iniciativa, cuyo primer borrador está a estudio del Consejo Consultivo Asesor de
El proyecto, al que accedió El Observador, establece que los fiscales “gozarán de independencia técnica en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los principios de unidad de acción y jerarquía”.
“El fiscal de Corte y Procurador General de
Las instrucciones generales apuntan a unificar criterios de los fiscales en política criminal, por ejemplo, para establecer que no se perseguirán robos inferiores a determinado monto.
El texto establece que esas disposiciones deberán ser públicas y “comunicadas por escrito a cada uno de los fiscales” y a
El proyecto establece que los fiscales “no podrán apartarse de las instrucciones generales recibidas” aunque tendrán la opción de “formular objeciones”. “Cuando un fiscal actúe siguiendo instrucciones generales, podrá formular objeciones a las mismas, dejando constancia de su opinión en informe fundado que elevará al fiscal de Corte y Procurador General de
De todos modos, el texto señala expresamente que “no se dejará constancia de las objeciones en los expedientes judiciales”.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, defiende y justifica cada vez que puede la necesidad de que se dicten instrucciones generales. “Ustedes saben lo que pasa hoy en los juzgados: el principio de oportunidad (para investigar o no ciertos delitos) se ejerce a troche y moche sin ningún criterio legal previo, sino a criterio del fiscal y el juez y no pasa nada”, dijo Díaz en octubre ante un grupo de abogados en el marco de un seminario sobre el nuevo CPP organizado por
Para el fiscal de Corte, sostener que se pueden perseguir todos los delitos “es una utopía”.
“Hoy el individuo que va por una rapiña de unos championes hecha con un cortaplumas recibe cinco años y cuatro meses de pena mínima. De repente tiene 18 años y es primario absoluto y lo estamos mandando a la cárcel. Lo que estamos haciéndole es arruinándole la vida. Ahí queda insatisfecha la víctima, el Estado gasta un fangote de plata manteniendo a la persona cinco años y cuatro meses presa y al individuo le arruinás la vida”, sostuvo el fiscal de Corte.
La Asociación de Fiscales se reunió ayer en asamblea para comenzar a analizar el proyecto de reforma de la ley Orgánica del Ministerio Público impulsada por el fiscal de Corte, Jorge Díaz.
En la asamblea participaron unos 60 fiscales y se debatieron varios aspectos de la iniciativa. No obstante, tras casi seis horas de reunión, no se llegó a evaluar la totalidad del proyecto, razón por lo que se convocará a otra asamblea para culminar el proceso.
Entre los fiscales hay consenso para plantear que se establezca un mecanismo que les permita abstenerse de intervenir en un caso si en él está en juego una instrucción general dada por el fiscal de Corte con la que no están de acuerdo. Eso operaría de forma similar a la “objeción de conciencia” que está regulada para los médicos en el caso del aborto, dijo a El Observador una fuente de la Asociación de Fiscales.
El proyecto del fiscal de Corte establece que los fiscales “no podrán apartarse de las instrucciones generales recibidas”, aunque tendrán la opción de “formular objeciones”. “Cuando un fiscal actúe siguiendo instrucciones generales, podrá formular objeciones a las mismas, dejando constancia de su opinión en informe fundado que elevará al fiscal de Corte y Procurador General de la Nación”, estable el texto.
El proyecto también indica que en caso de que exista una objeción a alguna de las instrucciones generales, no se dejará constancia de ello en el expediente. Por otra parte, los fiscales buscarán que el proyecto les mantenga la denominación de magistrados que tienen actualmente y a la que el texto propuesto no hace referencia.
El proyecto de reforma de la ley Orgánica del Ministerio Público simplifica las denominaciones de las sedes. Por ejemplo, las Fiscalías Nacionales de lo Penal pasarán denominarse Fiscalías Penales de Montevideo y lo mismo ocurrirá con las demás materias. También cambiará el nombre de las Fiscalías en lo Penal especializadas en Crimen Organizado, que pasarán a ser Fiscalías especializadas en Crimen Organizado.
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