La ley de salud mental sigue su camino tras recibir varias críticas

Con votos de todos los partidos y con varios cambios en relación al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo, se aprobó este martes la ley de salud mental con el objetivo de tener una visión más enfocada e integral en derechos humanos, según destacaron varios de los legisladores.

Uno de los puntos que más críticas generó, tanto por parte del oficialismo como de la oposición, fue el vinculado a la creación de la Comisión Nacional de Contralor como organismo dependiente del Ministerio de Salud Pública.

"No soy un entusiasta de este proyecto de ley, pero lo vamos a acompañar con muchas dudas. El órgano de revisión no debería estar dentro del MSP, pero lo votaremos por un concepto de celeridad y urgencia para contribuir y dar crédito al oficialismo para poder hacer cumplir la ley", apuntó el diputado nacionalista Martín Lema. Asimismo, pidió que el MSP disponga en la Rendición de Cuentas a ser tratada en el Senado la asignación de recursos dirigidos a hacer cumplir los objetivos de la nueva norma.

El proyecto tiene cambios particularmente en el artículo primero, donde se establece el "derecho a protección de la salud mental de los habitantes residentes en el país, con una perspectiva de derechos humanos de todas las personas y particularmente de aquellas usuarias de los servicios de salud".

La nueva propuesta pretende abarcar desde un punto de vista más integral la atención de las personas, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales. La legislación vigente en Uruguay en esta temática data del año 1936.

Uno de los pasajes que más atención requirió por parte de los legisladores, fue el de la hospitalización involuntaria. En este sentido, el diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez –de profesión psicólogo– compartió la crítica de Lema sobre el órgano de contralor y expresó la necesidad de seguir trabajando en el abordaje de la internación. Nuñez resaltó la importancia de realizar evaluaciones interdisciplinarias, para que no solo dependa de la firma de dos profesionales actuantes. En el proyecto original se requería la firma de un médico actuante.

La Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental desde una perspectiva de Derechos Humanos (Cnlsm) –que estuvo presente en el Parlamento– emitió un comunicado donde cuestionó varios puntos de la ley y aseguró que no se tuvieron en cuenta los aportes realizados por las distintas organizaciones.

Si bien en el primer artículo de la ley el término "trastorno mental" fue removido, el proyecto lo utiliza en el artículo dos definiendo al trastorno mental como "la existencia de un conjunto de síntomas y conductas clínicamente reconocibles, asociado en la mayoría de los casos con el malestar y con la interferencia con el funcionamiento personal".

En su comunicado, la organización sostiene que esa definición reduce la complejidad del campo a un solo ámbito –el de la psiquiatría– y asegura que esa conceptualización estigmatiza a las personas. Por su parte, el diputado de Unidad Popular Carlos Pérez fue el único de los cerca de 70 legisladores que aprobaron la ley que se negó a votar algunos de los artículos de la propuesta.