La Justicia se va de feria y posterga fallo sobre ANCAP para febrero o marzo

El año 2017 tuvo al "caso ANCAP" como uno de los protagonistas de las causas judiciales. Desde febrero hasta fines de octubre desfilaron por el juzgado especializado en Crimen Organizado más de una decena de personas que declararon como indagados o testigos por la denuncia de presuntas irregularidades en el ente presentadas por cuatro partidos de la oposición en abril de 2016. El exvicepresidente de la República y expresidente de ese ante, Raúl Sendic, fue el último jerarca en declarar ante la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Luis Pacheco, quien esperaba tener una resolución para antes de la feria judicial mayor, que comienza en menos de dos semanas. Sin embargo, la responsabilidad que pueda recaer o no sobre Sendic y los demás indagados no será resuelta por la Justicia hasta febrero o marzo ya que las cosas se demoraron y el 22 de diciembre comienza la feria judicial que termina a fines de enero.

Algunos meses después de que en la investigación original se incluyeran los gastos que realizó Sendic en ANCAP con las tarjetas de crédito del ente, el Partido Independiente también pidió agregar los gastos realizados por el senador Leonardo de León en ALUR cuando fue su director primero y presidente después (2011 a 2015). Esa ampliación fue presentada a fines de octubre y casi de inmediato el fiscal pidió información a ALUR para conocer si mientras el senador de la Lista 711 estuvo al frente existía un reglamento que regulara su uso, pregunta sobre la que todavía espera una respuesta.

A su vez, el 7 de noviembre el fiscal Pacheco solicitó a un equipo multidisplinario que trabaja para Crimen Organizado cuando así se lo solicitan, que analice ciertos aspectos del uso de las tarjetas corporativas de ALUR y aún no hubo una respuesta, indicaron a El Observador fuentes vinculadas al caso.

Una vez que respondan, el fiscal citará como indagados a De León y al exgerente general de ALUR, Manuel González. El senador ya había declarado por la causa ANCAP como testigo y en aquel entonces resolvió hacerlo por escrito. La indagatoria no fue solicitada porque el fiscal esperará las respuestas pedidas, y se estima que las audiencias quedarán fijadas para después de la feria judicial mayor, que finaliza en febrero. En esa oportunidad, González y De León deberán declarar sobre la participación en contratos entre ALUR y Abengoa, informó el semanario Búsqueda.

Pero ALUR no es el único tema por el que la causa está un poco más demorada de lo previsto. A fines de octubre, Pacheco pidió a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) asesoramiento en algunos temas de la investigación, que fue recurrido por la defensa de Sendic y del también expresidente de ANCAP, José Coya, así como por las de Germán Riet (exvice de ANCAP) y de Juan Gómez (exdirector del ente), informó Búsqueda a fines de noviembre.

El fiscal responderá este martes a ese recurso y en su respuesta puede insistir en que la Jutep participe como colaborador –que es una de sus funciones- o entender que los argumentos esgrimidos por los abogados son correctos y, por ende, desiste de ese asesoramiento.

La defensa de Sendic y Coya se opuso a la intervención de la Jutep porque consideró que está "contaminada" y que no es objetiva. "¿Qué objetividad podría tener un asesoramiento de la Jutep a la fiscalía cuando esta ya se expresó respecto de la situación de unos de nuestros defendidos?", se preguntaba en el escrito, según público Búsqueda.

Los abogados se referían al fallo de la Jutep sobre el uso de las tarjetas corporativas de ANCAP por parte de Sendic, que concluyó que violó normas vigentes de administración de fondos públicos.

Si bien el fallo de la Jutep estuvo en manos de la Justicia, la solicitud de colaboración responde a tres temas en particular. Por un lado, la intermediación frustrada de la financiera Exor para la cancelación de la deuda con la petrolera estatal venezolana Pdvsa, los negocios con Ecuador en los que estaba involucrada la multinacional Trafigura y la contratación de remolcadores a la empresa Kios.

Las denuncias presentadas por cuatro partidos de la oposición en 2016 surgieron como resultado de las conclusiones a las que llegaron legisladores en la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en la gestión de ANCAP desde el año 2000 al 2015. De todos modos, la investigación en Crimen Organizado se centró en el período desde el que el Frente Amplio fue gobierno.

Paros de funcionarios judiciales e imprevistos de algunos de los citados que debieron posponer sus declaraciones, trastocaron la agenda que Pacheco y Larrieu parecían tener bajo control, luego de meses un tanto vertiginosos que tuvieron como punto cúspide la renuncia de la entonces fiscal del caso, María de los Ángeles Camiño, a una semana de que se realizara la primera audiencia.