"La competencia electoral fue un factor político detrás del pico de ocupaciones de los 90"

María José Álvarez es doctora en Sociología por la Universidad de Pittsburgh, donde estudió luego de haberse graduado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Hoy es profesora de Sociología en la Universidad de los Andes, Bogotá, y acaba de publicar un libro sobre la marginalidad y los asentamientos irregulares en Uruguay que el año próximo se editará en español. Vía correo electrónico respondió a un cuestionario de El Observador sobre los asentamientos irregulares que tienen su antecedente en los cantegriles, cuyo origen se remonta a la década de 1940.

Me gusta llamarla revolución urbana silenciosa porque fue uno de los mayores cambios que sufrió la ciudad, sin hacer demasiado ruido, tal vez junto con la migración de parte de la clase media a la Costa de Oro. Ambos fenómenos ocurren, y esto es lo interesante y a la vez triste del caso de Montevideo, sin crecimiento demográfico. En la mayoría de las ciudades, estos procesos de expansión de la ciudad informal ocurren por migraciones intraurbanas o rural urbanas. En Montevideo fue un proceso de expulsión desde la ciudad formal hacia la ciudad informal. Y fue un proceso muy rápido. De los aproximadamente 400 asentamientos que hay hoy en la ciudad, la mitad por lo menos se formaron en 15 años, entre la salida de la dictadura y el 2000. Las ocupaciones de esos años tuvieron como característica distintiva su organización. Fueron ocupaciones planeadas por un grupo, con una comisión de vecinos que se organizaron para saber qué terreno podían ocupar así como para urbanizar el barrio y pedir servicios al Estado. Fueron unas ocupaciones con vocación de transformarse algún día en ciudad formal, de que les llegaran los procesos de titulación y regularización barrial.

Mi argumento es que las ocupaciones tienen una base socioeconómica muy importante pero que la política fue clave para este pico en los 15 años del final de siglo XX. Nadie se va a vivir a un asentamiento si no tiene necesidad de vivienda. Es duro. Principalmente los primeros años. No hay luz. No hay agua. Hace frío. Se inunda. Las personas que viven en los asentamientos irregulares no encontraban un lugar en la ciudad formal. Estaban luchando por su derecho a la ciudad. Los alquileres subían sus precios y las exigentes garantías no eran viables para esa población. Los trabajos se precarizaban y se volvían escasos especialmente para aquellos más jóvenes y con relativa baja educación.

En este sentido, los asentamientos irregulares son hijos de la desindustrialización y precarización del empleo en el Uruguay. Sin embargo, eso no lo explica todo. Hay variables políticas que explican no solo el pico en los 90, sino también la planificación de los barrios. ¿Cuáles son? Yo diría que al menos tres. La primera tiene que ver con la primavera de movilización que sigue a cualquier proceso de democratización como el que sufrió Uruguay a mediados de los 80. La relajación de la represión genera movilización de todo tipo. Y a su vez, la movilización también genera presión por la democratización. De hecho, en Montevideo, los que se movilizaron en ese momento fueron los más pobres de los pobres. Amenazados por desalojos y apoyados por redes de las comunidades eclesiásticas, un grupo de cantegriles formó el Movide (una federación de cantegriles), movimiento que llegó a estar en la Conapro y cuyos reclamos y logros fueron la experiencia más importante de lucha urbana de los más pobres en la historia de la ciudad, sin desmerecer a Fucvam.

En segundo lugar, la competencia electoral por los votos de los más pobres, hasta el momento monopolizados por los sectores más populistas del Partido Colorado. El Frente Amplio se da cuenta de que no podía ganar sin los votos de los más desposeídos y comienza a hacer campaña en estas zonas. El rol del MPP fue minoritario.Detrás de algunas ocupaciones estuvieron líderes del MPP. (Jorge) Zabalza aparece muy mencionado en varias de mis entrevistas y él mismo me cuenta cómo ayudó a promover la organización popular en forma de asentamientos. De algún modo ellos veían en las ocupaciones una suerte de reparto de la tierra sui generis y una forma de autogestión. Pero diría que fue minoritario. Otras facciones del FA, políticos locales aislados, políticos del Partido Colorado y del Partido Nacional ayudaron a diferentes ocupaciones.

En ese momento del país, con una alta competencia electoral, nadie podía darse el lujo de decir no a los reclamos de información sobre tierras, conexión de agua, aplanamiento de carreteras, etcétera. El aumento de la competencia electoral fue entonces el segundo factor político detrás del pico de ocupaciones. Y los líderes de asentamientos lo aprovecharon en lo que llamo clientelismo de mercado, flirteando con todos para obtener distintas cosas. No nos olvidemos que en ese Uruguay el gobierno estaba dividido: el FA en la intendencia, el PN en el gobierno, el PC en ministerios y agencias estatales relevantes. No era conveniente casarse con nadie.

