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AUF y empresas sospechaban que Ministerio del Interior direccionó compra de cámaras de seguridad
Los audios se grabaron durante el segundo llamado a empresas de parte de la AUF, presidida por Valdez.
El eje de esos audios empieza a quedar claro tras una semana de especulaciones: gira alrededor de la adjudicación de la instalación de las cámaras de seguridad y reconocimiento facial en el Estadio Centenario.
En uno de los audios Alcántara le pide ayuda a Valdez en la licitación, porque se encontraba en una situación económica personal complicada. Anteriormente ya le había pedido dinero a él y otros dirigentes.
Valdez se niega y le explica, según publica El Pais este sábado tras acceder a uno de los audios, que ya está la situación arreglada con el gobierno para que gane la empresa DDBA, que fue la que finalmente se adjudicó la instalación de las cámaras. "Ya se sabía que cuando se hicieron los pliegos de la licitación, que estaban prendidos con eso. Olvidate. Ya se sabía que esa empresa iba a terminar ganando por idoneidad", dice Valdez según El Pais.
Eso coincide con la versión que le dieron a El Observador fuentes cercanas a Valdez, otras fuentes dirigenciales con información sobre el proceso, y de dos de las empresas que participan de la competencia. Según informó Búsqueda, en otros audios también se menciona a Javier Vázquez, hijo del presidente de la República. Esa mención de Valdez a Vázquez fue ratificada a El Observador por fuentes de la AUF.
Todas las fuentes aclararon que no tienen ninguna prueba de irregularidades, pero que era un comentario generalizado porque les llamaba la atención la insistencia del Ministerio con DDBA. Esa incomodidad, sumada a la insistencia de Alcántara, es lo que explica, según fuentes del entorno de Valdez, el exabrupto del presidente, que lo llevó a la renuncia a la candidatura.
Incluso Valdez tuvo discusiones sobre el tema con la empresa ITC, propiedad de Antel, que asesoró a la AUF en el proceso. Más allá de eso, todas las fuentes destacaron la idoneidad técnica de ITC y las garantías que les brindaba que participara del proceso.
El proceso
El primer llamado propuesto por la AUF, que estipulaba un gasto de instalación de US$ 4,5 millones, había sido ganado por la empresa DDBA, pero quedó en suspenso. En ese momento, el consorcio representado por Alcántara se había presentado tarde y no fue incluido, otro aspecto por el que el empresario ya le había protestado a Valdez.
La Asociación, tras debatir con el Ministerio del Interior, resolvió que no podía pagar ese monto -era tiempos en que el escándalo del Fifagate, en particular el congelamiento de fondos de Fullplay, había dejado a la AUF al borde de la cesación de pagos-.
Había mucha presión política alrededor. El inicio del torneo, previsto para julio de 2016, fue postergado - ya que además el Ministerio no aportaba policías para los estadios hasta que se instalaran las cámaras - y se estableció un cronograma express para la adjudicación: el llamado seria en agosto y la adjudicación en octubre. La decisión sería de la AUF con el asesoramiento de ITC, pero con la opinión técnica del ministerio.
El consorcio representado por Alcántara no pasó siquiera a la etapa de prueba técnica de la segunda prueba, realizada por cinco empresas en la tribuna Olímpica del Estadio Centenario. Luego de quedar afuera es que el empresario reclama a Valdez.
Las empresas que participaron del llamado consultadas por El Observador concuerdan en que el resultado las sorprendió, pero como no fue un llamado a licitación público, sino privado, no hay obligación de parte de la AUF de mostrar datos ni el proceso por el que se realizó la selección. Dijeron que el proceso fue impecable, pero que el final los sorprendió.
Las empresas participantes -entre 16 y 20 según las fuentes consultadas- nunca tuvieron una devolución oficial de parte de la AUF. No había obligación, pero muchos la esperaban por el hecho de que el llamado inicial fue realizada con mucha publicidad, al estilo de una licitación.
Según el diario El País, Valdez le dice a Alcántara en los audios que la AUF estableció una comisión para que estudie los proyectos, y que le informaba sobre los avances de la situación en lugares llamativos, lo que motivó al empresario a grabarlo, según explicó Silvia Echebarne, la abogada de Alcántara.
