Forenses paran por 72 horas y afectan investigaciones de la Justicia Penal

Según explicó a El Observador el presidente de la Asociación de Médicos Forenses del Uruguay, Álvaro Zabaleta, si bien no se entregará información a los jueces, sí se harán las autopsias de modo de entregar los cuerpos en tiempo, "para no hacer sufrir a las familias" de los fallecidos. Sin embargo, no se entregarán los protocolos de autopsia, un documento en el que se describe la forma en la que murió el sujeto estudiado, y que puede ser determinante para esclarecer un homicidio.

Los médicos forenses reclaman un régimen laboral de turnos de 24 horas un día a la semana, en lugar de turnos semanales en los que trabajan todos los días 24 horas. Según explicó Zabaleta, por contrato los forenses trabajan 30 horas a la semana, cuando están de turno pueden ser llamados a cualquier hora del día para asistir al lugar de un homicidio, o realizar autopsias, pero cuando no lo están distribuyen esas horas.

Según explicó Zabaleta, en 2016 el Instituto Técnico Forense, la Suprema Corte llegaron a un acuerdo por el que se definió una reestructura de la forma de trabajo que cumplía con las exigencias del gremio, pero luego eso nunca se llevó a la práctica y fue descartado por el máximo órgano de Justicia.

Eso activó una medida sindical por parte del gremio forense por la que se decidió retrasar las juntas médicas, que según Zabaleta, ya estaban retrasadas debido a la falta de personal. En estas juntas los médicos revisan lo ya estudiado a pedido de un juez que requiere mayor precisión. Zabaleta explicó que se aplica, por ejemplo, en casos donde la hora de muerte puede determinar si la coartada de un presunto homicida lo exime de culpa, pero también se utiliza en casos de accidentes o rapiñas donde muchas veces nunca se encuentra al responsable y por lo tanto, lo que hagan los médicos no tiene efecto en el juicio.

Por esta razón, los forenses habían decidido retrasar solo aquellas juntas que no eran urgentes, mientras que las que podrían determinar la libertad o el procesamiento de alguien se trabajaban normalmente. Como consecuencia, el Poder Judicial decidió aplicarles un descuento salarial del 40%, lo que generó la molestia del gremio que respondió paralizando todas las actividades.