Fiscalía busca que los US$ 14 millones incautados a Balcedo se queden en Uruguay

En un extremo de la sala de audiencias del juzgado de Crimen Organizado, y centro de las miradas y de las cámaras, el sindicalista Marcelo Balcedo y su pareja Paola Fiege, escuchaban al fiscal Rodrigo Morosoli leer la larguísima lista de bienes que les fueron incautados en Uruguay. Autos, camionetas y motos de lujo, doce padrones de entre US$ 20 mil y US$ 1,6 millones que conforman la casona El Gran Chaparral en Playa Verde, aeronaves, animales exóticos, joyas Cartier, relojes Rolex y carteras de marcas como Luis Vuitton.

La lista seguía con dinero en efectivo –muchos millones en cofre corts de Punta del Este y Montevideo que fueron abiertos por orden judicial-, otros miles de billetes entre dólares, pesos argentinos, uruguayos, reales y otras monedas en carteras y una caja fuerte que estaba dentro de la habitación de la pareja en su casa de Playa Verde, así como participaciones por parte de Fiege en sociedades anónimas, una de ellas panameña. El fiscal decidió hacer una especie de resumen para no extender demasiado la jornada.

Ese millonario patrimonio contrastaba con la apariencia con la que ambos se presentaron en el juzgado: él de jean, remera y championes; ella con calzas y championes. Además, en opinión de la Fiscalía, es la prueba para enjuiciarlos por los delitos de lavado de activos, tráfico de armas y contrabando.

La audiencia culminó cuando el juez de Crimen Organizado Pablo Benítez decretó 120 días de prisión preventiva para ambos. Morosoli había pedido 150 días por entender que esa medida cautelar era la única aplicable para evitar la fuga y que en ese tiempo podía culminar la investigación, pero el magistrado entendió que cuatro meses eran suficientes. Por ley, la Fiscalía tiene un año con opción a dos para investigar mientras la persona está detenida.

Esos cuatro meses se empiezan a contar desde ahora. La prisión que cumplían desde el 4 de enero en Cárcel Central era un arresto adminstrativo a raíz de la orden de captura internacional librada por la Justicia argentina y su posterior solicitud de extradición, que corre en otro expediente por separado.

Justamente, el fiscal explicó este martes luego de la audiencia que Balcedo y Fiege no serán entregados a la justicia de su país hasta que no termine el proceso en Uruguay. La audiencia por la extradición se realizará este miércoles.

La idea del fiscal es que el dinero que se recaude por los bienes incautados -que se estiman en más de US$ 14 millones-, se quede en Uruguay. De todos modos, explicó en rueda de prensa que será el juez quien, cuando finalice el proceso, dictamine sobre ese punto.

Balcedo y Fiege llegaron al juzgado de la calle Bartolomé Mitre sobre las 9.30, media hora antes de la hora prevista, en camionetas de la Policía y la Guardia Republicana que ingresaron raudas y veloces al garage del edificio. Fueron los primeros en ingresar a la sala de audiencias, junto a sus abogados, Víctor Della Valle y Alejandro Balbi.

A lo largo de las dos horas que duró la audiencia fue un tira y afloje entre el fiscal -que intentó demostrar la culpabilidad de Balcedo y su pareja- y la defensa que atribuyó todo a un móvil político, además de remarcar que tuvieron poco tiempo para acceder a las pruebas presentadas en contra de sus clientes.

Morosoli señaló que no existía declaración lícita alguna de los bienes y millones que desembolsaba la pareja en propiedades, autos y sueldos y que, señaló que provienen de maniobras delictivas. En el caso de Fiege, el fiscal recalcó que no surge que tenga ingresos por ningún trabajo y sin embargo, muchos de los bienes están a su nombre. A su vez, era la encargada de pagar miles de dólares en efectivo (sueldos de entre US$ 500 y US$ 5.800, mientras que en el BPS sólo declaraban sueldos de $20 mil) a las personas que le prestaban servicios a la familia.

En tanto, el principal planteo de la defensa fue señalar que la motivación política del juez federal Ernesto Kreplak.Según explicaron Della Valle y Balbi, Kreplak "tiene una disputa con Balcedo por temas políticos". "Tuvieron enfrentamientos. Eso motivó violentas campañas del juez que tiene el presumario (de la investigación del sindicalista) hace dos años", dijo Della Valle en la audiencia.

"Todos los elementos que se mencionan están teñidos de una relación política. Es un juez que ha sido denunciado por Balcedo", insistió Della Valle.

Mientras era nombrado, Balcedo permanecía en silencio. A su lado, su pareja con el ceño fruncido, intentaba despegar un pegotín de la mesa o se miraba y jugaba con sus manos.

La defensa también se mostró molesta por el procedimiento de detención de la pareja. "Se hizo una irrupción violenta en la casa. Entraron con armas largas, le pusieron una pistola en la cabeza a la mucama...", dijo Della Valle.

"Disculpe, ¿podría hablar?", interrumpió a los pocos minutos Balcedo, quien hasta ese momento se había quedado callado, salvo por alguna conversación de oído a oído entre él y su pareja y para, al poco tiempo de iniciada la audiencia, pedir un "cuarto intermedio" para ir al baño. El imputado quiso pedir la palabra para explicar cómo había su detención pero el juez le dijo que esperara su turno.

Della Valle tomó un poco de agua de una taza con un impreso de Bob Esponja antes de intentar, junto con Balbi, argumentar por qué se oponían tajantemente a lo decretado por el juez. "Me asombra que diga que este matrimonio se va a fugar del país. Se les está aplicando una pena anticipada", manifestó Balbi. Agregó que hace 11 años que la pareja está radicada en Uruguay y que todas las medidas que se podían aplicar ya estaban en curso porque sus bienes fueron incautados, incluidos sus pasaportes.

A continuación, los tres hijos de Fiege y Balcedo cobraron protagonismo pese a no estar presentes. Para la defensa, haber sido testigos del arresto de sus padres fue dañino para los menores y basaron su explicación en una pericia psicológica, que no fue aceptada por el juez como prueba en esta instancia pero que podrá ser usada más adelante.

De hecho, en un recurso de reposición presentado por la defensa, argumentó que pretendían el arresto domiciliario para Fiege, porque era quien se iba a encargar de sus hijos, que ahora están al cuidado de una familiar. "Acá está en juego la salud mental de niños menores de edad. El informe dice que los daños pueden ser irreparables (...) Este pedido más que en defensa de Fiege es atendiendo al interés supremo de los niños", insistió Balbi apelando a la humanidad del juez. Fiege asentía con la cabeza.

Sin embargo, el fiscal Morosoli dijo que investigará la relación de Fiege con sus hijos porque le consta que el día que los detuvieron no estaban con sus padres. Argumentó entonces que quería ver "qué tan presentes estaban en la vida de su niños" esos padres.

El juez no hizo lugar al recurso presentado y tanto Fiege como Balcedo salieron del juzgado con cuatro meses por delante de cárcel en medio de una investigación que ayer tomó forma en Uruguay.