La megacausa de ANCAP se divide y separa los casos de Riet y Gómez

La Justicia decidió este lunes dividir la megacausa de ANCAP al enviar el expediente del exvicepresidente de ANCAP Germán Riet y del exdirector del ente Juan Gómez a la Suprema Corte para que se expida sobre el recurso de inconstitucionalidad que ambos presentaron contra el delito de abuso de funciones, por el que son investigados, dijo a El Observador la jueza de Crimen Organizado que tiene la causa, Beatriz Larrieu.

De esta forma, las actuaciones de la Justicia sobre ambos exjerarcas quedarán suspendidas hasta tanto el máximo órgano judicial tome una definición, y Larrieu continuará investigando el resto de las denuncias.

Si bien el fiscal de la causa, Luis Pacheco, le imputó el delito de abuso de funciones a ocho de los nueve acusados, entre los que se encuentra el exvicepresidente Raúl Sendic, la jueza decidió enviar el expediente a la Suprema Corte solo en el caso de quienes presentaron el recurso de inconstitucionalidad, lo que permitirá que el resto de la causa siga su curso. Larrieu explicó que debió hacer la separación porque los recursos de inconstitucionalidad atañen solo a quienes los presentaron.

Según el recurso presentado, al que accedió El Observador, el delito de abuso de funciones "vulnera en forma clara el principio de protección jurídica que establece el artículo 7 de la Constitución, así como el principio de legalidad o reserva legal impuesto por el artículo 10 de la propia Carta".

El artículo 7 dice: "Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general". El 10 señala lo siguiente: "Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe".

El escrito agrega que el delito de abuso de funciones en casos especialmente no previstos por la ley no da la "certeza, claridad y precisión" necesarias en un derecho que se precie de liberal y democrático.

"Toda la doctrina entiende que es un delito inconstitucional, un delito con la base muy abierta, abarca mucha cosa y vulnera ciertos principios elementales, por lo que entendimos que no lo podíamos dejar pasar", dijo el abogado Pablo Barreiro a Telenoche. El defensor reconoció que aunque la Suprema Corte ya rechazó otros recursos similares en contra del delito de abuso de funciones, el reciente cambio de integrantes del órgano judicial podría ser una oportunidad.

Riet y Gómez cometieron un delito de abuso de funciones, a criterior del fiscal Pacheco, por su papel en la contratación de la multinacional Trafigura en un negocio de intermediación con la petrolera ecuatoriana Petroecuador entre 2010 y 2011. El acuerdo consistía en que ANCAP le comprara petróleo a la compañía con sede en Quito a través de Trafigura para luego venderle gasoil.

Esto se llevó adelante durante varios meses sin contrato. Además, según indicó el fiscal, hubo un monto de operaciones total entre 2010 y 2012 de US$ 4.900 millones, pero las ganancias de ANCAP fueron de US$ 5 millones.

ANCAP "incurrió en una grave irregularidad, consistente en contratar con una empresa privada sin el correspondiente llamado previo a procedimiento competitivo", sostuvo fiscal en el pedido de procesamiento. Pacheco entiende que de haber habido una licitación, la ganancia para ANCAP podría haber sido mayor; asimismo, la contratación directa puso a Trafigura en "una posición extremadamente ventajosa".

A juicio de Pacheco, que ANCAP entregara gasoil por crudo viola la Constitución porque el ente no puede tener una tarea de "trading", como se le conoce a ese mecanismo. Pacheco sostiene, además, que si bien el organismo estatal obtuvo ganancias, las de Trafigura (elegida sin licitación) fueron "abrumadoramente mayores". Todo eso configura "un acto arbitrario", que se sanciona con el delito de abuso de funciones.

Pacheco también consideró que hubo abuso de funciones en el papel que Riet y Gómez tuvieron en la contratación directa –y sin licitación– de Exor como intermediaria en el pago de la deuda que ANCAP tenía con la petrolera estatal venezolana Pdvsa. Sin embargo, a último momento Pdvsa decidió prescindir de los servicios de Exor y optó por el Bandes.