Ganancias no sólidas

Es relativamente sencillo mostrar ganancias cuando se dispone de un mercado cautivo de consumidores mediante un servicio monopólico que opera sin competencia. Es el caso del superávit que se anuncia en ANCAP por segundo año consecutivo.

Es cierto que el actual directorio ha mostrado solvencia en mejorar, dentro de las limitaciones estructurales de la empresa y de lo que le permiten los sindicatos, el desastre administrativo de la era Sendic, cuando el ente acumuló pérdidas por US$ 800 millones y tuvo que ser capitalizado por el gobierno con US$ 623 millones para sobrevivir. Pero sigue siendo evidente el peso injusto de una empresa pública, cuya supervivencia solo es explicable por la defensa de los puestos de su excesivo personal y del estatismo exacerbado al que se aferran el Frente Amplio y otros sectores políticos aunque opere en detrimento de la población. El mal viene desde hace décadas, aun antes de que la alianza de izquierda accediera al gobierno en 2005. Pero las claudicaciones se acentuaron precipitadamente desde entonces por pobreza de gestión y gastos sospechosos que están siendo investigados por el Parlamento y la Justicia.

Los US$ 15 millones de ganancia anunciados por ANCAP en 2016 treparon el año pasado a entre US$ 30 millones y US$ 50 millones, según adelantaron a El Observador fuentes de la empresa. La realidad detrás de esas cifras, sin embargo, conforma una historia más oscura que color de rosa. Los sucesivos aumentos de tarifas, el último del 9,8% en promedio desde comienzos de año, fuerzan a todos los habitantes a pagar los combustibles más caros de la región. La baja en el precio del petróleo no fue trasladada a los consumidores, como hubiera correspondido, sino que se destinó a apuntalar las frágiles finanzas del ente y a saciar la voracidad recaudadora del gobierno.

El director por la oposición Diego Labat destacó, al censurar la lentitud de la corrección de ineficiencias, que el precio de cada litro de combustible que compra un consumidor incluye $ 1,80 para seguir subsidiando el biocombustible de la cuestionada subsidiaria ALUR y al deficitario negocio del cemento. Y su actividad estrella, la refinería de La Teja, es un ejemplo de baja productividad, hasta tres veces menor que instalaciones similares en Chile o Estados Unidos, en gran parte por exceso de personal.

Cerrar una empresa ineficiente para la población, como es la ANCAP actual, no está obviamente en la agenda del gobierno actual o uno futuro, ni siquiera de otro partido. Pero al menos podría atenuarse su peso gravoso sobre la población si se abriera la importación por otros actores de combustibles ya refinados, creando un mercado competitivo que le permitiera a los consumidores elegir a quien comprar. Lo señaló hace muchos años el expresidente Jorge Batlle y acaba de proponerlo el dirigente nacionalista Luis Lacalle Pou. Pero esa sana medida exigiría que ANCAP cerrara ALUR y la fábrica de cementos y otras actividades que son perdidosas. Mientras ello no se haga por la cerrada veneración de un estatismo a ultranza y por necesidades fiscales del gobierno central, producto de errores del pasado, los uruguayos seguiremos pagando tarifas altas que afectarán a la población y a todo el aparato productivo.