La oposición proyecta un acuerdo político para combatir la inseguridad a partir de 2020

Los partidos de la oposición aseguran que el próximo gobierno no será frenteamplista. Y tan confiados están en esa hipótesis que ya comenzaron a trabajar para generar un acuerdo a nivel nacional que reúna las principales coincidencias en materia de delito para aplicar a partir del 1° de marzo del 2020.

Así lo manifestaron este miércoles en un debate sobre perspectivas y políticas de seguridad, Guillermo Maciel, por el Partido Colorado, Álvaro Garcé por el Partido Nacional y Gustavo Zubía por el Partido de la Gente, en una jornada organizada por Asis Internacional, un asociación que nuclea a los profesionales de la seguridad en Uruguay.

Los opositores definieron la gestión del ministro Eduardo Bonomi como un "fracaso absoluto" y con grandes señales de "desorientación". Le cuestionaron, sobre todo, haber aplicado una "visión ideológica de la seguridad pública", factor que según advirtieron llevó al oficialismo a actuar en función a dogmas en lugar basarse en cuestiones técnicas y prácticas. Asimismo, los tres expositores denunciaron "falta de coherencia" entre las observaciones que realiza el gobierno y las medidas que sugiere para combatir la delincuencia.

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Tras una serie de críticas a la gestión del Frente Amplio por parte de los expositores, Garcé fue el primero en bajar a tierra las coincidencias de la oposición. En este sentido, propuso elaborar un acuerdo nacional que aunque no tenga la cooperación unánime de todas las fuerzas políticas sí cuente con el apoyo de la mayoría de los partidos. A los grandes problemas, dijo, hay que pensarles grandes soluciones. Se refirió a medidas a corto plazo con un efecto "shock" para conseguir resultados visibles en el lapso de un año e ideas más amplias para desarrollar a largo plazo.

Para el expositor nacionalista es indispensable que el pacto contemple revisar las facultades jurídicas de la policía y de los particulares, y fomentar también la cooperación entre el Estado y las empresas de seguridad privada. Fortalecer, asimismo, la comisaría como unidad operativa básica y recuperar, fundamentalmente, la autoridad que hoy han ganado los delincuentes. Habló de la independencia técnica de la policía bajo el mando política y de promover, también, la participación de la ciudadanía en la prevención del delito.

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Maciel se refirió a la necesidad otorgar mayor respaldo a la policía para restablecer la autoridad como así también el cumplimiento de la ley. "Priorizar vaciar las calles de delincuentes, en lugar de las cárceles, generar empatía con la gente y perseguir a los criminales en lugar de culpar a las víctimas. No necesitamos un proyecto ideológico, necesitamos idoneidad, coherencia, coraje y sensibilidad", enfatizó el colorado.

El representante del Partido de la Gente se refirió a la intención del oficialismo de pensar medidas alternativas a la prisión, para que cierto tipo de delincuentes cumpla penas fuera de las rejas. "Yo también estoy de acuerdo con eso, pero cuando hablamos de un hurto en un supermercado de una persona que no tenía antecedentes penales. Pero ellos aplican la suspensión condicional del proceso a delitos de hasta tres años de penitenciaría. Es aberrante", diferenció Zubía.

Las críticas al Frente Amplio

"Estamos ante una catástrofe en materia de seguridad por las cifras espeluznantes que ya conocemos. Le han mentido a toda la gente y seguro que les volverán a mentir", sostuvo Maciel mientras hacía referencia a los resultados actuales de la delincuencia. En los primeros seis meses del año los homicidios aumentaron un 66.4% y las rapiñas un 55.8%, según datos del ministerio.

Además de remarcar esas cifras, el expositor colorado señaló la cantidad de delitos que se producen pero nadie los denuncia formalmente. Según Maciel, se estima que este monto sea, por lo menos, un 50% de los datos oficiales, aunque a veces suele ser incluso más elevado.

"La ideología tiñó la política de Estado en materia de represión y todo se fue al tacho", remarcó por su parte el ex fiscal Zubía, quien concluyó que el gobierno ha demostrado tener la premisa de no encarcelar infractores.

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"La crisis de seguridad que vivimos es el resultado de los errores que se repitieron en la gestión. A eso hay que sumarle un crisis de autoridad y de moral: el que mintió se tiene que ir, nadie le cree", dijo Garcé en relación al promesa incumplida del presidente Tabaré Vázquez en campaña, que luego Bonomi tomó como propia, de reducir un 30% las repiñas en el país antes de que acabe el gobierno.

Criticó que el ministerio, aún habiendo trabajado con un contexto ideal, no consiguió resultados favorables: contaban con mayoría parlamentaria, dijo, y además, sostuvo que son el equipo de seguridad que más continuidad tuvo en la historia del país, con mayor cantidad de recursos económicos y humanos. "Tuvieron todo y sin embargo estamos en el peor momento del país y con pérdida de legitimidad de la autoridad", aseguró Garcé y concluyó que el hartazgo de la gente contribuye a que el panorama sea aún peor.

"Perder la autoridad es muy fácil, basta con que nadie la ejerza. Lo difícil es recuperarla. Este va a ser el desafío del gobierno que asuma el 1 de marzo de 2020", detalló. Gane el que gane de la oposición, dijo Zubía, en ese gobierno se depositará "la única esperanza" para dar un giro a la gestión de la seguridad pública.