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Justicia repentina: detenciones de exfuncionarios kirchneristas avivan la polémica
Sospechan sobre actitud corporativa de los jueces
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25 de noviembre de 2017 a las 05:00
Argentina sigue siendo un país de extremos: si hasta hace apenas dos años los ciudadanos se sorprendían del grado de impunidad que disfrutaban los funcionarios corruptos, hoy lo que provoca asombro es la celeridad de una justicia que parece decidida a detener con prisión preventiva a figuras de alto perfil sin que haya condena.
Las últimas semanas resultaron pródigas en ese sentido. Fueron tras las rejas el exvicepresidente Amado Boudou y Julio De Vido, anterior "superministro" del gobierno kirchnerista, que tenía a su cargo el millonario presupuesto de la obra pública.
Los argentinos ya se acostumbraron a que, con una frecuencia cada vez más alta, alguna cara famosa aparezca en esa situación.
El procedimiento ya es familiar: la gendarmería lo va a buscar al domicilio, se le comunica la orden judicial de detención y se lo saca de su casa con un chaleco antibalas –a veces también con un casco– y las manos esposadas.
Luego es conducido hasta los juzgados federales en la calle Comodoro Py, y tras ser indagado va a una "cárcel VIP" en Ezeiza.
En cada detención, los medios van perfeccionando su expertise, de manera de sacar el máximo provecho de esas coberturas.
Por ejemplo, cuando fue detenido De Vido ya habían contratado motos para llevar a los camarógrafos y hacer todo el seguimiento hasta Ezeiza sin que el tráfico les hiciera perder un segundo de imágenes.
Y, en el caso de Boudou, hasta se filtró el video del momento de la detención, con el exvicepresidente en jogging y con cara de recién levantado mientras el funcionario leía la orden de detención.
A esta altura, la pregunta que se impuso es quién será el próximo. Hay varios candidatos, tanto entre exfuncionarios como entre empresarios afines al gobierno de Cristina.
Se habla del exdirector de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray; también del exjefe de gabinete, Aníbal Fernández; del banquero Jorge Brito y hasta del actual gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.
Hay quienes se animan a dar pronósticos, como la diputada Elisa Carrió –una de las adalides en la denuncia contra la corrupción K– para quien el siguiente en la lista de detenidos podría ser Aníbal Fernández, uno de sus enemigos preferidos y a quien siempre mencionó como vínculo político del narcotráfico.
Lo cierto es que el tono del debate cambió, pero siempre con el Poder Judicial como objeto de sospecha. Antes se lo acusaba de complicidad con el gobierno kirchnerista, mientras que ahora se lo percibe como revanchista y decidido a una verdadera caza de brujas.
La realidad es que todas las causas por las que se encarceló a los exfuncionarios son de larga data y se mantuvieron en un estado de "cajoneo" durante años.
Ahora, en contraste, no solo se reanudaron las investigaciones con celeridad inusitada, sino que fiscales y jueces muestran una sorprendente vocación por dictar prisiones preventivas para procesados que todavía no tienen fallos condenatorios.
Hay tres motivos para dictar una prisión preventiva: peligrosidad del detenido, sospecha de voluntad de fuga o capacidad de obstrucción de la Justicia. En los casos más resonantes, como el de De Vido y Boudou, se apeló a esta última posibilidad.
El argumento es que, como son exfuncionarios con acceso a la documentación que es investigada, podrían interferir con el accionar judicial.
Por caso, en la detención de De Vido, el fiscal Carlos Stornelli justificó el pedido de prisión en "los graves episodios en trámite" y para "evitar que se conforme una trama de complicidades que fomente el ocultamiento de evidencias y el consenso de estrategias entre los sindicados".
Fue algo que generó críticas hasta en los antikirchneristas más recalcitrantes. Primero, se señala la incoherencia de ese argumento, porque estos procesados tenían más probabilidades de alterar documentación antes, cuando eran funcionarios, que ahora en su condición de ex.
Y segundo, por lo vago y discrecional de la acusación: ¿cómo se determina objetivamente si un exfuncionario tiene voluntad de obstruir el accionar de la Justicia?
