Frente Amplio fijó un nuevo Plenario y está más cerca de aprobar el TLC con Chile

El próximo sábado 23 de junio, mientras todas las miradas estén puestas en el Mundial de Rusia, el Plenario del Frente Amplio (FA) definirá si apoya o no el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile, así como la incorporación de Uruguay al Tratado de Cooperación de Patentes (TCP).

La Mesa Política del FA fijó esa fecha para levantar el cuarto intermedio resuelto en el Plenario del 5 de mayo, cuando se resolvió aplazar la discusión y encomendar al Poder Ejecutivo la redacción de un informe acerca del impacto que tendría la firma de ambos acuerdos.

Esos documentos, que fueron remitidos a cada sector de la fuerza política esta semana, son favorables a la aprobación de los tratados, y aseguran que no suponen "ningún costo" paras las áreas "estratégicas" del país.

Aunque el Partido Comunista (PCU), Casa Grande, Liga Federal, y las bases de Montevideo y Canelones propusieron que el Plenario fuera el 21 de julio (para tener más tiempo para analizar los informes), finalmente triunfó la otra propuesta por 15 votos contra 10.

Fuentes de la coalición dijeron a El Observador que "ya están los votos" para la aprobación de ambos tratados a nivel del Plenario. Según explicaron las fuentes, las departamentales del interior que en mayo se abstuvieron darán su apoyo a los tratados.

Además, uno de los informantes dijo que aunque el Partido Comunista (PCU) votará en contra del TLC, no dará pelea a nivel de las bases para trancar su aprobación.

De todas formas, ninguno de los dos bloques se anima a dar el tema por cerrado hasta que no se levanten las manos en el Plenario.

El análisis realizado por el Ministerio de Economía y Cancillería señala que el impacto de la firma del TLC con Chile es "muy moderado", aumentando en US$ 15,2 millones anuales las exportaciones a ese país, informó El País.

Sin embargo, no es el efecto en la economía nacional lo que más le preocupa al Poder Ejecutivo en su insistencia con este tratado, sino la "señal política" que supone. Según expresa el gobierno en el informe, al que accedió El Observador, "el acuerdo de Libre Comercio Uruguay-Chile ha sido y es concebido como un primer paso interesante y una señal política hacia un Uruguay integrado en América Latina y con un acceso creciente y predecible en terceros mercados mundiales".

Asimismo, el gobierno sostiene que el acuerdo con Chile no supone la apertura o desregulación "total" del comercio de servicios, porque el Poder Ejecutivo "preserva normas de carácter legal o constitucional que suponen, en muchos casos, restricciones".

El informe enviado por el Ejecutivo se refiere también a la inclusión en los acuerdos de listas negativas y cláusulas trinquete, dos elementos que el Plenario del FA definió que no deberían ser aceptados por Uruguay en las negociaciones internacionales.

Según el documento, "la negociación bajo una modalidad de Listas Negativas (en la que los países firmantes establecen qué sectores quedan excluidos del acuerdo) no implica desregulación o privatización alguna". Por el contrario, el gobierno opina que esa modalidad "aporta mayor transparencia", ya que identifica "los límites que Uruguay está en condiciones de conceder".

En otro orden, el Ejecutivo expresa que "es errado" afirmar que el TLC con Chile contempla la denominada "cláusula trinquete", que impide a los países firmantes reintroducir barreras que aceptaron perder en el acuerdo. "En el caso del acuerdo con Chile, ambos países nos hemos comprometido a no empeorar las condiciones de acceso o de otra índole a los proveedores de servicios de la contraparte", dice el informe.

Casa Grande y el PCU habían criticado la inclusión de esa cláusula en el TLC.