Estado paga US$ 500 mil al año a personas que estuvieron presas por error de la Justicia

Durante tres años fueron "los ángeles de la muerte". Dos enfermeros acusados en 2012 de matar a 15 pacientes de la Asociación Española y el hospital Maciel fueron enviados a prisión hasta febrero de 2015, cuando la jueza penal Dolores Sánchez resolvió que su procesamiento –dictado por el magistrado Rolando Vomero- se había basado en un "rumor".

Por el mismo caso también había sido procesada una tercera enfermera, acusada de ser cómplice de los supuestos homicidios.

Para la mujer fueron casi 500 días de cárcel por crímenes que no cometió ni de los que fue cómplice. Por ese motivo, su encarcelamiento llevó a que sus abogados, Fernando Posada y Andrés Ojeda, se encuentren preparando una demanda contra el Estado por, entre otros aspectos, el daño moral causado a la enfermera.

Un juicio al Poder Judicial por prisión indebida le cuesta al Estado, en promedio, US$ 51 por cada día que una persona estuvo presa sin tener que estarlo. La cifra surge de un estudio realizado por Posada a raíz de la demanda que preparan por el caso de la enfermera. En el informe analizó 94 sentencias por prisión indebida entre los años 2010 y 2016, 47 de primera instancia y las otras 47 de segunda instancia, tomadas de bases de datos privados y del Poder Judicial.

Según el estudio de Posada, abogado de Baker Tilly Uruguay, en los años estudiados el promedio de días que una persona estuvo presa sin tener que estarlo fue 552. Eso significa un gasto para el Estado de US$ 28 mil por reclamante. Los últimos datos divulgados por el Poder Judicial, correspondientes a 2015, indican que al año hay 20 reclamos por prisión indebida. Es decir que, por año, el gasto en demandas por prisión indebida asciende a US$ 563 mil.

El artículo 4º de la ley sobre prisión preventiva del Código del Proceso Penal (CPP) indica que "quien haya sufrido prisión preventiva en un proceso penal sin haber sido en definitiva condenado a pena privativa de libertad por lo menos igual al lapso de prisión preventiva sufrida, tendrá derecho a recibir del Estado la indemnización en dinero de los perjuicios materiales y morales que dicha prisión preventiva –el exceso de ella, en su caso– le hubieren causado".

De todos modos, el monto mínimo y máximo de lo que debe pagarse no está establecido, por lo que depende de cada juez.

El informe toma en cuenta exclusivamente el daño moral, una de las causas que se incluyen dentro de una demanda. Eso significa que en análisis se basó en "el padecimiento que se genera a un sujeto que se lo encarcela de forma injusta".

Para Posada, teniendo en cuenta el daño moral causado a una persona que está meses en la cárcel sin que tenga que estarlo, pagarle US$ 51 dólares por cada día de ese "padecimiento" es una suma "baja".

En el caso de las condenas en primera instancia (que no requieren apelación), el promedio fue de US$ 61. Las demandas de este tipo se realizan ante Juzgados Letrados de lo Contencioso Administrativo y, si es necesario apelar, el caso pasa a un Tribunal de Apelaciones en lo Civil.

En esos tribunales, el juzgado que paga más por día, en promedio, es el de quinto turno (US$ 71) y el que paga menos el de sexto turno (US$ 39).

En 60% de los casos analizados que fueron apelados, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia en primera instancia. A su vez, 61% de las revocaciones rebajaron la condena dictada en primera instancia.

El abogado preparó el informe para tener una idea de cuánto reclamar en la demanda que prepara junto con Ojeda por el caso de la enfermera. Al saber que, en promedio, se paga por día US$ 51 tienen un estimativo de cuánto solicitar en el escrito que presentarán en breve.

Por ese caso, la defensa de la enfermera ya tuvo una audiencia conciliatoria –el paso previo al juicio civil-. Para la conciliación solicitaron unos US$ 450 mil por los 16 meses que la mujer estuvo presa, indicó Ojeda a El Observador. El análisis de Posada también será utilizado para otras demandas que prepara junto con Ojeda.

Uno de los dos enfermeros procesados por mismo caso demandó al Estado por U$S 1,9 millones por los tres años que estuvo preso.

La indemnización por prisión indebida no es exclusiva de aquellas personas que son absueltas, como los enfermeros acusados de "asesinos". Puede pedirse una indemnización para "la revocación de un procesamiento con prisión", "el dictado de un sobreseimiento" o "el dictado de una sentencia condenatoria que imponga una pena de reclusión inferior a los días que el sujeto ya sufrió en carácter de prisión preventiva", aclara Posada en el informe.

El primer caso se aplica a aquellos casos en los que la defensa de los acusados recurre una determinada sentencia y la Justicia hace lugar a ese recurso. Como el recurso de apelación se presenta junto con el de reposición, el juez que dictó la sentencia en primera instancia puede revocarla. Si mantiene el fallo, el expediente pasa a un Tribunal de Apelaciones.

Posada explica en el estudio que mientras se analiza el caso, la persona enjuiciada continúa en la cárcel bajo la figura de la prisión preventiva. "Para nuestro ordenamiento jurídico, debería tener naturaleza meramente cautelar. Esto quiere decir que solo debería disponerse en los casos en que exista algún tipo de peligro", sostiene.

Sin embargo, bajo el CPP actual la prisión preventiva se ha transformado en la regla. Por ese motivo, el nuevo código –que comenzará a regir el 16 de julio de este año- establece claramente que debe tratarse de una excepción.

Eso supone que, una vez que el nuevo CPP se ponga en marcha, los resarcimientos por prisión indebida deberían ser inferiores a los actuales.

Para aquellas sentencias en las que se dicta la condena de los procesados, la indemnización responde a los días extras que la persona implicada estuvo en la cárcel.

Por ejemplo, una persona puede estar en la cárcel un año bajo la figura de la prisión preventiva y que la condena sea por nueve meses. En ese caso, hubo tres meses extra de prisión.