La copla del buen pagador

La controversia entre los intendentes sobre la conveniencia de aplicar amnistía a los deudores de patentes de rodados trae varias lecturas. Muchos de ellos miran la caja y otros, quizá más aliviados, tienen los ojos puestos en los carteles de campaña electoral. Y este es claramente el caso de Daniel Martínez, que desde Montevideo pateó la mesa y se pronunció en contra de cualquier acuerdo que vulnere a los buenos pagadores. Esa actitud alineó a los jefes comunales del Frente Amplio, pero ese apoyo no tuvo nada de caluroso. El asunto es que, desde una segunda línea de razonamiento, algunos jefes comunales del oficialismo se sienten obligados a buscar algún tipo de acuerdo en relación a deudores cuyas obligaciones superan al valor del auto. Para la mayoría de intendentes blancos y al único colorado el pago contado de esas deudas significa, en grandes rasgos, evitar multas y recargos que penalizan a quienes se atrasan por descuido o imposibilidad.

Martínez olfateó los vientos y sintió que premiar a los que cumplen sus obligaciones paga políticamente más que el dinero a ingresar por la amnistía. Del mismo modo reaccionó el nacionalista Carmelo Vidalín, contra la posición de su colega de Maldonado, Enrique Antía, para quien el argumento de proteger al que paga es un versito bien aprendido.

Las cosas no son tan lineales y no todo es por plata, siempre escasa en buena parte de los gobiernos departamentales, muchos dependientes de los recursos del gobierno central. Quizá pesa la necesidad de mostrar sensibilidad con los deudores a nivel local, una facultad que la creación del Sistema Único de Ingresos Vehiculares (Sucive) quitó a los gobiernos departamentales. Sí se quedaron con la fiscalización, algo en que muchos de ellos están en el debe.

Quienes impulsan algún tipo de acuerdo para rescatar a esos deudores sin vulnerar a los mejores clientes, los que pagan adelantado y en fecha la patente, también sostienen la necesidad de actualizar la información. También hay autos que ya no circulan y que están en las chatarrerías.

Pero el argumento de aliviar y favorecer al deudor representa una solidaridad equivocada que enturbia la relación de los ciudadanos con el Estado. Siembra desconfianza y al final de cuentas trae consigo la noción que es cuanto mayor es la deuda, mayor será el beneficio. Y lo peor de todo es que representa la concepción de que el Estado siempre va al rescate de las personas equivocadas.

Hay un sector de la sociedad que está harto de este y otros privilegios, como el empleo para familiares sin mérito en la administración pública.

La oferta de pago sin actualización, multas ni recargos es una burla, una secuela de los favores en el pago chico que se visualizan infumables cuando aparecen en la vidriera nacional.

La posición de Montevideo y Durazno paró la resolución y los intendentes se aprestan a volver a considerar el asunto. Tal vez se acuerde una fórmula para estirar plazos y lograr que pague quien demuestre voluntad.

Pero ojalá que los líderes departamentales reciten todos el mismo versito.