La etapa bárbara de la inflación y un país decadente

En las elecciones nacionales del 25 de noviembre de 1962 el Partido Nacional triunfó por segunda vez consecutiva, aunque por un margen mucho más pequeño que en 1958. Además, el centro de gravedad pasó del eje Herrerismo-Ruralismo hacia el nacionalismo independiente (UBD) aliado con disidentes herreristas, que encabezaron Daniel Fernández Crespo, Luis Giannattasio y Washington Beltrán.

Su política económica, tendente a los controles, se alejaría del liberalismo propuesto por el ministro de Hacienda saliente, Juan Eduardo Azzini.

Para empezar, el nuevo gobierno nacionalista reimplantó el control de cambios con el objetivo imposible de contener los daños que provocó el desastre fiscal de 1962, año electoral en el que, como siempre, se tiró la casa por la ventana. De nuevo, más que erradicar la causa de la inflación, que era la impresión de billetes para cerrar la brecha fiscal, se intentó controlar las consecuencias: paños de agua fría para controlar una peritonitis.

La primera devaluación de 1963 fue de 50%, por lo que el dólar, largamente contenido, saltó de 11 pesos a 16,50.

Habría que discutir la posibilidad de "desinteresarse de Uruguay, de dejar a este país que siga su curso catastrófico", escribió el embajador belga en 1966

El nuevo ministro de Hacienda, Salvador Ferrer Serra, sostuvo que la situación de la economía era dramática, hasta habló de "herencia maldita" de sus antecesores blancos, y siguió al frente de la cartera pese a que los médicos le advirtieron que estaba muy enfermo del corazón. Falleció ese mismo año. (De hecho, en ese período murió buena parte de "los principales líderes políticos del país: Salvador Ferrer Serra, Juan Andrés Ramírez, Luis Batlle Berres, Benito Nardone, Daniel Fernández Crespo, Javier Barrios Amorín, César Batlle Pacheco y otros, lo que generó, como es lógico, el surgimiento de nuevos liderazgos", reseñó Lincoln Maiztegui en "Orientales").

Por entonces buena parte del ajuste en las cuentas del gobierno por la vía de la inflación, que baja el gasto en términos reales, se realizaba con las pasividades, que reajustaban muy esporádicamente y sin un criterio previsible.

Recién en julio de 1964, mediante una Ley de Escala Móvil, se estableció un sistema de reajuste de las pasividades cada dos años, según un promedio entre la inflación y el aumento de los salarios. Pero sólo en 1965 la inflación fue de 88%, lo que implicaba una radical reducción del poder adquisitivo de las jubilaciones antes del siguiente reajuste. En 1966 la adecuación de las pasividades pasó a hacerse una vez al año. No era gran cosa, teniendo en cuenta el incendio inflacionario, pero era algo.

Regreso al "neobatllismo" y la ruina burocrática

El segundo gobierno consecutivo de los blancos en el siglo XX rápidamente abandonó el gigantesco desafío económico, político e ideológico que significó la Reforma Cambiaria y Monetaria que Juan Eduardo Azzini introdujo a partir de 1960. El gobierno colegiado con mayoría blanca regresó a las prácticas intervencionistas y proteccionistas del "neobatllismo", ya muy metidas en el alma de los uruguayos, incluidos los impuestos elevados a las importaciones y el control de cambios (desde mayo de 1963) y los tipos múltiples.

¿Por qué se hace, si jamás funciona? Básicamente, porque da mucho poder a los líderes políticos y burocráticos. Más personas comen de sus manos, dependen de sus decisiones, con la pleitesía que trae consigo. También, en el corto plazo, da rédito político, porque muchas personas sencillas sienten que sus gobernantes se ocupan mejor de ellas, apretando botones mágicos, en una actitud paternalista que procuran la felicidad general. Luego el sistema fracasará, pero será problema del que viene.

Un estudio del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, difundido en 2005, mostró que siete de cada diez uruguayos eran partidarios de establecer un mayor proteccionismo para la producción nacional. El proteccionismo más arraigado se registraba entre las mujeres más pobres y de más bajo nivel educativo.

Ya a mediados del siglo XX la burocratización —unida a la venalidad de muchos políticos y funcionarios, particularmente sobornables durante los procesos de compras para las empresas del Estado— estaba hundiendo al país, según consta incluso en documentos de delegaciones diplomáticas extranjeras.

En una recopilación de "Informes de los diplomáticos de Bélgica en Uruguay", realizada por Jorge Balbis y supervisada por Benjamín Nahum, se da cuenta de la completa desazón del embajador Georges Follebouckt. Él intentó en 1966 obtener un permiso para que un avión belga sobrevolara territorio uruguayo. Era un trámite muy menor, pero jamás le respondieron. "Se puede comprender fácilmente la verdadera decadencia en la que ha caído Uruguay cuando se piensa que semejantes métodos de trabajo administrativo están vigentes igualmente en los terrenos financieros, comerciales, industriales y agrícolas" —escribió a su canciller—. En un despacho posterior, Follebouckt sencillamente sugirió el cierre de la embajada belga en Uruguay. Habría que discutir la posibilidad de "desinteresarse de Uruguay, de dejar a este país que siga su curso catastrófico y orientar las energías hacia naciones más dispuestas a solucionar sus propias debilidades y ayudarse a ellas mismas", propuso.

Hacia 1963, casi el 22% de la población económicamente activa estaba en la nómina del Estado (18,8% en 1955)

Parecía una horrible repetición de la conclusión a que había arribado el barón de Mauá un siglo antes, después de la revolución de Venancio Flores, cuando le escribió a Andrés Lamas: "Es pues el Estado Oriental, en mi opinión, de aquí en más, un país para escapar quien tenga algo que perder, salvando del mejor modo lo que pueda de sus intereses".

