Informe sobre impuesto a militares afirma que es inconstitucional

El proyecto de ley que grava a las jubilaciones más altas de los militares retirados es una de las prioridades legislativas del Frente Amplio –que se propuso aprobar la propuesta antes de fin de año– pero, para algunos legisladores de la oposición, la norma es inconstitucional.

El texto, actualmente a consideración de la comisión de Hacienda del Senado, establece la creación de un impuesto progresivo por escalas, a aplicarse sobre las jubilaciones por encima de los $ 50 mil nominales, y busca moderar el déficit de unos US$ 400 millones anuales de la caja de retiros castrenses. Para despejar cualquier duda respecto a la legalidad de las modificación, la comisión solicitó informes jurídicos a las cátedras de Derecho Constitucional de las universidades.

La primera en contestar fue la Universidad Católica y su fallo es contundente: la norma va contra de lo dispuesto por la Carta Magna.

El informe, firmado por la profesora de Derecho Constitucional María Paula Garat e ingresado en la comisión este jueves, afirma que el proyecto de ley "es contrario al artículo 67 de la Constitución" en tanto "vulnera el principio de igualdad", al gravar a un grupo de personas "sin que el mismo manifieste una capacidad contributiva mayor que justifique la diferenciación".

Ese artículo de la Constitución, modificado por el plebiscito de 1989, establece que las jubilaciones se financiarán, por un lado, "sobre la base de contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley", y, por otro, gracias a "la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado si fuera necesario". Además, dispone que los ajustes de las jubilaciones nunca pueden ser menores a la variación del Índice Medio de Salarios y solo pueden efectuarse "en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central".

Según la cátedra de la Universidad Católica, "de permitirse el gravamen a las jubilaciones

–como plantea el proyecto a estudio de la comisión– se estaría dejando sin efecto lo ordenado por la Constitución", dado que el Estado, por una parte, podría ajustar o aumentar el monto, pero a su vez "podría quitar dicho aumento con un gravamen impositivo".

El informe también advierte que el impuesto violaría el principio de igualdad, consagrado en el artículo 8 de la Constitución.

En materia tributaria, el texto dice que "el principio de igualdad supone que todos contribuyan a las cargas públicas de acuerdo a su capacidad contributiva", por lo cual "no es admisible que a igual capacidad contributiva se grave más a unos que a otros".

Al respecto, la cátedra agrega que el proyecto de ley "crea una diferenciación a un determinado grupo" y "crearía un impuesto paralelo y aplicable conjuntamente con el IASS".

Finalmente, se añade que los funcionarios de las Fuerzas Armadas "son funcionarios públicos" y "no hay razón para que estos retirados deban solventar por sí mismos el Servicio de Retiros" sin que "haya una igual contribución a las cargas públicas por parte de los demás contribuyentes de la sociedad en igual situación, esto es, con igual capacidad contributiva".

Los militares ya dejaron claro de antemano que, de aprobarse la ley, presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Desde filas castrenses entienden que el impuesto es "injusto", "discriminatorio" y "absurdo", tal como se argumenta en dos documentos de trabajo confeccionados por integrantes activos de las Fuerzas Armadas a los que accedió El Observador.

En uno de ellos titulado "Injusticias del nuevo impuesto a los retirados militares" se afirma que el gravamen propuesto constituye una "doble imposición" en tanto que los retiros de las jubilaciones de los militares ya pagan el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS).

Además, los militares rechazan que se instale la idea de que su sistema de pensiones es el más deficitario, ya que consideran que el Sistema de Retiros de las Fuerzas Armadas no tiene la facultad de "hacer caja" a través de inversiones, como sí lo hacen otros sistemas de pensiones.