Flexibilizar acceso a jubilaciones costó casi US$ 2.000 millones pero ayudó a bajar la pobreza

La implementación de la nueva ley implicó un costo entre 2009 y 2016 de entre US$ 1.639 millones y US$ 1.917 millones, según la investigación "Los desafíos de la seguridad social en Uruguay, elaborado por los consultores de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Martín Lavalleja y Victoria Tenenbaum, presentada este lunes.

Además, el trabajo da cuenta que si la ley no hubiera existido y los trabajadores no hubiesen podido continuar en actividad luego de los 60 años, la pobreza se hubiese incrementado en 1,6 puntos porcentuales para el total de personas y la desigualdad en 0,6 puntos porcentuales en el año 2015.

En el período estudiado las altas de jubilación crecieron por las tres causales (vejez, invalidez y común) hasta alcanzar las 211.063, con un pico en la casual de edad avanzada que se registró en 2010. También se registró un alza significativa en la causal común hasta el año 2010 (para luego descender) y en invalidez se registró un incremento sostenido a partir de 2009, dice el estudio.

Según la investigación, en el caso de las altas por invalidez parecería haberse facilitado la configuración de causal, especialmente en los últimos dos años del período. Mientras en el año 2009 eran 2.246 en 2015 alcanzan a 6.487, es decir, un aumento de 288%.

El incremento más significativo se dio entre las mujeres y se produjo en los últimos dos años. La investigación explica que desde el Banco de Previsión Social (BPS) se señala que hubo un cambio en la gestión debido a que se agilizaron las juntas médicas, y a su vez se modificó en 2013 el baremo que mide el grado de invalidez.

Altas por sexo

Al comienzo del período el 60% de las altas correspondía a hombres y el 40% a las mujeres. Sin embargo en 2014 y 2015 la distribución se presenta igualitaria por sexo.

El análisis realizado por Lavalleja y Tenenbaum muestra que una alta proporción de los hombres aún siguen cumpliendo los requisitos de la ley anterior (mayores años de servicio), por lo que igual hubieran accedido a la jubilación, mientras que una proporción importante de las mujeres logran acceder a la causal jubilatoria, debido a los cambios que presenta la nueva ley.

"La nueva normativa ha contribuido en compensar y corregir las desigualdades de género que se producen en el mercado laboral, mediante el reconocimiento de años de cuidado de hijos que implican un retiro total o parcial de la actividad", dice el trabajo.

También el cómputo de hijos tuvo un mayor peso para mejorar el monto jubilatorio de las mujeres que para obtener causal jubilatoria. No obstante, en el caso de la jubilación por edad avanzada son mayores los porcentajes de mujeres que lo utilizan para acceder a la causal (30% frente a 24% en el caso de jubilación común), explica el trabajo.

Por otro lado, antes de la promulgación de la ley 18.395 se registraba una leve tendencia creciente de la edad de retiro en la jubilación común, mientras que posterior a su promulgación la misma se mantiene relativamente constante en 63 años.

En tanto, en la causal edad avanzada, la edad disminuye significativamente de 71 años a 68 años, de manera consistente con las menores edades de retiro contempladas en la nueva legislación, dice el trabajo.

Además, en los años analizados hubo un descenso en la proporción de altas que computan años de testigos junto con una disminución en la cantidad de años computados bajo esta modalidad.

"El descenso en el caso de las mujeres, que parece algo más abrupto, podría vincularse con la posibilidad de computar años por hijo, lo que hace menos necesario el cómputo por testigos para el acceso a la causal", dice el trabajo.

Brecha de género

Los montos jubilatorios se incrementaron tanto para hombres y mujeres aunque la variación fue diferencial: en todos los años creció más la cantidad de jubilaciones de las mujeres. Esto tuvo como resultado una reducción en la brecha de género en las jubilaciones.

"Mientras que en 2009 las altas de jubilación promedio masculina era 34% superior a la femenina, en 2015 la diferencia es 20%. Nuevamente, la ley de flexibilización logra que tanto el cómputo de hijos como el menor requisito de años de servicio se traduzcan en una mayor cantidad de mujeres que logran jubilarse contribuyendo al cierre de la brecha de género", dice el trabajo.

Que modificó la ley

* Jubilación común: se reduce el requisito de años de servicio de 35 a 30. La edad de jubilación se mantiene en 60 para todos.

* Se flexibiliza el régimen de jubilación por edad avanzada y cambian los requisitos para jubilación por incapacidad total.

* Se otorga a la mujer un año adicional de servicio por cada hijo nacido vivo o adoptado menor o con discapacidad, con un máximo total de cinco años.

Dato

El número de altas de jubilaciones anuales pasaron de ser 12.590 en 2007 a 29.319 en 2015, lo que significa un aumento de 133%, presentando un pico en 2010 cuando alcanzaron las 33.115.

La primera flexibilización

Como resultado del Diálogo Social sobre Seguridad Social iniciado en 2005 –que involucró al gobierno, trabajadores y empresarios–, se aprobó en 2008 por unanimidad de todos los partidos la ley de flexibilización del acceso a las jubilaciones.

La reforma buscaba subsanar ciertos escollos que había fijado la reforma de 1995 para poder acceder a una jubilación. Las condiciones de jubilación se habían endurecido en 1995, cuando se pasó de 30 a 35 años de aportes requeridos para llegar a la jubilación. Estudios académicos comprobaron que a trabajadores de bajos ingresos se les hacía bastante difícil configurar causal jubilatoria y la crisis del 2002 había agravado la situación.

Por eso, se volvió a bajar a 30 los años de servicio mínimos y se flexibilizaron otras formas de acceso como la jubilación por edad avanzada, por incapacidad o por subsidios al desempleo.

Nueve años después en 2017, los efectos de esta ley volvieron al centro del debate político, a instancias de la presentación de la Rendición de Cuentas, en la que figura un aumento anual de US$ 100 millones en las transferencias al BPS.

Lea también: La reforma previsional, un debate que no envejece