La edad provecta del sistema

En Uruguay, el país más envejecido de América Latina, el sistema de seguridad social devela año a año nuevos focos de fricción entre derechos y obligaciones. Los últimos han sido el asunto de los "cincuentones", y el proyecto de reforma para reducir el gigantesco déficit del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, más conocido como "Caja Militar".

Uruguay cuenta unos 450.000 jubilados y el 75% de ellos cobra menos de 25.000 pesos mensuales.

Los "cincuentones" son las personas que tenían menos de 40 años en abril de 1996, cuando se introdujo el sistema mixto de seguridad social, y que fueron obligados a pasarse al nuevo régimen sin que se le reconocieran totalmente los aportes ya realizados, que terminaron en una bolsa común. No todos fueron afectados, sino una minoría relativamente calificada y con aportes altos, que ahora debería jubilarse con prestaciones más bajas que antaño.

La reforma de 1996 pretendió individualizar a los activos y pasivos del sistema, sacándolos de la bolsa genérica innominada; y fomentar más ahorro para el retiro futuro y menos aportes para tapar agujeros del pasado. Después de décadas de expansión y de vivir al día, el sistema uruguayo se había quedado sin ahorros ni reservas: a duras penas los trabajadores de hoy sostenían a los trabajadores de ayer

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Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, o Afaps, componen junto al Banco de Previsión Social (BPS) el sistema mixto, público y privado, de seguridad social. Las Afaps llevan cuentas personales de los afiliados e invierten en papeles del Estado o de empresas públicas uruguayas, como bonos, letras y acciones, y en activos extranjeros. Cuando el trabajador se retira, recibe una prestación del BPS y otra de su Afap, que incluye las ganancias obtenidas con sus ahorros.

Una creciente "flexibilización" de las jubilaciones, a las que desde 2009 se accede con sólo 60 años, una edad relativamente baja en términos internacionales, provocó un gran aumento en el número de pasivos y un creciente déficit del sistema público. En 2014 la asistencia del Ministerio de Economía al BPS fue algo superior a 100 millones de dólares, en 2016 fue de 500 millones de dólares y este año será de más de 600 millones.

De no mediar reformas sustanciales, el sistema público "va inevitablemente a la quiebra", admitió el jueves en México el presidente Tabaré Vázquez. Casi todos los especialistas y líderes políticos están de acuerdo en que en algún momento habrá que elevar a 65 años la edad mínima de jubilación, e incluso a 67, como ocurre en naciones con una situación demográfica similar a la uruguaya. Pero las decisiones han ido postergándose, debido en parte a sus enormes implicancias políticas.

El proyecto de ley de reparación para los "cincuentones", que de manera retroactiva podrían dejar sus Afaps y pasarse íntegramente al BPS, promete recargar aún más el sistema. Fue presentado por el gobierno en julio, aparentemente con un cálculo erróneo de los costos, mucho menor que el que ahora se estima: hasta 3.700 millones de dólares en cuatro décadas, por lo que el Ministerio de Economía desea modificarlo. Pero sectores significativos del oficialismo, entre ellos el MPP de José Mujica y el Partido Comunista, pretenden aprobar la iniciativa sin modificaciones mayores.

Ariel Davrieux, quien dirigió la OPP durante los gobiernos de Julio Sanguinetti y Jorge Batlle e intervino en la reforma de 1996, calculó sobrecostos para el BPS de hasta 4.100 millones de dólares si se permite a los "cincuentones" optar por el sistema más beneficioso. Afirmó que el proyecto es imposible de pagar, que agravará el déficit fiscal y que presionará por más deuda, lo que pondrá "en riesgo la credibilidad financiera del país" ante sus acreedores. La deuda pública uruguaya creció en forma consistente entre 2012 y 2016, cuando el déficit fiscal pasó de 0,9% del PBI a 4%.

La seguridad social es también un asunto político de primera importancia. Detrás del proyecto sobre los "cincuentones" está el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, afín por lo general al MPP y al PCU, quien en diversas instancias ha diferido con el ministro de Economía, Danilo Astori, custodio fundamental de la línea económica de los gobiernos del Frente Amplio.

Las carencias e intersticios del sistema de seguridad social son aprovechados por la central sindical PIT-CNT, que ha tratado de derogar la reforma de 1996, hasta ahora sin éxito. Los jubilados representan el 17% del padrón electoral uruguayo, por lo que sus inclinaciones políticas son decisivas.