Fundados reclamos del sector privado

Aprobar beneficios laborales sin medir sus consecuencias y recaudar a cualquier costo, para solventar un gasto público sobredimensionado, enfrentan al gobierno y a sus legisladores al fundado reclamo de la totalidad del sector productivo privado y al peligro de mayor desempleo, advertencias que el gobierno no puede permitirse desoír. La Confederación de Cámaras Empresariales, que integran 24 gremiales de diferentes sectores, solicitó por carta al presidente Tabaré Vázquez una rebaja del 10% en la electricidad y del 30% del gasoil para poder competir, especialmente en exportaciones.

Aunque sea en niveles más bajos, el pedido exige ser atendido. Pero el gobierno está embarcado en el pernicioso rumbo contrario. Trata de justificar más subas de tarifas con el argumento de que el previsto crecimiento del entorno del 3% anual indica una general salud económica que permite absorber costos crecientes de producción. La realidad es muy diferente. Como señaló el presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, la situación "es asimétrica entre sectores", porque mientras algunos están en mejor situación, la mayoría enfrenta serias dificultades. Enfatizó además que la actual estructura de costos de producción conduce a que sigan en caída la inversión y el empleo.

La piedra del escándalo está centrada en UTE. Las autoridades del ente señalan desde 2015 que sus ganancias le permiten reducir tarifas. Pero año a año el gobierno ignora esas recomendaciones, imponiendo aumentos con el único fin de solventar su gasto y tratar de apuntalar un déficit fiscal que se resiste a bajar y que pone en riesgo el grado inversor. El caso de ANCAP es diferente porque su paquidérmica estructura y pésimas administraciones previas, más el aumentado costo del petróleo que importa, mantienen a la empresa en profundas tribulaciones financieras que dificultan la baja de sus tarifas. Pero es igualmente imperativo que el gobierno tenga en cuenta que el alto costo del fueloil conspira contra la viabilidad de los sectores privados que dependen de ese combustible.

Las tarifas no son la única área que muestra claudicaciones oficiales. Cuatro gremiales relacionadas con el sector portuario se han levantado en armas contra el artículo de la Rendición de Cuentas que asegura un mínimo de 13 jornales a los trabajadores aunque cumplan menos jornadas dentro de un mismo mes. Los empleadores señalaron que si una persona trabaja el último día de un mes y el primero del siguiente, cobrará 26 jornales por dos días trabajados. El Centro de Navegación, la Unión de Exportadores, la Gremial de Molinos Arroceros y la Cámara de Armadores Pesqueros estiman que ese artículo conduce a aumentos de costos operativos insostenibles para las empresas.

Las cifras que presentaron en el Parlamento sorprendieron a muchos legisladores que, como sucede frecuentemente en sus decisiones, aprobaron una medida sin estudiar debidamente sus impactos adversos. El artículo objetado tiene como meta permitir la inclusión de trabajadores zafrales en el Fonasa para que tengan asistencia sanitaria, meta que puede alcanzarse por otras vías que ya existen en el Banco de Previsión Social. El gobierno se empeña en que el país produzca más y exporte más. Pero lo que ocurre con las tarifas de electricidad y combustibles y con los 13 jornales tiene exactamente el efecto contrario.