El "clientelismo" político, una práctica que implica cobijar a los militantes propios en el sector público, unido al nepotismo y al "amiguismo", continuó tan campante. Hacia 1963, casi el 22% de la población económicamente activa estaba en la nómina del Estado (18,8% en 1955).

Algunos ensayos académicos de inspiración nacionalista o izquierdista justifican implícitamente esas prácticas como una forma de combatir el "desempleo estructural" cuando, en realidad, el estatismo y la burocratización son una de las causas fundamentales de la depresión económica y el paro.

"No pagar por entonces era muy grave"

En julio de 1962 la Comunidad Económica Europea, la antecesora de la Unión, puso en práctica su Política Agrícola Común (PAC), basada en grandes subvenciones y precios garantizados para los productores. Mientras tanto Gran Bretaña, un cliente tradicional de Uruguay que todavía no integraba la Comunidad, desvió sus compras agropecuarias hacia sus ex colonias integrantes de la Commonwealth, entre ellas Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Ambos factores significaron el golpe de gracia para los precios internacionales de las carnes, conservas, lanas y cueros, las principales exportaciones uruguayas de entonces. La maraña de regulaciones internas hizo el resto. No en vano los frigoríficos estadounidenses Swift y Armour (Artigas) ya habían cerrado sus plantas del Cerro en 1957.

A partir de 1964 o 1965 el gobierno no tenía dinero suficiente para pagar a los empleados públicos y a los pasivos

A partir de 1964 o 1965 el gobierno no tenía dinero suficiente para pagar a los empleados públicos y a los pasivos, lo que se solucionó en parte con la máquina impresora, alimentando aún más el incendio inflacionario.

"La industria trabajaba con la mitad de su capacidad, las exportaciones descendieron, creció la desocupación y los salarios se deterioraron debido a las sucesivas devaluaciones", resumió Lincoln Maiztegui.

A fines de 1963 se envió a Washington una "misión refinanciadora" de la deuda externa, que logró extender algunos plazos. Pero la segunda, que viajó a finales de 1964, regresó frustrada, pues no se habían cumplido las obligaciones contraídas por la primera. En 1965 se envió la tercera misión y a mediados de 1966 una cuarta. Esas tristísimas incursiones también se dirigían a Europa, a renegociar las deudas que el Banco de la República mantenía con sus corresponsales.

El contador Enrique Iglesias, futuro presidente del Banco Central (1967), ministro de Relaciones Exteriores (1985-1988) y presidente del BID (1988-2005), integró la "misión refinanciadora" de 1965 en su calidad de secretario técnico de la CIDE (Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico), un think tank de planificación desarrollista. La delegación fue presidida por Wilson Ferreira Aldunate, un hombre carismático y vital, entonces ministro de Ganadería y Agricultura y líder emergente del Partido Nacional. "Nos miraban con extrañeza: no pagar por entonces era muy grave; después de volvió costumbre en el mundo", comentó Iglesias el 5 de abril pasado en una conferencia en la Universidad ORT organizada por el Banco Central.

Costaría décadas recuperar la confianza.

"Nos miraban con extrañeza: no pagar por entonces era muy grave; después de volvió costumbre en el mundo", contó Enrique Iglesias

Entre 1962 y el fin del segundo gobierno del Partido Nacional, en marzo de 1967, el déficit fiscal alcanzó un promedio de 4,7% del PBI, un nivel muy alto y sin precedentes. La inflación rozó los tres dígitos en 1965 (88%), cuando el déficit fiscal fue del 5,1% del PBI, y los alcanzó cómodamente en 1967 (135,9%). Entre 1963 y fines de 1966 la moneda se devaluó 445%, a la par de la inflación, y más aún en el mercado "negro" o libre (por ejemplo en 1965 el precio oficial del dólar era de 24 pesos, mientras en el mercado libre valía 80).

En octubre de 1963 se realizó el primer censo de población desde 1908, una larga omisión difícil de entender, y síntoma de la desidia general. Sus resultados fueron sorprendentes. La población del país sumaba casi 2,6 millones, mucho menos de lo esperado. Había crecido 149% en los 55 años transcurridos desde el censo anterior, de 1908, contra 690% que aumentó en los 56 años corridos entre los censos de 1852 y 1908. La población de la capital del país, incluida su área metropolitana, pasó del 30% al 50% del total. El número de jóvenes era relativamente escaso y la emigración era constante desde fines de la década de 1950.

Entre 1960 y 1967 el país atravesó una de las peores etapas económicas de su historia, junto al quinquenio 1955-1959. El largo estancamiento de la economía, que creció por debajo del cansino aumento de la población, alimentó las tensiones sociales y políticas y los conflictos laborales.

La ideologización de movimientos de extrema izquierda y extrema derecha, en el marco de la "Guerra Fría", gestó nuevos incendios. Se formaron sectores de ultraderecha, todavía muy minoritarios, en parte inspirados por el golpismo brasileño y argentino.

Un asalto fallido el 22 de diciembre de 1966 reveló al gran público y a las autoridades la existencia del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), que en realidad se gestaba desde inicios de la década: una guerrilla socialista inspirada en la revolución cubana de los hermanos Castro.

"Ármate y espera", se escribía en los muros de Montevideo. Parecían haber hallado un atajo para llegar al Cielo.

Próxima nota: La inflación estimuló el refugio en el dólar o "dolarización"; la crisis bancaria de 1965 y el descrédito del República facilitaron la creación del Banco Central del Uruguay