En tercer lugar, el proceso de descentralización implementado por el Frente Amplio acercó el gobierno municipal a los más pobres de la ciudad. Los gobernantes estuvieron cerca de sus necesidades y viceversa. Esto fue una ventana para que la actitud hacia los asentamientos fuera de negociación y no de represión. Sin embargo, rápidamente el gobierno municipal aprendió que eso era un problema a futuro. Y si vemos las cifras, a partir de 2004, el mismo gobierno municipal comienza a desalojar y no a ayudar a ocupaciones nuevas. Cuando el FA gana el gobierno nacional la actitud fue aún mucho más contundente. No es la forma de pedir vivienda, dijo el subsecretario de Vivienda de Mujica, justificando un desalojo de 260 familias que habían ocupado un terreno en el noreste montevideano en 2011.

En promedio eran más educados, con ocupaciones relativamente más estables, con experiencia en movimientos sociales, como el sindicalismo o el cooperativismo, que pudieron transmitir a las organizaciones vecinales que formaron, con más redes con el sistema político y con una voluntad de integración a la ciudad más clara. Sin embargo, a esa voluntad de integración le pasó por encima la crisis del 2002, el paso del tiempo, y un Estado que es lento en llegar. Por decir algo, la escuela que pedían y pedían los vecinos de unos asentamientos del Cerro, donde comencé a trabajar estos temas, llegó. Pero llegó cuando los niños de los líderes que yo conocí ya eran demasiado grandes para ir. Además, muchos habían desertado del sistema educativo, como es cada vez más común en el sistema educativo uruguayo para los más pobres. Al barrio llegaron nuevas familias. Ya no es tan fácil controlar que nadie ocupe en aquella zona que habían dejado para una calle, o en la que habrían prohibido ocupar por ser una zona inundable. Mantener las normas comunitarias en un contexto de tanta necesidad es difícil.

Algunos que no conseguían trabajo se pusieron a criar animales o a recolectar. Eso estaba prohibido en el reglamento original del barrio. Pero por la vía de los hechos muchos de esos asentamientos cuyos líderes se empeñaban en decir: "Nosotros no somos un cantegril, somos gente trabajadora" se han pauperizado enormemente. En trabajos que he hecho, cuando entrevisto a personas de clase media y media alta me dicen que las zonas a las que más temen son los asentamientos. Los asocian con violencia, con zona roja, y lo usan intercambiablemente con la palabra cantegril. Todo es lo mismo. La lucha simbólica que los líderes de los asentamientos de los años 90 intentaron dar para seguir perteneciendo a la ciudad informal que los expulsó se perdió.

El Estado, a través de su política de vivienda social, generó y fortaleció procesos de segregación territorial. Juntar pobres con más pobres no es una buena receta. La segregación territorial impone nuevas barreras de acceso a las familias que ya eran pobres para empezar. Si se las lleva a vivir lejos, estarán más lejos de los lugares de trabajo, de las buenas escuelas, de acceder a alguna biblioteca o algún museo o al menos a un buen espacio público y estarán además lejos de personas con más recursos que puedan ser fuente de información, de un contacto para un empleo o de alguien que muestre más expectativas educativas, por ejemplo (lo que en sociología llamamos capital social).

No hay una receta sola. Mi recomendación es siempre evitar la segregación residencial. Regularizar barrios es clave para mejorar las condiciones de vida mínima de las personas. Pero no puede ser la única solución. Subsidios para alquileres son también importantes. Vivienda verdaderamente de interés social también (no como la que tenemos que no es para la población más vulnerable y que de social solo tiene el nombre). Mejorar condiciones de compra de vivienda para aquellos que puedan pagarla también. Creo que en este sentido en los últimos años ha habido muchos aciertos en términos del Banco Hipotecario, pero aún sigue siendo muy difícil encontrar vivienda en la ciudad formal para aquellos que no tienen un ingreso estable. Habiendo dicho esto, es importantísimo recalcar que la política de vivienda no tiene un poder integrador por sí solo si el mercado de trabajo y el sistema educativo no integran.

No. De hecho desde los años 2000 no ha habido muchas nuevas ocupaciones. Sí se han densificado algunas de las existentes, porque han llegado nuevos habitantes o porque las familias se han agrandado y los jóvenes que se independizan han construido ahí. De hecho es muy interesante y habla del argumento que defendía más arriba sobre el rol de la política en los años 90, que durante la crisis de 2002 no hubo nuevas ocupaciones en la ciudad (sí en Canelones). Pero el crecimiento de asentamientos en la ciudad se ha detenido.