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Justicia inmoviliza activos de Balcedo en Uruguay por US$ 10 millones
La Justicia determinó la inmovilización de activos y embargos genéricos por un monto que se aproxima a los US$ 10 millones de las propiedades que se han identificado al argentino Marcelo Balcedo y a su esposa, Paola Fiege. El embargo es genérico, lo que implica que no solo abarca lo ya encontrado, sino lo que se pueda hallar, informó Telenoche y confirmó El Observador.
Si bien se debe asignar un monto estimado para el pedido de embargo a los efectos del registro público, desde Fiscalía se presume que el monto puede ser mayor al propuesto. El pedido fue realizado por la fiscal Sabrina Flores, aunque ahora el caso está siendo llevado adelante por el fiscal Rodrigo Morosoli.
Además de la chacra "El Gran Chaparral", ubicada al pie de un cerro sobre la ruta 10, en el límite entre Playa Hermosa y Playa Verde (Maldonado), y de otra casa, ubicada cerca de la costa de Playa Verde, se lograron identificar tres sociedades que presuntamente fueron utilizadas por el indagado para ocultar bienes en el país.
Hasta ahora, la casa y la chacra pudieron ser fácilmente relacionadas con el detenido porque estaban a su nombre. También figura una aeronave que se encuentra en el aeropuerto de Carrasco y fueron incautados varios cofres de seguridad, que hasta ahora no fueron abiertos, según informaron fuentes de Fiscalía. Allí se espera encontrar más dinero.
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Los investigadores creen que no son las únicas que posee en el país, y que estas sociedades, que ya fueron identificadas, permitirán conocer el resto. La Fiscalía, en conjunto con el Banco Central, la Secretaria Antilavado y la Policía del Crimen Organizado, realizan un inventario de todos los bienes y activos que el sindicalista tiene en Uruguay, al tiempo que analizan las transacciones que realizó a través de sus cuentas bancarias, para tratar de determinar si Balcedo lavó dinero en el país.
Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), que nuclea a personal de colegios como cocineros, porteros y encargados de limpieza, fue denunciado por la Unidad de Información Financiera de Argentina por presuntamente haber retirado de las cuentas del gremio 53 millones de pesos argentinos (unos US$ 2,8 millones).
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La Justicia argentina tiene plazo hasta el 4 de febrero próximo para formalizar el pedido de extradición del argentino y su esposa.
