Jueces desbordados por violencia doméstica: 12.000 juicios por año

El ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia Eduardo Cavalli reclamó al "sistema político" que reconozca las dificultades operativas que atraviesan los juzgados especializados en Familia. "Están prácticamente imposibilitados para atender la enorme demanda" de distintos tipos de violencia doméstica, aseguró.

En la conferencia de prensa que el Poder Judicial ofreció este martes para presentar los avances logrados por el Grupo de Trabajo en Políticas de Género desde que se formó hace más de un año, el ministro informó que cada uno de los ocho juzgados de esta materia que hay en Montevideo procesa, en promedio, 1.500 demandas al año, es decir que llegan a los 12 mil juicios. "Así es muy difícil, sobre todo si se piensa que un solo asunto puede llevarle a un juez entre dos días y una semana. Imagínense 1.500", sostuvo.

La advertencia de Cavalli va dirigida también a la "demanda agregada" que le supondrá al sistema –según entiende– la aprobación y puesta en marcha de la ley integral de violencia de género, que el Senado ya sancionó el 14 de noviembre, y aun resta sea aprobada por la Cámara de Diputados. "Va a ser fundamental que se provean todos los recursos necesarios, porque ahora el abanico de los tipos de violencia que podrán ser denunciados es mayor", explicó en diálogo con El Observador.

Los registros del Poder Judicial muestran que las denuncias por violencia de género y familiar han aumentado "hasta el triple" respecto a las que había en 2004, cuando se aprobó la ley de violencia doméstica y se crearon los primeros cuatro juzgados de este tipo. "La respuesta siempre ha ido más lenta que la inflación de los casos", lamentó.

Por último, Cavalli también mencionó que, a su criterio, "hace falta una reforma de toda la modalidad del proceso, ya que es totalmente inquisitiva". Es decir, las víctimas comparecen ante un juez, que es quien lleva adelante todo el procedimiento judicial, sin que intermedie un defensor que asesore al denunciante. "Es un diseño que está mal de pique, porque cualquier víctima necesita una instancia libre y privada con un abogado", concluyó.