Muchos recordaron que, con esos mismos argumentos, se podría haber dictado la prisión preventiva de Mauricio Macri, quien durante su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue procesado en una causa por escuchas telefónicas ilegales.
O, incluso, ya como presidente, cuando se lo investigó en el marco del escándalo de los Panamá Papers.
Y, también con el mismo argumento, podrían ser detenidos en el futuro varios ministros macristas, una vez que hayan dejado el poder si es que prosperan las causas que se les inició por conductas incompatibles con la condición de funcionario público.
Es así que las protestas por la eliminación de la "presunción de inocencia", que antes solo se escuchaba en las trincheras kirchneristas, ahora también empieza a escucharse en medios de comunicación independientes y entre los adherentes al gobierno macrista.
En el caso de De Vido, por ejemplo, el juez Luis Rodríguez consideró que su condición de diputado podía interferir con la investigación en una causa por desvíos de fondos en un yacimiento carbonífero. Tras el desafuero, igual insistió con el pedido.
Se sumó el juez Claudio Bonadio –famoso por su enemistad con Cristina Kirchner–, quien lo investiga por fraude en la compra de gas natural licuado, y quien alegó la acumulación de causas en contra del exministro.
Las críticas a los jueces llegaron hasta de parte de quiénes habían cuestionado la política energética del kirchnerismo, quienes dijeron que las pericias de Bonadio carecían de fundamento.
En medio de ese "efecto péndulo", todas las miradas recaen sobre jueces y fiscales.
Y hay algunas constataciones elocuentes, por ejemplo que muchos de los magistrados que ahora aparecen como los más vehementes contra los exfuncionarios son, precisamente, los que estaban sospechados por su conducta personal.
En algunos casos, las críticas estaban vinculadas a la complicidad con funcionarios acusados, algo que se reflejaba en la rapidez para dictar sobreseimientos o para "dormir" causas en el laberinto burocrático del Poder Judicial.
En otros casos, las acusaciones eran más graves, porque implicaban sospechas de corrupción sobre los propios jueces, cuyos grandes patrimonios y extravagantes estilos de vida se hacían difíciles de explicar con su ingreso salarial.
En este marco, el juez Eduardo Freiler fue destituido tras un juicio político, al considerar que no tiene la probidad necesaria.
El juez no pudo explicar cómo compró su mansión frente a la residencia presidencial de Olivos, más un departamento en Pinamar, su casa y terrenos en Necochea, ocho autos, tres embarcaciones, sus caballos y ganado.
En el ámbito judicial se comentaba que Macri tenía un interés personal en la situación de este juez, quien tuvo a cargo la causa en su contra por las acusaciones de espionaje ilegal.
También durante el gobierno kirchnerista, Freiler había tenido fallos polémicos, al anular pruebas en una causa de corrupción ligada a la obra pública y en la acusación del extinto fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por traición a la patria en el acuerdo secreto con Irán.
Antes, había renunciado Norberto Oyarbide, otro juez federal polémico por su estilo de vida extravagante y también por su celeridad para "hacer mandados" al kirchnerismo –procesó a Macri y sobreseyó al matrimonio Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito–.
En ese marco, el resto de los magistrados ingresaron en una fase que en el gobierno consideran de "sobreactuación" de su voluntad por juzgar a los funcionarios K.
El caso más notorio es el del juez Ariel Lijo, que mandó preso a Boudou. Lijo está sospechado de negocios en común con el destituido Freiler, pues su hermano es copropietario de algunas de las propiedades investigadas.
En los tribunales de Comodoro Py los conocen irónicamente como "los hermanos Lujo".
En su cara a cara con Boudou, para comunicarle la decisión, Lijo se limitó a explicarle: "No me queda otra alternativa; las condiciones cambiaron, conforme al fallo de la Sala 2: así que no tengo otra alternativa".
El juez se refería al fallo de cámara por el cual había sido desaforado y detenido el exministro De Vido, y que, según entendía, sentaba un precedente para que fueran presos de manera preventiva otros exfuncionarios.
La causa de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por la cual se investiga a Boudou lleva cinco años, es decir que se inició cuando todavía le quedaban tres años como vicepresidente y tenía mayores posibilidades de interferir con la Justicia.
