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Fiscal del caso ANCAP dejó afuera a la Jutep para acelerar la investigación
Para presidente del organismo "no implica un problema" para la indagatoria
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12 de diciembre de 2017 a las 16:25
La decisión del fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, de prescindir de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en la investigación del caso ANCAP, era esperable para el organismo. El presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, dijo a El Observador que su participación hubiera implicado una mayor demora en la causa, algo que Pacheco quiere evitar.
El plazo legal que tiene la junta anticorrupción para responder a la Justicia es de 60 días y en algunas ocasiones se puede solicitar prórroga. De todos modos, para Gil no participar no implica un problema para la investigación. "El asesoramiento perfectamente lo pueden hacer otros organismos. Hay un equipo muy bueno ya constituido que no le genera mayores problemas (a la investigación) y la calidad del asesoramiento está asegurado", dijo.
Si bien el fiscal no comparte los fundamentos presentados por los abogados de Raúl Sendic en contra de que la asesore en la causa, decidió prescindir de su colaboración precisamente para que la causa no se dilate más.
El fiscal Pacheco había solicitado el asesoramiento de la Jutep para analizar tres de los temas incluidos en la causa por las que se investigan presuntas irregularidades en la gestión de ANCAP, denunciados por cuatro partidos de la oposición.
El argumento principal para afirmarlo se basa en que el organismo se expidió en setiembre sobre el uso de tarjetas corporativas de ANCAP por parte de Sendic. A su vez, los abogados cuestionaron comentarios del vicepresidente de la Jutep, Daniel Borrelli, realizados en algunos medios de comunicación.
Lea también: La Justicia se va de feria y posterga fallo sobre ANCAP para febrero o marzo
Algunos de esos comentarios fueron incluidos en el escrito presentado ante Crimen Organizado. Entre ellos, por ejemplo, se incluyeron sus declaraciones en una entrevista con El Observador realizada luego del fallo por el uso de las tarjetas, en el que afirmaba que Sendic había "faltado a la verdad" ante el organismo.
Consultado por El Observador, Borrelli señaló que ese escrito demuestra que "parece que le tienen miedo a la Jutep". "No tiene sentido. No tengo nada contra ANCAP ni contra Sendic y la Justicia tiene otros medios (para asesorarse)", afirmó.
Una de las funciones de la Jutep es asesorar a la Justicia cuando se lo solicita. En el caso de ANCAP, Pacheco había pedido la colaboración para tres puntos: la intermediación frustrada de la financiera Exor para la cancelación de la deuda con la petrolera estatal venezolana Pdvsa, la contratación de remolcadores a la empresa Kios y los negocios con Ecuador en los que estaba involucrada la empresa multinacional Trafigura.
Con la falta de la Jutep como asesor, el fiscal avanzará con la causa sin consultas externas sobre esos puntos. El equipo multidisciplinario que está analizando el uso de las tarjetas corporativas en ALUR -a raíz de una ampliación de la denuncia realizada por el Partido Independiente- no cuenta con los conocimientos necesarios para trabajar sobre esos temas.
El objetivo era que el caso se resolviera antes de que comenzara la feria judicial mayor (el 22 de diciembre), pero eso no será posible y el pronunciamiento de Pacheco sobre si pedirá o no procesamientos se aplazará para febrero o marzo.
Denuncias que se agregaron al expediente, respuestas pendientes y algunos cambios en la agenda de audiencias demoraron la investigación más de lo previsto.
El plazo legal que tiene la junta anticorrupción para responder a la Justicia es de 60 días y en algunas ocasiones se puede solicitar prórroga. De todos modos, para Gil no participar no implica un problema para la investigación. "El asesoramiento perfectamente lo pueden hacer otros organismos. Hay un equipo muy bueno ya constituido que no le genera mayores problemas (a la investigación) y la calidad del asesoramiento está asegurado", dijo.
Si bien el fiscal no comparte los fundamentos presentados por los abogados de Raúl Sendic en contra de que la asesore en la causa, decidió prescindir de su colaboración precisamente para que la causa no se dilate más.
El fiscal Pacheco había solicitado el asesoramiento de la Jutep para analizar tres de los temas incluidos en la causa por las que se investigan presuntas irregularidades en la gestión de ANCAP, denunciados por cuatro partidos de la oposición.
El argumento principal para afirmarlo se basa en que el organismo se expidió en setiembre sobre el uso de tarjetas corporativas de ANCAP por parte de Sendic. A su vez, los abogados cuestionaron comentarios del vicepresidente de la Jutep, Daniel Borrelli, realizados en algunos medios de comunicación.
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Algunos de esos comentarios fueron incluidos en el escrito presentado ante Crimen Organizado. Entre ellos, por ejemplo, se incluyeron sus declaraciones en una entrevista con El Observador realizada luego del fallo por el uso de las tarjetas, en el que afirmaba que Sendic había "faltado a la verdad" ante el organismo.
Consultado por El Observador, Borrelli señaló que ese escrito demuestra que "parece que le tienen miedo a la Jutep". "No tiene sentido. No tengo nada contra ANCAP ni contra Sendic y la Justicia tiene otros medios (para asesorarse)", afirmó.
Una de las funciones de la Jutep es asesorar a la Justicia cuando se lo solicita. En el caso de ANCAP, Pacheco había pedido la colaboración para tres puntos: la intermediación frustrada de la financiera Exor para la cancelación de la deuda con la petrolera estatal venezolana Pdvsa, la contratación de remolcadores a la empresa Kios y los negocios con Ecuador en los que estaba involucrada la empresa multinacional Trafigura.
Con la falta de la Jutep como asesor, el fiscal avanzará con la causa sin consultas externas sobre esos puntos. El equipo multidisciplinario que está analizando el uso de las tarjetas corporativas en ALUR -a raíz de una ampliación de la denuncia realizada por el Partido Independiente- no cuenta con los conocimientos necesarios para trabajar sobre esos temas.
El objetivo era que el caso se resolviera antes de que comenzara la feria judicial mayor (el 22 de diciembre), pero eso no será posible y el pronunciamiento de Pacheco sobre si pedirá o no procesamientos se aplazará para febrero o marzo.
Denuncias que se agregaron al expediente, respuestas pendientes y algunos cambios en la agenda de audiencias demoraron la investigación más de lo previsto.
