El caso puso en evidencia que hubo fallas en el protocolo de actuación policial que indica, entre otros puntos, que ante denuncias por violencia doméstica contra policías, se les debe quitar el arma de reglamento. La expareja de Sosa llevaba el arma consigo y la usó para matarla. De hecho, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reconoció públicamente que hubo una falla en la tramitación de la denuncia que realizó Sosa por la que nunca llegó a la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y por eso el arma nunca se le quitó.
"Esta gravísima omisión de las autoridades policiales y de las dos seccionales intervinientes que encajonaron u ocultaron las denuncias presentadas por Valeria Sosa tuvieron como consecuencia su muerte, que pudo y debió haberse evitado, según palabras textuales del propio ministro Bonomi", indica la demanda, que presentará el abogado de la familia, Ignacio Durán, a la que accedió El Observador.
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El escrito detalla que Sosa realizó una primera denuncia en abril de 2015, luego de que su expareja la amenazara "una y otra vez". Esa denuncia fue radicada en la seccional sexta pero no llegó a la Unidad Especializada en Violencia Doméstica.
En noviembre de ese año, el hombre no quiso devolverle a sus hijos a la hora que habían quedado y Sosa terminó yendo a buscarlos. Allí la insultó y golpeó, según indica la denuncia, lo que motivó una nueva denuncia en la misma seccional. Sin embargo, los funcionarios de esa dependencia le solicitaron que presentara el caso en la seccional 17, donde sí quedó registrada en el sistema. Por las irregularidades constatadas en esta causa luego del femicidio, hubo 19 policías sumariados, según informó Telenoche en marzo de 2017.
Como representante de la familia de la mujer, Durán sostiene en el escrito que "Valeria Sosa confió en la Policía, confió en el sistema y confió primero en que la seccional Sexta y luego la seccional 17 investigarían la situación denunciada y tomarían los recaudos pertinentes".
"El Ministerio del Interior es el único responsable por la omisión de su deber de poner en conocimiento del juez competente los hechos denunciados. No se tuvieron en cuenta las denuncias presentadas en dos oportunidades y la omisión del Ministerio del Interior tuvo como consecuencia la muerte de Valeria Sosa", agrega el documento.
Mientras la madre de Sosa continúa en trámites judiciales por la tenencia de sus nietos, deberá volver a otro juzgado a reclamarle al Ministerio del Interior US$ 200 mil para ella por daño moral, US$ 200 mil para cada uno de sus nietos –hijos de la víctima- también por daño moral y US$ 100 mil para cada uno de los hermanos de Sosa por la misma razón.
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