Entre el neocolonialismo y la ideología

Es común demonizar a los países que cobran bajos impuestos acusándolos de favorecer la evasión impositiva, el lavado de dinero y otras prácticas nocivas
A modo de regalo de fin de año al contribuyente esclavo, el presidente Macri logró pasar la ley que da una vuelta más de tuerca a la presión impositiva. Como en lo inmediato la norma implica nuevas y mayores cargas, el Congreso se apresuró a sancionarla con ejemplar patriotismo.

Entre las múltiples innovaciones darthvaderianas del nuevo cuerpo legal, se incluye un artículo que ha pasado inadvertido: el que determina que se considerará país de escasa tributación a aquél que cobrare tasas de impuesto a las ganancias menores al 60% de lo que cobra Argentina. En leyes anteriores se sanciona de diversas maneras al intercambio con los países incluidos en esa categoría. No es algo nuevo. México, entre otros países, ya tiene una regla similar. Y la OCDE tiene listados de colores satánicos para estos países, negros, grises, u otros rótulos atemorizantes.

Es común demonizar a los países que cobran bajos impuestos acusándolos de favorecer la evasión impositiva, el lavado de dinero y otras prácticas nocivas. (El GAFI, sin ninguna entidad jurídica, se ocupa sin embargo de agregar cada año nuevas culpabilidades y pecados.)

La mirada superficial de muchos interesados, algunos desde el resentimiento ideológico, otros desde la ética, otros desde el negocio del asesoramiento, o del lavado de culpas, como los bancos, por caso, tiende a aplaudir todas estas restricciones, agrupándolas bajo los conceptos de modernidad, globalización, apertura de mercado, inversiones, sanas prácticas y similares. Pero esos intereses a veces fanatizados no siempre tienen razón.

Los gobiernos de la mayoría de los países han llevado y siguen llevando su carga impositiva a niveles que hace pocos años habrían sido considerados confiscatorios por todas las constituciones y que lo siguen siendo por cualquier regla económica racional. Amparados en democracias devaluadas –una mayoría de votantes con vocación de mendigos que piden cada vez más dádivas al Estado–, los gobiernos están manoteando recursos de donde pueden, único modo en que saben gobernar. En ese escenario, los creadores de riqueza eligen radicarse donde menos impuestos les cobren. Tal proceder enoja mucho a los dispendiosos con dinero ajeno.

Paraíso fiscal se ha terminado por denominar a cualquier país que cobre menos impuestos que los países gastadores. En vez de bajar el nivel de su gasto para no tener que castigar a sus contribuyentes con tasas impositivas monárquicas medievales, los países centrales prefieren en general seguir embarcados en un ritmo delirante de gasto, a expensas de una minoría aportante esclava. Entonces criminalizan a cualquiera que cobre menos impuestos que ellos.

Para ponerlo más claro: un país eficiente, con superávit o equilibrio fiscal, que sólo necesite una presión tributaria del 10% de su producto bruto, es colocado en la lista negra de los gastadores seriales. Tal concepto repugna a la ortodoxia económica, se opone al principio de sana administración inherente al constitucionalismo moderno y escupe sobre las libertades de las personas y sus empresas. Por mucho menos que esto, muchos reyes fueron degollados, depuestos o presos, con justicia, en el pasado. Por este tipo de arbitrariedades se crearon los parlamentos, se forzaron las Cartas Magnas a punta de espada, y surgió como movimiento social y luego económico el liberalismo, desde Locke en adelante.
Tras lograr la idiotización ideológica de sus masas, casi siempre con el formato de grietas, los políticos de hoy avanzan libremente por sobre las lecciones de la historia para apoderarse de la riqueza ajena y repartirla, quedándose con sus jugosas comisiones. Mientras Europa y la OCDE deciden prohibir y criminalizar cualquier competencia impositiva, o sea prohibir la competencia de los más eficientes en materia fiscal, Estados Unidos, con la conducción de Trump y la anuencia disimulada de los gastadores del establishment americano, decide aceptar el reto de los eficientes, pero mediante el procedimiento suicida de competir bajando sus impuestos sin bajar primero su gasto. Algo parecido a lo que ya intentó Ronald Reagan, que terminó triplicando la deuda externa, récord absoluto histórico.

Irlanda, que logró su eficiencia fiscal luego de un importante ajuste por el que pagó duros precios políticos, mira ahora con enojo y sorpresa cómo esos esfuerzos de ortodoxia y seriedad son descalificados y traicionados por decreto de las grandes (en tamaño) economías, han decidido cambiar las reglas de juego y las reglas de la ortodoxia como cualquier populismo barato.

Para países productores de materias primas, como Uruguay o Argentina, condicionados para bien y para mal por ese sino, el tema no es filosófico, ni ideológico. El tema es grave. Porque aun cuando lograran el milagro de bajar sus cargas impositivas, como debieran, no podrían usarlas para atraer inversiones, ni para exportar sus productos con valor agregado, ya que serían acusados de ser países de baja tributación o, como ocurre con el biodiesel que Argentina exporta a Estados Unidos, sufrir fuertes recargos de importación por tener un tratamiento impositivo más favorable que el país importador.
Tal concepto estaba contenido en el TTP (erróneamente abortado por Trump) que aplicaba igual concepto a las condiciones laborales y ambientales. O sea que para venderle a Estados Unidos había que tener salarios y sistemas de producción tan caros como los suyos, la negación del principio de la eficiencia.

El sistema que utiliza Uruguay en el caso UPM y el que se acaba de anunciar para las nuevas inversiones, por ejemplo –más allá de las objeciones que puedan ofrecer en otros aspectos– caerían directamente en el proceder que fulmina la OSDE, al establecer diferente tratamiento impositivo para empresas del exterior que para las empresas locales o ya radicadas.

Con la misma fuerza conque esta columna critica al populismo socialista que infringe fatalmente la ortodoxia económica, con resultados también fatales para la sociedad, critica este proteccionismo de los países desarrollados, que, al quitarle a los países agroexportadores la posibilidad de competir con valor agregado flexibilizando su sistema laboral y reduciendo sus impuestos, los somete a una suerte de colonialismo último modelo, al alterar las reglas de juego según sus conveniencias políticas internas y peor, al alterar las reglas de la economía, que siempre terminan cobrando su precio si se las elude.
Lo que también muestra la necesidad de agruparse en sistemas de negociación comercial totalmente diferentes al formato del actual inútil y prebendario Mercosur y al mismo tiempo la importancia de dejar de lado toda ideología en la concepción y ejecución de las estrategias regionales y geopolíticas y tener en cuenta solamente la conveniencia e intereses de cada país en estos aspectos que no admiten errores ni caprichos.

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Dardo Gasparré

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