La Unión Europea (UE) y Cuba firmarán este martes un acuerdo para promover las energías renovables en la isla, el primero tras la normalización de sus relaciones diplomáticas, que están decididos a profundizar independientemente de Washington.
"El acuerdo UE-Cuba sienta las bases para una colaboración coherente y fiable con Cuba y su pueblo", indicó en un comunicado la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, un día antes del primer Consejo Conjunto en Bruselas con su par cubano, Bruno Rodríguez.
Bruselas y La Habana comenzaron una nueva etapa en sus relaciones el pasado 1° de noviembre con la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, cuya firma meses antes puso fin a la llamada Posición Común de 1996 que limitaba la cooperación a avances en derechos humanos.
Esta normalización se produjo en pleno cambio de vientos en Washington. Tras el acercamiento del exmandatario estadounidense Barack Obama, su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump, estancó el deshielo con las autoridades de la isla sobre la que pesa un embargo estadounidense desde 1962.
La designación el 19 de abril de Miguel Díaz-Canel como presidente cubano, tras los gobiernos de Fidel y Raúl Castro, tampoco cambió la postura de Washington, que reiteró su prioridad de liberar Cuba, donde sigue el "legado de tiranía" de los líderes de la revolución comunista de 1959.
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La UE, que también enfrenta peligros diplomáticos de Trump en la cuestión del acuerdo nuclear iraní, opta por mantener su estrategia de diálogo con las autoridades como "la mejor manera de acompañar las transformaciones en Cuba", dijo a la AFP un alto funcionario europeo.
"Hay cambios simbólicos. Por primera vez, tenemos un presidente que no participó en la revolución, que no es un militar", pero "se necesita tiempo para medir el impacto que esto tendrá en la línea política del país", precisó esta fuente.
Los europeos esperan que su cooperación económica con la isla mejore la vida de los cubanos y siente así las bases para una mayor apertura política en el país latinoamericano, donde el Partido Comunista (PCC, único), con Raúl Castro al frente hasta 2021, representa el núcleo del poder cubano.
"El aislamiento nunca ha servido para alentar una evolución positiva", dijo en marzo la jefa de la diplomacia europea, durante un debate en la Eurocámara sobre la preparación del primer Consejo Conjunto, defendiendo el deshielo europeo frente al bloqueo estadounidense en Cuba.
Para el comisario europeo de Cooperación y Desarrollo, Neven Mimica, el bloque apoya así a Cuba "en su ambicioso objetivo de obtener una cuarta parte de combinación energética de energías renovables para 2030" con ese programa, que ayudará "a atraer inversiones internacionales".
Los europeos también prevén financiar a partir de finales de año un programa de apoyo a la seguridad alimentaria resistente al clima y sostenible en Cuba, con una contribución de US$ 23,5 millones.
La isla trabaja actualmente para actualizar su modelo económico de corte soviético, un plan que contempla una mayor apertura a inversiones extranjeras y a la promoción de negocios privados.
Los 28 países de la UE son el principal inversor extranjero en Cuba (principalmente en los sectores del turismo y la construcción), según la Comisión Europea, que cifra además en US$ 471 millones las importaciones de bienes cubanos en 2017 y en US$ 2.094 millones sus exportaciones a la isla.
Junto a la cooperación económica, La Habana y Bruselas tienen previsto lanzar también cinco diálogos sobre desarrollo sostenible, no proliferación, control de armas, derechos humanos y medidas unilaterales. Este último apartado abordará el embargo de Washington a la isla.
La cuestión de la libertad política y los derechos humanos en la isla, que ya se abordó en tres diálogos separados entre Bruselas y La Habana, es también prioritaria para la diplomacia europea, que enfrenta una fuerte presión de las bancadas conservadora y liberal de la Eurocámara.
El acuerdo diplomático, ratificado por el momento por 13 de los 28 países de la UE de cara a su aplicación completa y definitiva, contempla la posibilidad de suspenderlo en caso de una violación grave de los compromisos sobre derechos humanos.
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