Es en este marco que se dan las prisiones a los funcionarios de alto perfil. Jueces que durante años habían "dormido" causas de corrupción, ahora les imprimen velocidad.
Y muchos que son sospechados de connivencia con funcionarios corruptos intentan limpiar su propia imagen al dictar detenciones preventivas con argumentos dudosos. En el gobierno, la actitud es ambigua.
Por un lado, Macri siempre fue crítico de la Justicia por considerarla lenta, ineficiente y hasta propensa a absolver poderosos.
Empero, trascendió que no gustó la forma en que se produjeron las últimas detenciones.
En tanto, crece la polémica sobre si la Justicia puede derivar en una caza de brujas, impulsada no tanto por revanchismo político –como alega Cristina Kirchner– sino más bien como expresión de los reflejos defensivos de los jueces.
Y, como suele ocurrir en estos casos, la opinión pública pide más.
En ese contexto, solo 15% tiene una opinión favorable.
Hasta hace pocas semanas, nadie creía posible ver a Julio de Vido y Amado Boudou esposados y camino a prisión.
Pero ocurrió, y hay expectativa para ver hasta dónde los exfuncionarios mantienen su lealtad o su cuenta personal.
Antes fueron detenidos Roberto Baratta, exsubsecretario de coordinación en el Ministerio de Planificación, y Víctor Manzanares, contador de la familia Kirchner, a quien el juez consideró responsable de burlar un embargo sobre las cuentas bancarias de la expresidenta.
Ya estaban detenidos el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, al intentar ingresar valijas con US$ 9 millones a un convento.
Además, hay presos notorios como Lázaro Báez, principal contratista de obra pública durante la gestión K.
Y, por supuesto, inevitablemente, el nombre de la expresidenta, acompañado por la pregunta de si ella será el límite de esta ola judicial.
Pero Cristina aplicó una nueva estrategia: la toma de distancia, por ejemplo, respecto a De Vido. "Solo pongo las manos en el fuego por mí y por mis hijos", había dicho.
Las últimas semanas resultaron pródigas en ese sentido. Fueron tras las rejas el exvicepresidente Amado Boudou y Julio De Vido, anterior "superministro" del gobierno kirchnerista, que tenía a su cargo el millonario presupuesto de la obra pública.
Los argentinos ya se acostumbraron a que, con una frecuencia cada vez más alta, alguna cara famosa aparezca en esa situación.
El procedimiento ya es familiar: la gendarmería lo va a buscar al domicilio, se le comunica la orden judicial de detención y se lo saca de su casa con un chaleco antibalas –a veces también con un casco– y las manos esposadas.
Luego es conducido hasta los juzgados federales en la calle Comodoro Py, y tras ser indagado va a una "cárcel VIP" en Ezeiza.
En cada detención, los medios van perfeccionando su expertise, de manera de sacar el máximo provecho de esas coberturas.
Por ejemplo, cuando fue detenido De Vido ya habían contratado motos para llevar a los camarógrafos y hacer todo el seguimiento hasta Ezeiza sin que el tráfico les hiciera perder un segundo de imágenes.
Y, en el caso de Boudou, hasta se filtró el video del momento de la detención, con el exvicepresidente en jogging y con cara de recién levantado mientras el funcionario leía la orden de detención.
A esta altura, la pregunta que se impuso es quién será el próximo. Hay varios candidatos, tanto entre exfuncionarios como entre empresarios afines al gobierno de Cristina.
Se habla del exdirector de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray; también del exjefe de gabinete, Aníbal Fernández; del banquero Jorge Brito y hasta del actual gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.
Hay quienes se animan a dar pronósticos, como la diputada Elisa Carrió –una de las adalides en la denuncia contra la corrupción K– para quien el siguiente en la lista de detenidos podría ser Aníbal Fernández, uno de sus enemigos preferidos y a quien siempre mencionó como vínculo político del narcotráfico.
Lo cierto es que el tono del debate cambió, pero siempre con el Poder Judicial como objeto de sospecha. Antes se lo acusaba de complicidad con el gobierno kirchnerista, mientras que ahora se lo percibe como revanchista y decidido a una verdadera caza de brujas.
La realidad es que todas las causas por las que se encarceló a los exfuncionarios son de larga data y se mantuvieron en un estado de "cajoneo" durante años.
Ahora, en contraste, no solo se reanudaron las investigaciones con celeridad inusitada, sino que fiscales y jueces muestran una sorprendente vocación por dictar prisiones preventivas para procesados que todavía no tienen fallos condenatorios.
Hay tres motivos para dictar una prisión preventiva: peligrosidad del detenido, sospecha de voluntad de fuga o capacidad de obstrucción de la Justicia. En los casos más resonantes, como el de De Vido y Boudou, se apeló a esta última posibilidad.
El argumento es que, como son exfuncionarios con acceso a la documentación que es investigada, podrían interferir con el accionar judicial.
Por caso, en la detención de De Vido, el fiscal Carlos Stornelli justificó el pedido de prisión en "los graves episodios en trámite" y para "evitar que se conforme una trama de complicidades que fomente el ocultamiento de evidencias y el consenso de estrategias entre los sindicados".
Fue algo que generó críticas hasta en los antikirchneristas más recalcitrantes. Primero, se señala la incoherencia de ese argumento, porque estos procesados tenían más probabilidades de alterar documentación antes, cuando eran funcionarios, que ahora en su condición de ex.
Y segundo, por lo vago y discrecional de la acusación: ¿cómo se determina objetivamente si un exfuncionario tiene voluntad de obstruir el accionar de la Justicia?
Muchos recordaron que, con esos mismos argumentos, se podría haber dictado la prisión preventiva de Mauricio Macri, quien durante su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue procesado en una causa por escuchas telefónicas ilegales.
O, incluso, ya como presidente, cuando se lo investigó en el marco del escándalo de los Panamá Papers.
Y, también con el mismo argumento, podrían ser detenidos en el futuro varios ministros macristas, una vez que hayan dejado el poder si es que prosperan las causas que se les inició por conductas incompatibles con la condición de funcionario público.
Es así que las protestas por la eliminación de la "presunción de inocencia", que antes solo se escuchaba en las trincheras kirchneristas, ahora también empieza a escucharse en medios de comunicación independientes y entre los adherentes al gobierno macrista.
En el caso de De Vido, por ejemplo, el juez Luis Rodríguez consideró que su condición de diputado podía interferir con la investigación en una causa por desvíos de fondos en un yacimiento carbonífero. Tras el desafuero, igual insistió con el pedido.
Se sumó el juez Claudio Bonadio –famoso por su enemistad con Cristina Kirchner–, quien lo investiga por fraude en la compra de gas natural licuado, y quien alegó la acumulación de causas en contra del exministro.
Las críticas a los jueces llegaron hasta de parte de quiénes habían cuestionado la política energética del kirchnerismo, quienes dijeron que las pericias de Bonadio carecían de fundamento.
En medio de ese "efecto péndulo", todas las miradas recaen sobre jueces y fiscales.
Y hay algunas constataciones elocuentes, por ejemplo que muchos de los magistrados que ahora aparecen como los más vehementes contra los exfuncionarios son, precisamente, los que estaban sospechados por su conducta personal.
En algunos casos, las críticas estaban vinculadas a la complicidad con funcionarios acusados, algo que se reflejaba en la rapidez para dictar sobreseimientos o para "dormir" causas en el laberinto burocrático del Poder Judicial.
En otros casos, las acusaciones eran más graves, porque implicaban sospechas de corrupción sobre los propios jueces, cuyos grandes patrimonios y extravagantes estilos de vida se hacían difíciles de explicar con su ingreso salarial.
En este marco, el juez Eduardo Freiler fue destituido tras un juicio político, al considerar que no tiene la probidad necesaria.
El juez no pudo explicar cómo compró su mansión frente a la residencia presidencial de Olivos, más un departamento en Pinamar, su casa y terrenos en Necochea, ocho autos, tres embarcaciones, sus caballos y ganado.
En el ámbito judicial se comentaba que Macri tenía un interés personal en la situación de este juez, quien tuvo a cargo la causa en su contra por las acusaciones de espionaje ilegal.
También durante el gobierno kirchnerista, Freiler había tenido fallos polémicos, al anular pruebas en una causa de corrupción ligada a la obra pública y en la acusación del extinto fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por traición a la patria en el acuerdo secreto con Irán.
Antes, había renunciado Norberto Oyarbide, otro juez federal polémico por su estilo de vida extravagante y también por su celeridad para "hacer mandados" al kirchnerismo –procesó a Macri y sobreseyó al matrimonio Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito–.
En ese marco, el resto de los magistrados ingresaron en una fase que en el gobierno consideran de "sobreactuación" de su voluntad por juzgar a los funcionarios K.
El caso más notorio es el del juez Ariel Lijo, que mandó preso a Boudou. Lijo está sospechado de negocios en común con el destituido Freiler, pues su hermano es copropietario de algunas de las propiedades investigadas.
En los tribunales de Comodoro Py los conocen irónicamente como "los hermanos Lujo".
En su cara a cara con Boudou, para comunicarle la decisión, Lijo se limitó a explicarle: "No me queda otra alternativa; las condiciones cambiaron, conforme al fallo de la Sala 2: así que no tengo otra alternativa".
El juez se refería al fallo de cámara por el cual había sido desaforado y detenido el exministro De Vido, y que, según entendía, sentaba un precedente para que fueran presos de manera preventiva otros exfuncionarios.
La causa de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por la cual se investiga a Boudou lleva cinco años, es decir que se inició cuando todavía le quedaban tres años como vicepresidente y tenía mayores posibilidades de interferir con la Justicia.
Es en este marco que se dan las prisiones a los funcionarios de alto perfil. Jueces que durante años habían "dormido" causas de corrupción, ahora les imprimen velocidad.
Y muchos que son sospechados de connivencia con funcionarios corruptos intentan limpiar su propia imagen al dictar detenciones preventivas con argumentos dudosos. En el gobierno, la actitud es ambigua.
Por un lado, Macri siempre fue crítico de la Justicia por considerarla lenta, ineficiente y hasta propensa a absolver poderosos.
Empero, trascendió que no gustó la forma en que se produjeron las últimas detenciones.
En tanto, crece la polémica sobre si la Justicia puede derivar en una caza de brujas, impulsada no tanto por revanchismo político –como alega Cristina Kirchner– sino más bien como expresión de los reflejos defensivos de los jueces.
Y, como suele ocurrir en estos casos, la opinión pública pide más.
21%
De los argentinos cree que las últimas detenciones obedecen a una persecución política, según una encuesta de la consultora Management & Fit.Opinión
Cuando en el mismo sondeo se pide opinión sobre la acción de la Justicia en su conjunto, 51% de los ciudadanos consultados para este muestreo considera que es mala o muy mala.En ese contexto, solo 15% tiene una opinión favorable.
41%
De los argentinos cree que se hizo justicia, aunque se demoró demasiado en procesar a exfuncionarios; otro 19% cree que fueron presos porque el macrismo ganó las elecciones legislativas.Cristina, acorralada, toma distancia
La sensación predominante en el país es que el círculo se va cerrando en torno a la expresidenta Cristina Kirchner.Hasta hace pocas semanas, nadie creía posible ver a Julio de Vido y Amado Boudou esposados y camino a prisión.
Pero ocurrió, y hay expectativa para ver hasta dónde los exfuncionarios mantienen su lealtad o su cuenta personal.
Antes fueron detenidos Roberto Baratta, exsubsecretario de coordinación en el Ministerio de Planificación, y Víctor Manzanares, contador de la familia Kirchner, a quien el juez consideró responsable de burlar un embargo sobre las cuentas bancarias de la expresidenta.
Ya estaban detenidos el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, al intentar ingresar valijas con US$ 9 millones a un convento.
Además, hay presos notorios como Lázaro Báez, principal contratista de obra pública durante la gestión K.
Y, por supuesto, inevitablemente, el nombre de la expresidenta, acompañado por la pregunta de si ella será el límite de esta ola judicial.
Pero Cristina aplicó una nueva estrategia: la toma de distancia, por ejemplo, respecto a De Vido. "Solo pongo las manos en el fuego por mí y por mis hijos", había dicho.
