Gobierno prometió por cuarta vez implementar línea de asistencia al suicida

Una tormenta fuerte se desató sobre buena parte de Uruguay este sábado 17. Esa noche, cuando el ruido de los truenos no dejaba de retumbar, en la ONG Último Recurso apagaban los celulares a los que llamaban las personas que pensaban suicidarse y buscaban ayuda. Esa organización era la única del país que realizaba servicios de asistencia telefónica y en persona a los uruguayos que consideraban la autoeliminación. A partir de este domingo de madrugada, la línea de crisis de Último Recurso dejó de funcionar y el gobierno prometió por cuarta vez que lanzará un servicio estatal con el mismo objetivo.

El primer anuncio ocurrió durante el mandato de José Mujica en 2011. En ese momento se creó el Plan Nacional de Prevención del Suicidio, que buscaba priorizar la salud mental y disminuir la incidencia de las autoeliminaciones en la sociedad uruguaya. La inauguración de una "línea telefónica de apoyo, orientación y contención" era uno de los objetivos que se trazaba el proyecto. El Ministerio de Salud Pública (MSP) iba a ser el encargado de ponerla en funcionamiento antes de 2015.

Esa idea no prosperó y al año siguiente, bajo la presidencia de Tabaré Vázquez, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, anunció que se requería "un fuerte compromiso en cuanto a la protección de la vida" y por eso la cartera incorporaría una línea de asistencia para que los uruguayos en crisis emocional recibieran "orientación". La suba en la tasa de suicidios -que en 2016 se ubicó en 20,37 cada 100 mil habitantes, la segunda más alta desde la crisis económica de 2002- preocupaba al ministro, que mencionó "la falta de redes de apoyo" como uno de los factores que favorecían el aumento de los casos de suicidio.

Pasaron los meses y tampoco hubo novedades sobre la línea de asistencia telefónica, hasta que la exsubsecretaria de Salud Pública Cristina Lustemberg se pronunció al respecto en julio de 2017. La jerarca recordó entonces que la Comisión Nacional de Prevención del Suicidio estaba elaborando otro plan nacional de prevención. También anunció que en dos semanas el MSP, en conjunto con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), pondría en funcionamiento una línea telefónica gratuita que trabajaría las 24 horas. La iniciativa tampoco prosperó.

El cuarto anuncio llegó esta semana, una vez que salió a la luz que Último Recurso apagaría los celulares por falta de apoyo estatal. Fuentes de ASSE dijeron a El Observador que abrieron un llamado en febrero para contratar a estudiantes de psicología para que atiendan los teléfonos de una línea de asistencia financiada por el organismo. "Antes de finales de abril tendría que estar funcionado", señaló un informante de la institución.

El proyecto de ASSE contempla una vez más una línea de teléfono gratuita que funcione las 24 horas. La idea de las autoridades es que cualquier uruguayo pueda llamar -aunque no sea usuario de ese prestador de salud- y los técnicos harán las derivaciones correspondientes. Las personas que atenderán el teléfono serán financiadas por ASSE y luego cada mutualista se hará cargo de los tratamientos de los pacientes.

Fuentes del organismo afirmaron que se pretendía que la línea de asistencia ya estuviera en funcionamiento, pero "hubo muchos postulantes" y todavía están en el proceso de selección. A su vez, explicaron que la creación de la línea telefónica estatal "no tiene nada que ver" con el cierre de Último Recurso, ya que trabajaban en su implementación desde antes de que se conociera la noticia.

Unos 15 uruguayos por día llamaban a las líneas de teléfono de Último Recurso. El servicio funcionaba las 24 horas del día y cerca de 12 técnicos trabajaban en el último tiempo en la organización. La directora y fundadora del proyecto, Silvia Peláez, dijo a El Observador que la falta de apoyo estatal responde a "una lógica de pensamiento tercermundista" de las autoridades.

La ONG trabajó durante casi 30 años en Uruguay y atendió a unas 11 mil personas, afirmó la psiquiatra. Además de la línea de asistencia, la organización tenía convenios con distintos organismos del Estado y realizaba proyectos en puntos del país donde la tasa de suicidio fuera muy alta. Ese fue el caso de Castillos (Rocha) o de Carmelo (Colonia), dos localidades en donde se concentró el trabajo de los técnicos.

La mayoría de las personas llegaba a la organización a través de la línea de teléfono, que les brindaba orientación en el momento para evitar el suicidio. "Lo ideal es que en las primeras 24 horas del intento reciban atención y después tiene que haber una psicoterapia. En teoría, entre las primeras tres y seis consultas se diluye el pensamiento suicida", explicó Peláez.

Los técnicos de Último Recurso también ofrecían seguimiento a los pacientes. Si la persona no tenía el dinero suficiente, en la organización los atendían de forma honoraria o les pedían una donación. En otros casos, la ONG los ayudaba a salir del episodio de crisis y luego les recomendaban terapeutas para que pudieran continuar con los tratamientos de forma particular o en sus mutualistas.

Pelaéz sostuvo que la organización no recibía apoyo internacional, por lo que subsistía en base a convenios con el Estado. El último cayó este mes, cuando el Ministerio del Interior prescindió de sus servicios en el Hospital Policial. El trabajo allí se basaba en una línea de crisis pensada para los policías, pero se extendía a toda la población vulnerable.

"Sentimos mucha tristeza, pero no dejamos sin asistencia a las últimas personas que llamaron. Las estamos derivando de a poco, viendo quién puede atenderlas. El sábado, cuando apagamos los celulares y vimos cómo estaba la tormenta, sentimos que estábamos dejando a las personas a la intemperie", afirmó la psiquiatra.