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La jugada en torno a la Universidad de la Educación

Lo que interesa es hacer una jugada política para cobrarle a la oposición en la opinión pública
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29 de marzo de 2018 a las 05:00
Por Daniel Corbo
Lo de la Universidad de la Educación se repite cada pocos años. La imagen parece decir que a la fuerza política que gobierna le interesa que la educación adquiera jerarquía universitaria. Pero nos permitimos ponerlo en duda, porque en cada instancia parlamentaria en que se presenta el proyecto de ley para su creación se incorpora, tozudamente, una forma de gobierno de la misma basada en el cogobierno de los órdenes. El Frente Amplio sabe que la oposición no está dispuesta a crear una institución de esa envergadura, con un mecanismo gubernativo que fortalece con nuevos espacios de poder a las corporaciones docentes y estudiantiles que tanto daño le siguen haciendo a la enseñanza pública. En lugar de rebajar el poder de los gremios el Frente Amplio juega, irresponsablemente, a incrementarlo y extenderlo a nuevas áreas. Y como para crear nuevos entes autónomos la Constitución requiere mayorías especiales en ambas Cámaras legislativas, la propuesta está destinada a naufragar y el país quedarse de nuevo, como ocurrió cuatro años atrás, sin una formación docente de nivel universitario. Así que el gobierno dice querer la Universidad de la Educación pero la organiza de tal forma que sabe, de antemano, que no es viable políticamente.

Entonces la pregunta es, ¿le interesa realmente? Creemos que no. Lo que le interesa es hacer una jugada política para cobrarle a la oposición en la opinión pública, la responsabilidad de que la Universidad de la Educación no se apruebe. Solo le sirve que se apruebe si ello conlleva un aumento de los espacios de poder de los gremios que la izquierda controla (aunque a veces es al revés, son los gremios los que controlan al Frente Amplio y le impiden hacer). Como la oposición es un poco "lenta" para las jugadas políticas, avisamos que debería evitar quedar en la situación impropia de aparecer no votando la Universidad de la Educación, para lo cual su movida debería ser presentar su propio proyecto de Universidad, autónoma pero sin cogobierno. No lo tiene que elaborar porque ya se hizo unos años atrás y fue presentado por el senador Bordaberry, pero con un texto consensuado con los blancos. De ese modo no solo se opondría al proyecto del Frente Amplio, sino que al presentar un proyecto propio afirma la idea de que quiere una Universidad de la Educación, y el Frente queda en la disyuntiva de votar el proyecto de la oposición para obtener las mayorías especiales requeridas, o no votarlo, lo que anula su jugada política y demuestra a la opinión pública que en verdad no busca que el país tenga una Universidad de la Educación.

En esta hipótesis el argumento que expondrá el Frente Amplio es que la Universidad debe ser autónoma y que por ello se requiere que esté cogobernada por los tres órdenes, estudiantil, docente y de egresados. Cada vez que un periodista, no de medios de izquierda, sino de diarios que se suele catalogar como la prensa grande de "derecha", informa sobre esta materia, se refiere en los mismos términos haciendo eco a la versión frentista: "La oposición se opone a la autonomía de la Universidad de la Educación", porque no quiere el cogobierno. La ignorancia de los conceptos más elementales del Derecho Administrativo es un patrimonio generalizado de muchos periodistas. Estos no saben lo que es una enseñanza básica de cualquier manual de facultad: lo que hace a la autonomía de un organismo es su naturaleza jurídica y no la forma en que se eligen sus autoridades. De ser así, el único ente autónomo del país sería la Universidad de la República, porque en el resto de los entes autónomos sus autoridades son designadas por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, en su totalidad o en su mayoría. La autonomía refiere a una ruptura del ligamen jerárquico respecto al gobierno central y la consiguiente capacidad del organismo autónomo de autolegislación y administración propia en las materias de su especialidad orgánica.

Tratándose de universidades públicas en general y de universidades o institutos universitarios de educación en particular, la regla del cogobierno de los órdenes es más bien la excepción en el mundo y, la generalidad, la otra opción, una administración que representa a los poderes públicos del país. Hay varias razones para preferir esta última opción. Una de ellas es que la educación es una política pública de gran trascendencia en el destino de una sociedad como para dejarla en manos solamente de los técnicos. La política pública es una cuestión de ciudadanía porque es una cuestión de fines y las cuestiones de fines no corresponden a los técnicos, a los expertos, nos corresponden a todos los ciudadanos. Y ese "todos" en una república democrática, es representada por los poderes públicos elegidos por el pueblo. Cuando se piensa que en esa Universidad de la Educación se forjarán los educadores que formarán a las generaciones de niños y jóvenes, futuros ciudadanos del país y su capital humano esencial, esa cuestión de política pública adquiere una gravitación significativa. Por eso no puede entregarse esa política pública tan trascendente y delicada a un grupo particular, como son los estudiantes y los profesores de esa universidad, porque ellos representan la versión particularista de un grupo, con sus intereses sectoriales, que aunque legítimos entre otros, no pueden representar los intereses generales de toda la sociedad. Los intereses generales deben ser resguardados por los poderes públicos representativos. De otro nivel y naturaleza son las cuestiones propiamente técnicas, que hacen a la producción de conocimiento, a las estrategias de aprendizaje, a las prácticas pedagógicas. Esas sí son cuestiones que corresponden, con autonomía técnica a los profesores y a los estudiantes implicados en ellas. Pero de otra naturaleza es la política pública de formación de los educadores del país y sus proyecciones sobre niños y jóvenes.

Para tratar de conseguir los votos necesarios para sancionar la creación de la Universidad de la Educación cogobernada, se ha salido a "conversar" a los intendentes y diputados blancos y colorados de departamentos del interior del país, tratando de seguir la estrategia que les diera resultado con la UTEC.
Los líderes blancos y colorados tienen la responsabilidad de liderar a sus dirigentes e impedir que algunos defeccionen, con visiones localistas, de lo que es un interés general de la sociedad: lograr una formación docente de calidad universitaria regida por los poderes públicos representativos y no por las corporaciones y no entregarles la bandera política de la Universidad de la Educación al Frente Amplio. No hay que ser zonzos.

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