El Poder Ejecutivo respondió al director de la Organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, que a través de una carta abierta al canciller
Rodolfo Nin Novoa había dicho que el silencio de Uruguay sobre la "dictadura de (Nicolás) Maduro" era "desolador".
La carta de Vivanco fue difundida el martes y en ella instaba "respetuosamente" a adherirse a la carta impulsada por el denominado Grupo de Lima y firmada por 53 Estados en la que se condena la violación de derechos humanos en el país caribeño. En la misiva, el director ejecutivo de HRW calificaba como "decepcionante" que Uruguay, un país al que define como "históricamente aliado de la protección y promoción de los derechos humanos en las ONU", no se haya adherido a la iniciativa peruana.
"El Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay reitera su profunda preocupación por el deterioro de la calidad democrática y la creciente polarización política y social que atraviesan países de América Latina y que en algunos casos ha provocado y provoca situaciones de violencia y violaciones a los derechos humanos absolutamente condenables", dice el comunicado de Cancillería titulado Posición del Uruguay sobre las situaciones de violencia que atraviesan países de la región.
De todas formas, el
gobierno explica que si bien la preocupación es compartida "por la enorme mayoría" de los países de la región no se ha "logrado consenso" sobre las formas en que se debe cooperar para el "restablecimiento pleno de los derechos fundamentales en dichos países".
Según el comunicado, Uruguay se "ha pronunciado siempre que lo ha considerado necesario" con apego a los "principios que fundan la posición del país" y los asumidos en la Organización de Estados Americanos. "Pero lo ha hecho y lo continuará haciendo, siempre, considerando todos esos principios y compromisos y no invocando algunos selectivamente", agrega.
En ese sentido, señala el derecho internacional a nivel regional y multilateral, la promoción de la vía pacífica para la solución de conflictos, la defensa y el fortalecimiento de la democracia pero también el principio de "igualdad jurídica" de los Estados y de "no intervención" en los asuntos internos de los países "tal como expresa el artículo 19 de la Carta de la OEA".
El comunicado también recuerda que Uruguay respaldó el 18 de julio una declaración de la OEA sobre la situación de Nicaragua en el que se condena "la violencia que ha dejado hasta el momento más de 360 muertos y un número indeterminado de heridos y desparecidos y el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza".
Sobre
Venezuela, en tanto, asegura que la posición del gobierno uruguayo ha sido "ampliamente explicitada" y que no habrá "estabilidad ni paz" sin un "acuerdo político entre los diversos actores a través de un diálogo amplio".
El texto agrega que la democracia es "esencial" para el desarrollo de los países pero "como ha sostenido la OEA" la historia latinoamericana muestra que "aislar a los países cuyos pueblos pierden o ven menoscabado el goce de sus derechos humanos y sus libertades individuales, o cuyos sistemas políticos se alejan del sistema democrático representativo de gobierno, en lugar de contribuir a una salida pacífica y negociada, aventa las posibilidades de cooperación".