La usina de vergüenza por tentaciones seudo monárquicas

El ejercicio del poder puede acarrear problemas de ceguera, de sordera, de deterioro de los sentidos, y eso para un político implica la adquisición de un riesgo innecesario.

Un problema es confundir la diferencia entre "oír" y "escuchar". Lo primero es simplemente "percibir con el oído los sonidos", pero lo segundo es "prestar atención a lo que se oye".

Las respuestas a medios de prensa que estos días dieron los intendentes de Cerro Largo, Lavalleja y Artigas, son el reflejo de oír, sin escuchar.

Cada caso es diferente, y posiblemente no configuren una acción delictiva o violatoria de normas sobre Estado y funcionarios, pero quedaron expuestos como devaluaciones de la ética. Porque el problema no está solamente en los hechos, que a veces pueden tener explicaciones entendibles, sino en la argumentación de defensa de lo hecho. Ahí, hay derrapes fuera de pista.

El Frente Amplio viene de hacer un master y un doctorado en estas cuestiones, cuando se sintió atacado por la gestión de ANCAP, el sainete del título de licenciado del ex vicepresidente Sendic, la administración de hospitales públicos, entre otros casos. En todos los casos, la reacción y la respuesta, fue peor de lo que se podía suponer. Eso tuvo un costo que debió ser atendido por todo el sistema partidario, pero sobran ejemplos de que fue ignorado.

Esta semana, la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, quiso defender su decisión de poner a su hermano al frente de la Dirección de Prensa, luego de que el periodista que tenía ese cargo, renunció en medio de la desazón general por los escándalos de ese gobierno departamental.

Peña se empeña en salir serena y simpática en los medios de Montevideo, como si no pasara nada, pero cuando ve que no convence, desnuda su enojo y termina diciendo que la política se ha vuelto una "basura", como declaró el miércoles en Radio Sarandí. De exponer públicamente su nombre como potencial vicepresidenta en diciembre de 2016, a decirle a Nacho Álvarez esta semana que no sabe si tiene ganas de seguir en política.

Peña oye las críticas, por lo que sale a responder. Pero no escucha. Ni escucha lo que le quieren transmitir sus correligionarios (porque no atiende el teléfono al presidente de la Junta Departamental), ni escucha lo que transmite la opinión pública, que no tolera ni corrupción ni otro tipo de desvíos.

Escucha a una señora que según su relato la para por la calle y le dice: "divino me está quedando el barrio", y que luego le aconseja: "cerrá los oídos y seguí trabajando".

O sea que escucha al que le dice que no escuche.

Y se convence que sus correligionarios son los que arman el lío, sin entender que el problema está en sus decisiones. