La bala que provocó un terremoto en la vida de un delivery

Quedó paralítico tras una rapiña, su casa se llenó de obstáculos y el Estado no lo asiste
En la Curva de Maroñas nadie construye su casa pensando en que sufrirá un terremoto. Pero el 14 de enero a la hora 21, cuando Joan Orrego se aprontaba para salir de su vivienda en calle Spencer y Clemente Fregeiro, un hombre cuyo rostro es incapaz de recordar, provocó un sismo en su vida.
"¿Tenés fuego?", preguntó el hombre que lo esperaba del lado de afuera del portón de la casa.

"No fumo", le contestó Joan mientras aprontaba su moto para partir rumbo a Malvín, donde trabajaba como delivery en una pizzería. "¿Tenés hora?", insistió, y para ese entonces comenzó a sospechar.
De un momento a otro, el hombre sacó un revólver y le espetó: "¡Dame la moto!". Joan intentó convencerlo de que no podía, de que era su herramienta de trabajo, no solo como delivery en las noches, sino también durante el día como empleado de una distribuidora de alimentos, recorriendo supermercados, kioscos y autoservicios ofreciendo productos.

Al ver que aquel argumento no hizo mella en el delincuente, aceptó entregarle la moto, pero le pidió la mochila donde guardaba sus documentos. En ese momento, la tensión y el nerviosismo le ganaron al delincuente que acabó accionando el gatillo y se escuchó un estruendo.

Joan Orrego recuerda no haber sentido dolor. Tampoco saber a ciencia cierta dónde le había pegado el tiro. Pero de un momento a otro se le hizo algo más difícil respirar y, tras perder el equilibrio, se desplomó en el suelo. El delincuente salió corriendo, dejando la moto y la mochila.
La bala le atravesó pulmón y se alojó en la espina dorsal, causando un daño que lo dejó sin movilidad en las piernas. Desde entonces, Joan ha permanecido internado en la Médica Uruguaya. Fuera de peligro, consciente, pero incapaz de moverse de la cintura para abajo.

Joan, de 38 años, le teme al día en que le den el alta. Los escalones de entrada a su casa, los desniveles que hay entre las distintas habitaciones de la vivienda y la forma en la que están distribuidos los muebles han vuelto inhabitable la vivienda para alguien en su condición, según él mismo reconoce.
"Nadie construye su casa pensando en que va a sufrir un terremoto", dijo Joan a El Observador desde la pequeña habitación de un hospital que ha sido su hogar por casi 50 días.

Lo que viene

Luego de que su atacante huyera corriendo, Joan le pidió ayuda a un grupo de personas que a la distancia habían visto todo el intento de rapiña pero no habían querido involucrarse. Lo ayudaron a llamar a su hermana que vive en una vivienda ubicada justo en frente, y luego llamaron a la Policía.
Consciente en todo momento, Joan fue trasladado a la policlínica de Jardines del Hipódromo.

Allí los policías lo interrogaron durante algunos minutos en busca de elementos que permitieran identificar al delincuente, pero Joan no recordaba ni un rasgo que pudiera servir a los investigadores.

Desde entonces no ha habido ninguna novedad sobre su caso, pero a Joan no le importa. "Si lo agarran y cae preso, ¿qué me cambia?", se pregunta.

Dijo tener la cabeza puesta en lo que viene: en volver a su casa, en buscar una manera de rehabilitarse y en conseguir un trabajo que le permita continuar con su vida y criar a su hija de ocho años.
Sin embargo, su casa debe ser reacondicionada para usar una silla de rueda, colocando rampas donde hay escalones y elementos de apoyo en el baño y en otras habitaciones, algo que requiere un dinero que no tiene.

A su vez, los médicos le dijeron que existe una posibilidad "incierta" de rehabilitación, pero eso no podrán saberlo hasta tanto comience a hacer los ejercicios que le marquen. Según contó, el mejor lugar para hacer ese tratamiento es el Centro de Rehabilitación Física de Maldonado (Cerema), pero la atención es costosa, además de que debería trasladarse hasta el departamento esteño junto con un familiar, algo que no está en sus posibilidades económicas.

A esto se suma que su condición no le permite trabajar de delivery, como venía haciendo, con lo que también quedan limitadas sus posibilidades de tener un ingreso a mediano plazo.

Sin respuesta Estatal

Joan dijo a El Observador que necesita un respaldo económico para su rehabilitación, pero hasta ahora no ha encontrado ninguna alternativa que lo convenza. "No quiero recibir una pensión toda la vida, quiero seguir siendo activo, quiero rehabilitarme y volver a trabajar", explicó.

Según dijo a El Observador el abogado de la Asociación de Familiares Víctimas de la Delincuencia (Asfavide), Raúl Williman, –con quien la familia de Joan está en contacto–, el único apoyo económico que puede ofrecerle el Estado es la pensión para víctimas de delitos violentos, que alcanza un monto mensual de $ 23 mil. Recibirla implicaría convertirse en pasivo, con lo cual dejaría de obtener los beneficios de estar registrado como activo. Williman dijo que, por ejemplo, si el BPS le diera una silla de ruedas, al recibir la pensión la perdería, porque solo le corresponde a quienes tienen un trabajo y están con certificación médica.

Sin embargo, según Williman, es posible que Joan ni siquiera pueda ser comprendido por esta prestación, porque la ley que la creó es "muy restrictiva". Según la normativa, pueden recibir esta pensión "los cónyuges o concubinos de una persona fallecida por homicidio, los hijos menores de 21 años, los mayores de 21 años, solteros y absolutamente incapacitados para todo trabajo, o quien resulte incapacitado en forma absoluta para todo trabajo remunerado, por haber sido víctima de rapiña, secuestro o copamiento".

Según Williman, Joan no quedó "incapacitado en forma absoluta", porque de la cintura para arriba no tiene ninguna discapacidad, un argumento que el BPS ha utilizado para denegar solicitudes de esta prestación. Además, como el delincuente que lo rapiñó no llegó a llevarse nada –lo que consta en los expedientes policiales– resulta difícil comprobar que efectivamente su lesión sea producto de una rapiña.

Para Williman, es necesario ampliar los casos en los que se puede otorgar esta prestación para evitar que casos como el de Joan queden sin apoyo del Estado.

En 2016, el senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley ampliando la cobertura de la pensión para victimas o familiares. Allí incluye el fallecimiento o incapacidad en ocasión de una tentativa de delito, o delito consumado de violación; las lesiones graves; lesiones personales; lesiones gravísimas (como las de Joan); hurto especialmente agravado; rapiña; rapiña con privación de libertad; secuestro; y homicidio.

En noviembre de 2017, a instancias de Bordaberry, el Senado votó una moción para dar trámite parlamentario a ese proyecto de ley, pero hasta ahora la norma no ha sido aprobada.

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