Senadora Constanza Moreira

Nacional > Código de la Niñez

FA rechazó bajar tiempo de prisión preventiva a los menores infractores

Casa Grande quedó en minoría dentro del oficiaismo
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11 de agosto de 2017 a las 05:00
El Frente Amplio rechazó en la comisión de Constitución y Legislación del Senado rebajar a tres meses la prisión preventiva que deben enfrentar los menores infractores que cometen homicidios u otros delitos gravísimos y que hoy, por ley, deben estar encerrados al menos un año.

Ese tiempo de prisión mínima de un año para los delincuentes juveniles, fue introducido luego del plebiscito que intentó bajar la edad de imputabilidad de los 18 a los 16 años –la mayoría de población no lo respaldó -y en momentos en que la ciudadanía reclamaba más acciones para frenar a la delincuencia.

Sin embargo, el sector Casa Grande de la senadora Constanza Moreira planteó una nueva modificación legal para que la prisión preventiva no superara los tres meses.

El tema fue abordado este martes en el Parlamento junto a representantes de Unicef y del Comité de los Derecho del Niño que incluso reclamaron "derogar" la ley que estableció la prisión preventiva.
La comisión de Constitución y Legislación analiza modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia.

Uno de los puntos más cuestionados por la delegación de la Unicef refiere a la ley 19.055 que establece la privación de libertad para menores que cometen homicidios u otros delitos graves y gravísimos. En esa lista entran delitos como la violación, la rapiña, el secuestro, la extorsión y el tráfico de estupefacientes.

De acuerdo a esa norma, la privación cautelar de libertad será preceptiva hasta el dictado de la sentencia definitiva y tendrá una duración no inferior a los doce meses.

Los representantes del Comité de los Derechos del Niño, Juan Fumeiro y Mauro Tomasini, también reclamaron en esa sesión de la comisión del Senado la derogación de la ley 19.055.

La senadora frenteamplista Daniela Payssé (Frente Líber Seregni), recordó que las modificaciones hechas al Código de la Niñez y la Adolescencia y en particular las leyes 18.777, 18.778 y 19.055 "fueron aprobadas en el marco de la estrategia por la vida y la convivencia" (que impulsó el gobierno para mejorar la seguridad de la población) y de la campaña plebiscitaria por la baja de la edad de imputabilidad".

"Esas tres leyes ayudaron a revertir el resultado de la baja de la edad de imputabilidad", comentó la legisladora, según la versión taquigráfica del encuentro.

. Desde el sector de la senadora Constanza Moreira se intentó modificar los tiempos de la prisión preventiva para los adolescentes que delinquen.

En ese sentido, Casa Grande impulsó que la privación de libertad no supere los 90 días.

El senador Rafael Paternain -suplente de Moreira- comentó que puede haber "una contradicción" entre esa prisión cautelar de la ley 10.055 y lo que establece el nuevo Código de la Niñez y la Adolescente que dice que se aplicará la prisión preventiva "sólo cuando haya peligro de adulteración de pruebas o eventualmente peligro de fuga".

Al final de la discusión en la comisión, el planteo de Casa Grande quedó en minoría (7 senadores a 1) al no ser respaldado por el resto de los representantes del Frente Amplio ni por la oposición.

Entredicho

Lucía Vernazza, Martín Fernández y Emilio García Méndez fueron a la Comisión en nombre de Unicef a exponer su opinión sobre leyes y el Código de la niñez y la Adolescencia.

La perspectiva que asume Unicef, dijo García Méndez, no es la de un "paternalismo ingenuo" y señaló que el desafío en cuestiones de naturaleza penal para los menores de edad, consiste "en articular severidad con justicia".

Sin embargo, las diferencias surgieron cuando opinó que algunas propuestas representan una "involución autoritaria".

"Hace bastante tiempo que en América Latina nos encontramos en una especie de larga onda de involución autoritaria. Ahora bien, en los últimos 20 años esta involución ha cambiado de signo y se ha manifestado en una forma que llamaría clásica, es decir aquella fácilmente reconocible por dos características: la baja de edad de la imputabilidad y el aumento de las penas", afirmó García Méndez.

El representante de Unicef también se mostró preocupado por "la disminución de las garantías", que se traduce, dijo, en "una utilización indebida de la privación de libertad".

"La disminución de las garantías en función de ciertas negociaciones ha traído un aumento exagerado y desmesurado del uso de la privación de libertad, no como respuesta legítima del Estado sino como una especie de política social reforzada", afirmó.


Desde Unicef se reclamó modificaciones o la derogación de la ley 19.055 que establece como medida cautelar la privación de libertad de menores que cometan delitos graves.

También desde Unicef, Martín Fernández insistió en la comisión del Senado que "lo aconsejable" es la derogación de esa ley "lo que enviaría un mensaje directo" a los jueces y operadores del Ministerio público para que comprendan que la medida cautelar "sobre todo hablando de adolescentes en conflicto con la ley penal, es de naturaleza claramente excepcional".

Fue entonces cuando el senador Bordaberry, le recriminó al representante de Unicef García Méndez –que es argentino- la forma de referirse a planteos distintos a los que impulsa la organización.

Bordaberry, que fue uno de los principales impulsores del plebiscito para bajar la edad de imputabilidad a los 16 años, Dijo que quien comete un homicidio o un delito gravísimo debe permanecer determinado tiempo privado de libertad.

"De repente nuestro visitante no conoce cómo pensamos nosotros o el fundamento de esas propuestas. No pensamos en sancionar (a un menor) sino todo lo contrario. Estamos pensando en el tiempo mínimo que necesita un menor que mata o viola para ser reeducado y poder reinsertarlo en la sociedad", explicó Bordaberry.

Bordaberry reclamó respeto


Durante la sesión de la comisión de Constitución del Senado, el colorado Pedro Bordaberry cuestionó y pidió respeto a integrantes de la delegación de Unicef que en el Parlamento expresaron que se estaba dando "una involución autoritaria" respecto a las normas que refieren a cómo tratar a menores infractores.

"Quiero explicar que en Uruguay normalmente en los intercambios de opiniones mantenemos determinado respeto y cuando llega alguien no decimos que quien propone algo está en una involución autoritaria, sino que piensa distinto y quizás tiene fundamentos de otro tipo, proponga lo que proponga", afirmó el senador colorado.

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