Exsenadora admitió que falsificó firma en juicio por patria potestad

Era una mañana soleada de diciembre de hace cuatro años. Mayra, de 2 años, jugaba con sus hermanastros en la Plaza Zabala, bajo el cuidado de Miguel Ruíz, su padre. "Después fuimos todos a almorzar", recuerda él, sobre la última vez que estuvo con su hija.

Aunque no entendía cómo, una firma suya habilitó la pérdida de la patria potestad sobre la menor. Se enteró de eso luego de iniciar un juicio para obtener el régimen de visitas en 2014, "cansado" de tener que recurrir a la "complicidad" de su cuñada para lograr ver a Mayra "a escondidas".

"La madre no quería saber nada conmigo, decía que me había portado mal y que entonces no tenía derecho de ver a mi hija", sostuvo este martes, luego de declarar y someterse a careos durante varias horas en el juzgado penal de 2° turno de Atlántida. Lo hizo como testigo directamente involucrado en el caso en que el juez Marcos Seijas investiga la responsabilidad penal de la abogada y exsenadora Michelle Suárez en la falsificación de al menos tres firmas en el escrito por el cual Ruiz renunció, sin su consentimiento, a todo derecho de ver a su hija.

"Yo no solo no firmé ningún documento, sino que nunca vi a Michelle Suárez en mi vida", dijo Ruiz a El Observador. Y negó también conocer a Rosario Sánchez, la abogada que en el escrito figuraba como su defensora. "La conocí ahora, recién la saludé", expresó. Un peritaje caligráfico realizado sobre el expediente del juzgado de Familia, por orden de Seijas, determinó que Suárez falsificó al menos al menos tres firmas de su socia Rosario Sánchez. El informe técnico, además, establece que también hay firmas auténticas de Sánchez, por lo que la abogada también fue indagada y sometida a careos frente a Suárez.

En la audiencia de ayer Suárez lo admitió, según declararon al salir los abogados presentes en la audiencia.

El letrado que defiende a la exsenadora, Francisco Musso, dijo que ella "admitió parcialmente ciertos hechos", pero aseguró que hay versiones contradictorias con los demás indagados.

Por su parte, Daniel Burgos, defensor de la madre de la niña que inició el juicio de pérdida de patria potestad, dijo que "se está desacreditando la profesión en forma boba, en forma mezquina". Admitió que Suárez falsificó las firmas para apurar un trámite y lo calificó como una acción "de niño chico".

La exsenadora se retiró del lugar, casi siete horas después de haber entrado, sin hacer declaraciones.

Pero para que el juez se expida sobre el caso pasarán algunos meses. La fiscal Silvia Mascaró pidió otros expedientes del juzgado de Familia vinculados a la disputa entre los padres de la niña y solicitó las declaraciones de las partes ante la Suprema Corte de Justicia, a donde se tramita la revisión del juicio de Familia. También deberán declarar algunos otros testigos.

El resultado de la pericia, sumado a la confesión de Suárez de haber falsificado, entre otras, una firma de Ruiz, hace creer a Silvana Gonda, una de los abogados del hombre, "que va a prosperar la revisión de la sentencia", de parte de la Suprema Corte, y que los derechos sobre la tenencia de la niña pasen a ser compartidos.

"Por todo lo que se ha descubierto en estas actuaciones, nosotros le pedimos a la Corte que se tenga especial consideración con la forma que tuvo de litigar la contraparte, ya que entendemos que estaban en conocimiento de estos hechos", aseguró Gonda.

La madre de la niña afectada no quiso hacer declaraciones sobre el caso para preservar la intimidad de su hija. Pero negó a El Observador la versión de Ruiz, y se limitó a afirmar que el hombre "desapareció" cuando la pequeña tenía seis meses.

Ruiz respondió: "Yo quiero ver a mi hija. No quiero sufrir más. Y quiero que sus hermanos la vuelvan a ver, que ya empiezan a dejar de preguntar por Mayra".

El Colegio de Abogados del Uruguay emitió un comunicado en el que señaló que "condena todo tipo de desviación de normas éticas, ilicitud o deslealtad cometida por abogados en el ejercicio de la profesión, sin excepción de clase alguna". De todos modos, señaló que no suelen expedirse sobre la conducta de colegas que son indagados. Por último planteó que "la colegiación legal es una herramienta imprescindible para el mejor tratamiento preventivo y represivo en asuntos de desviación profesional".