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Intendencias aumentaron 27% los cargos de confianza en un año
Aumento de funcionarios públicos se concentró en educación
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27 de enero de 2018 a las 05:00
La proclama de los productores rurales "autoconvocados", centrada en bajar el peso del Estado, volvió a poner el foco sobre un tema que de cuando en cuando asoma en el debate político: el número de funcionarios públicos y su aumento durante las últimas administraciones.
El encargado de situar el tema en la agenda fue el periodista Jorge Landi, quien leyó los reclamos del agro. La primera de las exigencias planteadas pedía "suspender el ingreso a la función pública por al menos 3 años, o hasta el equilibrio de las cuentas fiscales, a excepción de aquellos cargos con requisito de título habilitante o que tengan atención directa a la población en las áreas de salud, educación y seguridad".
Últimamente, los reclamos de ese estilo van de la mano con acusaciones de "clientelismo" y "despilfarro" hacia los gobiernos del Frente Amplio, al que se le achaca haber "llenado" el Estado de funcionarios públicos.
Desde el oficialismo siempre se manejó el argumento de que los aumentos de personal estuvieron concentrados en áreas "prioritarias" como educación, salud y seguridad. Sin embargo, en la oposición destacan que en ninguna de esas tres áreas, pese al crecimiento del personal, hubo mejoras significativas en la gestión.
En los días que siguieron al 23 de enero, varios dirigentes del oficialismo, así como analistas políticos, volvieron a insistir en ese punto en respuesta a los reclamos y consignas de los autoconvocados y sus adherentes.
Alfredo Asti, diputado de Asamblea Uruguay, escribió en Twitter que "algunos siguen insistiendo en el aumento de los funcionarios públicos sin decir que son vínculos laborales fundamentalmente en áreas priorizadas y disminución en Administración Central".
El politólogo Daniel Chasquetti, en tanto, replicó el mensaje de Asti y agregó que los datos "derrumban varios razonamientos sobre el costo del Estado basados en el argumento del clientelismo".
Por su parte, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Alberto Scavarelli, dijo a El Observador que el ingreso de funcionarios públicos es un "proceso que viene en restricción y que a partir de 2018 será más restringido todavía".
Sin embargo, algunos no están convencidos de que los datos oficiales den un panorama completo del asunto. Del otro lado del espectro político, el economista y asesor de Luis Lacalle Pou, Ignacio Munyo, declaró al programa Hora de Cierre (radio Sarandí) que "es un mito que el ingreso de funcionarios sea por policías, maestros y enfermeros" y agregó que le gustaría saber cuántos de esos nuevos funcionarios "entraron a trabajar en la cancha".
Los números
¿Quién tiene razón? El informe Vínculos laborales con el Estado, elaborado por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) y presentada en ocasión de la última Rendición de Cuentas, exhibe algunos números que ayudan a encarrilar la discusión.
El primero es el que siempre salta a la vista: el aumento de los vínculos laborales durante los gobiernos del Frente Amplio. Desde que la izquierda asumió el poder, los vínculos laborales aumentaron 26,7%, pasando de 241.725 en 2004 a 306.269 al cierre de 2016.
Si se cuentan solo los funcionarios públicos (es decir, descontando los contratos a término, los becarios y otros tipos de vinculación laboral con el Estado), el crecimiento en los gobiernos del Frente Amplio es casi igual (27,95%).
Sin embargo, de los 64.131 funcionarios públicos que ingresaron entre 2004 y 2016, la gran mayoría estuvo –como plantearon los productores rurales en su proclama– concentrada en áreas consideradas "prioritarias", como la educación, la salud y el desarrollo social.
El mayor aumento estuvo en los organismos amparados por el artículo 220 de la Constitución (que incluyen órganos desconcentrados de educación, salud y desarrollo). Allí el crecimiento fue de 102%, pasando de 70.349 empleados en 2004 a 142.090 en 2016 (ver tabla).
En ese período, el Poder Ejecutivo redujo 15,8% la cantidad de funcionarios, mientras que los gobiernos departamentales sumaron 6,9% más empleados.
Docentes y algo más
Lo que argumentan algunos dirigentes y asesores de la oposición es que detrás de esos grandes números no necesariamente hay docentes, policías y médicos, sino que también puede estar aumentando la burocracia del sector público.
Si se comparan los formularios de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentados ante la ONSC, se puede constatar que desde 2011 (el primer dato disponible) a 2016 ingresaron 18.920 funcionarios a ese organismo, de los cuales 15.816 (86%) fueron docentes. Las tasas de crecimiento del personal docente en esos años están apenas por debajo de las de todo ANEP: mientras que el número de funcionarios del organismo aumentó 27,7%, el personal docente creció 26,8%.
En ese mismo intervalo, sin embargo, también crecieron los servicios auxiliares y los cargos de confianza. La primera categoría –que comprende "los cargos y contratos que tienen asignadas tareas de limpieza, portería, conducción,transporte de materiales o expedientes, vigilancia, conservación y otras tareas similares"– pasó de 4.800 a 7.162 (49,2% más). Los cargos de confianza, en tanto, aumentaron 102,1%, pasando de 47 en 2011 a 95 en 2016. Esos cargos incluyen los escalafones Q (de particular confianza) y R (residual), y van desde el secretario general del Codicen (que gana $ 100 mil nominales) al asesor letrado (que percibe $ 51 mil). En uno de los formularios de 2011, ANEP aclara que el escalafón R, en el organismo, también representa cargos de confianza.
La particularidad de los cargos de confianza es que no entran por concurso ni sorteo, sino que pueden ser elegidos tanto por idoneidad para la labor como por afinidad política y hasta personal.
