Gobierno encamina plan para terminar definitivamente con los palomares de Casavalle

La construcción de calles permitirá el ingreso más fácil de la Policía, que hoy tiene que exponerse en los enrevesados pasadizos que hay entre las viviendas.

Las fuentes dijeron que el asunto fue motivo de análisis en reuniones al más alto nivel entre autoridades del Ministerio del Interior, la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Desarrolo Social, que se manifestaron de acuerdo con los planteos en materia de seguridad que se realizaron.

Un policía aseguró que no hubo resistencias porque todos llegaron a la conclusión de que no solo es un grave problema de seguridad pública sino también de degradación de personas, en especial de niños que viven allí.

La Policía comenzará a instruir a cadetes de la escuela nacional de Policía ya que se espera que sea un trabajo titánico. La fecha que se maneja con más fuerza para el censo es el mes de marzo.

Fuentes policiales dijeron que el último operativo en Casavalle, considerado el mayor en la historia con 68 órdenes de allanamiento, dejó en evidencia aspectos que la Policía ya conocía pero que algunos detalles sorprendieron a los uniformados que participaron del mismo.

La Policía pudo conseguir información de calidad que habilitó a que fiscales accedieran a pedir tantos allanamientos aunque se hace muy difícil las tareas de inteligencia por la conformación que tienen los grupos delictivos que actúan en esa zona de la capital.

Según las fuentes, hay tres grandes grupos que actúan y están enfrentados en el Borro, uno de los barrios que integra la llamada cuenca de Casavalle.

Dos de esos grupos son organizaciones familiares y el otro una banda más tradicional, denominada "los Camala", que en su momento estuvo liderada por el narco asesinado Rodríguez Segade pero que hoy está muy debilitado.

Uno de los dos grupos familiares está conducido por una mujer de 62 años, a la que tras el allanamiento se le aplicó prisión domiciliaria. Esta delincuente trabaja con otra mujer y con un nutrido grupo de muchachos, varios de ellos sus nietos, y el resto integrantes directos o indirectos de la familia. De allí la dificultad de la Policía para infiltrar al grupo.

El esposo de esta mujer de 62 años era un reconocido delincuente apodado el Yinga, que en determinado momento tuvo discrepancias con uno de sus nietos de 21 años por la forma en que la banda estaba actuando.

"El hombre era un delincuente de códigos antiguos y en una de las discusiones, su nieto lo mató de un balazo", dijo un investigador. El nieto sigue ahora integrando la banda con su abuela, la viuda del hombre asesinado. A la banda se la sigue conociendo hoy como "los Yinga".

El oficial dijo que la Policía se siente impotente porque hay aspectos que claramente no dependen del Ministerio del Interior sino de otras reparticiones del Estado como el Mides o el Inau. No obstante, la fuente dijo que en las reuniones interministeriales se evaluó que algunas medidas radicales como quitarle la patria potestad a personas que usan niños de 7 u 8 años para realizar tareas delictivas dentro de la banda. No obstante, se concluyó que se debe manejar con cuidado porque esos niños crecerían con un mayor encono contra el Estado que los apartó de sus padres.

Las fuentes dijeron que esta banda de los Yinga se había especializado en desalojar a punta de pistola a vecinos del lugar para ocupar sus casas, y así venderlas o utilizarlas como aguantaderos.

Los policías encontraron que grupos de tres o cuatro viviendas estaban conectadas entre sí.

La vivienda que vivía la líder de los Yinga tenía todas las comodidades, plasma y yacuzzi.

Aunque los policías no se explican por qué razón a la mujer se le dio prisión domiciliaria, un investigador dijo que esto obedeció a que colaboró para poder atrapar a delincuentes que eran más peligrosos para la seguridad pública.