Faltan techos para amparar a las víctimas de la violencia de género

La mujer que convivía con su pareja decidió denunciarlo tras años de violencia. No fue una decisión fácil, no solo porque implicaba ponerle fin a una relación de años y la exponía a una represalia que bien podía costarle la vida a ella o a sus hijos, sino también porque no tenía a dónde ir.

Aunque el juez de familia especializado dispuso el retiro del agresor de la residencia en la que conviven, y el cumplimiento de las medidas de restricción de acercamiento que el mismo magistrado dispuso fue reforzada con la colocación de una tobillera electrónica, ninguna de estas acciones pudo garantizar la seguridad de la víctima.

Sucede que sus vecinos son familiares directos del agresor, y tras la denuncia comenzaron a amenazarla. El hecho, que ocurre actualmente en un barrio de la periferia de Montevideo, llevó a que la Justicia debiera ordenar una custodia policial las 24 horas para la mujer, a pesar de que su agresor tiene tobillera. Esa custodia, que se mantiene desde hace un año, debe acompañarla a donde vaya las 24 horas del día.

La responsable de la División de Violencia Basada en Género del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Karina Ruiz, dijo a El Observador que actualmente Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) tiene tres opciones de vivienda para acoger a las víctimas de violencia doméstica, pero admitió que su alcance "es limitado".

Por un lado, está la Casa de Breve Estadía, una vivienda con cupo para 30 personas, en la que se alojan mujeres que solicitan protección.

Según explicó Ruiz, en esta vivienda, que está ubicada en Montevideo pero cuya dirección exacta es reservada por razones de seguridad, las mujeres pasan un máximo de 30 días, mientras presentan la denuncia y se definen medidas cautelares. Allí también pueden ser derivadas aquellas mujeres que hicieron la denuncia pero el agresor está profugo de la Justicia y por lo tanto todavía no se le pudo colocar la tobillera. Actualmente hay 11 mujeres con 17 niños alojadas en esta vivienda.

Otra alternativa, que fue incorporada este año, es el Centro de Estadía Transitoria, al que asisten mujeres que según Ruiz, no necesariamente están en riesgo, pero se encuentran en "proceso de salida" de una situación violenta y necesitan apoyo ya que tienen problemas económicos. Ruiz dijo que la idea es que durante las semanas que estén allí alojadas se las ayude a "armar un plan a corto plazo que resuelva sus temas personales". "Son personas que hace tiempo no trabajan ya que por la situación de violencia que vivieron no se les permitía trabajar", sostuvo.

Se intenta "ver sus capacidades, qué formación tienen, ayudarles a armar un currículum", que hagan cursos a través del convenio Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), al tiempo que se las mantiene informado sobre distintos llamados para trabajar en la administración pública.

En esta vivienda -que también está ubicada en Montevideo- están alojadas 8 mujeres y 17 niños.

La otra opción en materia de vivienda que ofrece el Ministerio de Desarrollo Social es la llamada Alternativa Habitacional para Mujeres en Situación de Violencia Doméstica, un programa que ofrece garantía de alquiler para víctimas de violencia doméstica, así como un subsidio de alquiler de hasta 12 UR ($ 12.804) durante dos años.

En 2017, 82 mujeres solicitaron ingresar a este programa, de las cuales 76 fueron aceptadas. Los requisitos para ingresar al programa son tener más de 18 años y un ingreso estable de entre 10 y 60 UR ($10.067 y $64.000). Las mujeres deben además demostrar que pueden sostener gastos "básicos" como OSE, UTE, alimentación y transporte. A esta alternativa, que es la única que existe a mediano plazo, no pueden acceder aquellas mujeres que fueron impedidas de trabajar por sus parejas, una realidad que suele repetirse entre las víctimas de violencia doméstica, según reconoció Ruiz.

Como resultado, aquellas mujeres que no logran ingresar en esta alternativa, al cabo de las semanas deben volver a sus viviendas, usar tobilleras o custodia policial. Por esa razón es justamente en los barrios más pobres -y también en los más conflictivos- donde se da la mayoría de las custodias policiales. El Ministerio del Interior emplea más de 400 policías para custodiar mujeres víctimas de violencia doméstica en todo el país.

Durante 2017 se colocaron un total de 520 tobilleras electrónicas, cinco veces más que las 97 que fueron dispuestas en 2013 cuando el programa comenzó a funcionar solo para los casos de violencia doméstica de Montevideo. Desde comienzos de año el programa está operativo en todo el país.

Esta cifra, a juicio de la responsable de políticas de género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, es particularmente alta, si se lo compara con lo que ocurre en otras partes del mundo.

Por ejemplo, en Madrid, una ciudad en la que viven 3,16 millones de personas, en 2016 se colocaron 141 tobilleras.

Según había dicho Zabaleta, "se debe dar un abordaje integral" al problema de la violencia doméstica, que permita a las víctimas cambiar de vivienda, además de tratar, por ejemplo, las adicciones de los agresores. Según la responsable de políticas de género del Ministerio del interior como esto no ocurre, las tobilleras se utilizan como si fueran "la única herramienta" disponible para proteger a las mujeres agredidas.

Ruiz dijo a El Observador que actualmente el Mides y el Ministerio de Vivienda trabajan en la elaboración de una solución que permita incluir a mujeres víctimas de violencia en algunos de los planes de la cartera, aunque no quiso dar detalles porque todavía no se ha firmado el acuerdo. "Hoy nos está faltando (una solución) a largo plazo", reconoció.

Sin embargo, Ruiz aseguró que una vivienda no siempre rompe el "circuito de violencia", en el que están inmersas las víctimas. "Si no trabajamos lo psicológico, su autonomía económica, y logramos que entiendan que tienen un derecho a vivir libres de violencia, el problema no se resuelve", dijo. Según contó Ruiz, ocurre que muchas mujeres que dejan a sus parejas violentas acaban volviendo con ellas porque tienen la expectativa de que los "varones cambien" y porque no siempre "hay conciencia de que están en riesgo de muerte". l