FA propone reservar el 30% de las compras estatales a cooperativas

A pocos días de que termine el año legislativo, el Frente Amplio apura un proyecto de ley destinado a la promoción de las empresas autogestionadas a través de las compras estatales. Entre los 16 artículos incluidos en el proyecto, los dos centrales –y a su vez los más polémicos– son el 9° y el 10°. El primero establece una reserva de mercado de al menos 30% de las compras del Estado para bienes y servicios producidos por empresas de economía social y solidaria. El segundo agrega un margen de preferencia que permitirá que las ofertas de esas cooperativas superen hasta en 20% el precio de las restantes empresas en competencia.

El proyecto original fue presentado en marzo de 2017 por los diputados Daniel Placeres, Lilián Galán, Silvio Ríos, José Querejeta y Roberto Chiazzaro, y actualmente se encuentra a estudio de la comisión especial de cooperativismo. El pasado lunes 4 de diciembre, los diputados del Frente Amplio plantearon votar el texto en la comisión, pero a pedido de la oposición se definió posponerlo para la próxima semana.

El aplazamiento de la votación molestó a los legisladores del oficialismo, que manifestaron que el proyecto ya ha permanecido suficiente tiempo a estudio de la comisión. "Tenemos prisa", manifestó el diputado socialista Roberto Chiazzaro durante la última sesión, y agregó: "Creemos que este proyecto de ley establece un mecanismo que perfeccionará y hará funcionar de forma más dinámica la economía social".

Sin embargo, la prisa de los diputados frenteamplistas choca de frente con los reparos expresados por los integrantes de la oposición, que califican a la iniciativa como "excesiva" y "peligrosa". Según define el proyecto de ley, "se entiende por Economía Social y Solidaria al sistema socioeconómico y cultural, conformado por el conjunto de organizaciones y redes que desarrollan fines colectivos o sociales, caracterizado por las prácticas solidarias, asociativas, cooperativas y de ayuda mutua".

En primer lugar, se clasifica a los emprendimientos solidarios en tres categorías: microemprendimientos (los que no ocupan a más de cuatro personas y cuyas ventas anuales no superan los 2 millones de unidades indexadas), los pequeños emprendimientos (que no ocupan a más de 19 personas y cuyas ventas anuales no superan los 10 millones de UI), y medianos emprendimientos (que no ocupan más de 99 personas y cuyas ventas anuales no superan los 75 millones de UI).

En ese sentido, se establece que cada unidad ejecutora deberá reservar 30% de sus compras a cooperativas sociales, siempre que exista oferta de ese tipo de emprendimientos. Las cooperativas que califiquen podrán acceder a precios preferenciales que los diferenciará de la competencia. En concreto, el proyecto de ley prevé diferentes márgenes de preferencia según el tamaño del emprendimiento: los microemprendimientos tendrían hasta 20%, los pequeños 12% y los medianos 8%. La existencia o no en cada sector de empresas de economía solidaria se verificará a través de un registro a cargo del Instituto Nacional de Cooperativismo.

Desde la oposición no solo alertan que el mecanismo previsto por la ley incrementará el costo fiscal, sino que también consideran que no cumplirá cabalmente con sus objetivos de promoción de la economía social. Según el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, se trata de "un proyecto muy negativo para el país", que implica "un perjuicio enorme al ecosistema emprendedor" y "va en contra" de los incentivos a la competitividad impulsados por el gobierno. "Esto va a generar un incentivo perverso para que muchas empresas se maquillen de cooperativas para tener este tipo de beneficios", aseguró. Por su parte, el colorado Conrado Rodríguez aseguró que los beneficios son "excesivos" y dijo que el proyecto "traería más complicaciones que ventajas". Pero los miembros de la oposición no son los únicos que expresaron reparos acerca del alcance de la ley proyectada.

En los últimos meses, distintas delegaciones comparecieron ante la comisión y expresaron su parecer. Allí, el directivo de la Agencia Nacional de Desarrollo Económico (ANDE), Álvaro Correa, informó que los costos de las compras del Estado podrían subir entre 4% y 5%.

En un mismo sentido se expresaron el director de Dinapyme, Rafael Mendive, y el asesor del Ministerio de Economía, Alejandro Zavala. "Más allá de que uno comparte la idea y la propuesta que está detrás, estamos hablando de que el Estado va a pagar más caro lo que podría pagar más barato", afirmó Zavala.

Por otra parte, el proyecto también recibió críticas de la academia y las propias cooperativas. El economista Andrés Dean, de la Universidad de la República, dijo que "la ley debería evitar que por que exista una reserva de mercado, se compre una porquería a una empresa social y solidaria". En ese sentido, aconsejó incluir "una cláusula gatillo que impida que por cumplir con una cuota de reserva de mercado, el Estado termine comprando un bien o un servicio claramente inferior desde el punto de vista de la calidad o a un precio abismalmente más alto".

Por su parte, la presidenta Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), Graciela Fernández, dijo preferir una legislación integral con "definiciones específicas".

"Dejar unidos en una iniciativa las compras públicas con la economía social, no nos parece el mejor mecanismo", concluyó.