Intendencias a dedo
La educación no es el único lugar del Estado donde aumentaron los cargos de confianza. En los gobiernos departamentales (intendencias y juntas) el uso de ese instrumento está mucho más extendido.
De hecho, de los 850 cargos de confianza en todo el Estado, 605 (71,1%) están en los gobiernos departamentales. Eso implica que la incidencia de esos cargos en el total de los funcionarios es cinco veces mayor en las divisiones departamentales que en el conjunto de los organismos estatales.
La expansión de esos puestos (que de 2015 a 2016 aumentaron 27%) fue más pronunciada en las intendencias.
Cerro Largo y Maldonado son algunas de las comunas en las que más aumentaron –en términos absolutos– los cargos de confianza en los últimos años. En el primer caso, pasaron de 0 en 2015 a 163 en 2016. En Maldonado, en tanto, el salto se produjo de 2014 a 2015, con el cambio de administración, pasando de 79 a 106 cargos de confianza.
Entre 2014 y 2016, varios departamentos gobernados por los partidos tradicionales presentaron un importante crecimiento relativo de los cargos de confianza. En Rivera pasaron de 3 a 7 (133%), en Tacuarembó 8 a 18 (125%), y en Florida de de 8 a 14 (75%).
Salto, Flores, Artigas, Durazno, Paysandú y Montevideo son los departamentos que redujeron esos cargos entre una administración y la otra.
La proliferación de cargos de confianza en los gobiernos departamentales tiene su correlato en el nivel de contrataciones directas. Mientras que esta vía de ingreso representa el 8,9% de las contrataciones del Estado, asciende a 56,2% en el caso de las intendencias y juntas departamentales.
Eso implica que casi el 60% de las 2.768 contrataciones por designación directa que tuvieron lugar en 2016 fueron en los gobiernos departamentales, que solo representan el 13,3% del total de funcionarios públicos.
Salud especializada
Después de la enseñanza, el área de la salud fue el que más funcionarios nuevos ingresó en los últimos años. De acuerdo a los formularios presentados ante la ONSC, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) empleaba a 24.352 personas en 2016, un 25,7% más que en 2011. En ese período, los cargos que más crecieron fueron los especializados (37,9%), los profesionales (31%), y los oficios (28,9%). En una dirección contraria fueron los técnicos administrativos (se redujeron 9,53%) y los administrativos (6,73%).
Balance
Para Conrado Ramos, subdirector de la OPP entre 2006 y 2010, el foco no debería estar en las cifras macro, sino en las necesidades de cada organismo, algo sobre lo que –según afirma– "falta información".
"Hablar en términos absolutos no conduce. Hay una sensación en la gente de que ha habido un ingreso no asociado a calidad. Eso tiene que ver con quienes dirigen programas de calidad, en general cargos de confianza, poco preparados", aseguró a El Observador.
En ese sentido, el exjerarca de la OPP indicó que dos buenos mecanismos a implementar son las auditorías de gestión y la declaración de excedencias. "Consistiría en analizar qué perfiles de funcionarios se necesitan y ver dónde faltan y dónde sobran", explicó, aunque agregó que es el camino "más difícil" porque "produce perdedores".
Algo de eso es lo que, según Scavarelli, está empezando a suceder en todos los organismos públicos. Desde comienzos de 2018, cada ministerio que desea hacer un llamado debe someterse a un informe de la Comisión de Análisis Retributivo Ocupacional (CARO) –integrada por la ONSC, el MEF y la OPP–. Scavarelli explicó que el mecanismo se incluyó en la última Rendición de Cuentas y está vigente desde enero. "La CARO recoge la información para ver si hay mérito y oportunidad de llamar a alguien", comentó el jerarca.
Otra medida que empezó a regir este año es la inclusión en los reportes de los funcionarios de sociedades anónimas de derecho privado, propiedad del Estado. Hasta ahora, los vínculos laborales con esas empresas no estaban en la órbita de la ONSC, pero la última Rendición de Cuentas incluyó un artículo que obliga al organismo a "incluir anualmente en la Rendición de Cuentas, un informe del número de vínculos laborales con el Estado, las personas de derecho público no estatal y las entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posea participación mayoritaria, cualquiera sea su naturaleza jurídica".
El jerarca agregó que "se está empezando a tomar registro" y que el dato estará incluido en la próxima Rendición de Cuentas.
Vínculos laborales o funcionarios públicos
Hay dos indicadores distintos para cuantificar el número de personas trabajando para el Estado: los vínculos laborales y los funcionarios públicos.
La diferencia reside en que la primera categoría incluye a los becarios, pasantes, contratos laborales, contratos temporales, y contratos a término. Los funcionarios públicos, en tanto, incluyen los presupuestados, los docentes efectivos, interinos y suplentes, los contratos permanentes de función pública, los contratos policiales y militares y los provisariatos.
Intendencias también en la mira del agro
Además de pedir el ajuste del sector público, ya sea mediante la rebaja de funcionarios, la eliminación de partidas de prensa, o la reducción de los vehículos oficiales, la proclama de los "autoconvocados" exigió un poco más de oxígeno a nivel impositivo.
Con ello, el movimiento rural no solo apuntó al gobierno nacional sino que también le pasó la pelota a los gobiernos departamentales, que son los que perciben la contribución inmobiliaria. Se trata del impuesto que más ha crecido en su incidencia en los últimos años. De 2016 a 2017, la contribución por ese concepto pasó de US$ 78 millones a US$ 89 millones. El intendente de Florida, Carlos Enciso, dijo a El Observador que las comunas no tienen mucho para hacer en ese aspecto porque la contribución "la fija el Poder Ejecutivo".
