Fiscal y técnicos ingresan al Batallón 14 en búsqueda de desaparecidos

Un equipo de técnicos, antropólogos y arqueólogos ingresará esta mañana al Batallón 14 de Toledo, para realizar los primeros trabajos que pueden derivar en excavaciones junto al fiscal especializado en Derechos Humanos, Ricardo Perciballe. Según explicó Perciballe a El Observador, se va a empezar un trabajo de campo previo. Si amerita, se dará pasó al ingreso con un georadar para finalmente iniciar las excavaciones, en caso "de que surjan indicios de la existencia de elementos extraños que lo habiliten".

La denuncia que pide que se investiguen presuntos "movimientos de tierra anómalos" bajo la enfermería y un galpón construidos entre finales de la década de 1970 y principios de 1980, fue presentada por el periodista Marcelo Falca, basada en relatos de fuentes militares y familiares de detenidos desaparecidos. La causa es patrocinada por el abogado Óscar López Goldaracena.

Perciballe tiene a su cargo la totalidad de las causas por hechos cometidos durante la dictadura, y no sabe a ciencia cierta cuántos casos son. Según un relevamiento de la Fiscalía de Corte hay 208 causas iniciadas en todo el país pero según el Observatorio Luz Ibarburu hay expedientes registrados.

El fiscal agregó que en los tres meses que lleva en el cargo actuó en entre un 15% y 20% de las causas. En la mayoría de los casos medidas de prueba para avanzar en las investigaciones.

Además pidió procesamiento de siete militares. En la investigación por el "Operativo Morgan" (desarrollado entre octubre de 1975 y junio de 1976) contra el Partido Comunista del Uruguay y la Unión de Juventudes Comunista, pidió el procesamiento de Jorge Silveira, José Gavazzo y Ernesto Ramas por abuso de autoridad -aplicación de torturas- y privación de libertad; y en un presunto homicidio cometido en 1972, un año antes de iniciarse la dictadura cívico militar, pidió el procesamiento de otros cuatro militares. Además dijo también que actúa en otras causas que aún no han salido a la luz y no quiso informar de ellas.

Por otra parte, pidió la extradición de los militares Wellington Sarli y Manuel Cordero, quienes cumplen condena en Chile y Argentina. También pidió archivar algunos casos -menos de cinco- por entender que no ameritaba iniciar la investigación.

Causas judiciales por delitos cometidos durante la dictadura, fueron presentadas en la Justicia desde el año 1985 en que terminó la dictadura hasta la fecha.

Están en la etapa de presumario, es decir que aún continúan en la etapa de investigación judicial sin que haya habido pronunciamiento de la Justicia. Otras 39 se acumularon con otras causas iniciadas anteriormente, y en otra se declinó competencia del juzgado de Tacuarembó hacia Montevideo.

Denuncias fueron archivadas por decisión de los jueces a pedido de los fiscales.

Están en la etapa de sumario, es decir que hubo procesamientos pero falta la sentencia de condena. Ellos son el homicidio del maestro Julio Castro por el que fue procesado José Gavazzo; de Aldo Perrini por el que fueron procesados Pedro Barneix (quien se suicidó) y José Puigvert por un delito de homicidio político en calidad de autores; y el procesamiento con prisión de Gregorio Álvarez (fallecido) por tortura en concurso formal con un delito de abuso de autoridad contra los detenidos.

Causas ya concluyeron con la condena de los militares.

José Gavazzo, José Arab, Jorge Silveira Quesada, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente, Ricardo Medina y José Felipe Sande. El 26 de marzo de 2009 fueron condenados como autores responsables de 28 homicidios muy especialmente agravados en reiteración real, a la pena de 25 años de penitenciaria.

Gregorio Álvarez (fallecido) y Juan Carlos Larcebeau. El 21 de octubre de 2009 la Justicia los condenó como coautores responsables de 37 homicidios muy especialmente agravados en reiteracion real, y de 29 delios, respectivamente.

Ernesto Prado Soca. Fue condenado el 13 de diciembre de 2010 como coautor responsable de 28 homicidios muy especialmente agravados en reiteración real a la pena de 15 años de penitenciaría.

Julio Maria Bordaberry y Juan Carlos Blanco (fallecidos). El 30 de junio de 2011 la Justicia los condenó como coautores responsables de un delito de homicidio muy especialmente agravado por la muerte de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz

Juan Carlos Blanco. El 21 de abril de 2010 fue condenado como caoutor de homicidio muy especialmente agravado a la pena de 20 años de penitenciaría por la muerte de la maestra Elena Quinteros.

Juan María Bordaberry. El 9 de febrero de 2010 se lo condenó como autor de atentado contra la Constitución en reiteración real con 9 crímenes de desaparición forzada y 2 crímenes de homicidio político, a la pena de 30 años de penitenciaría y 15 de seguridad.

Ernesto Prado Soca. Condenando como coautor responsable de 28 homicidios muy especialmente agravados en reiteración real a la pena de 15 años de penitenciaría.

José Nino Gavazzo, José Arab, Gilberto Rodríguez, Jorge Silveira y Ricardo Medina. El 14 de febrero de 2017 fueron condenados como co-autores penalmente responsables de un delito de homicidio intencional muy especialmente agravado, a la pena de treinta años de penitenciaría para cada uno.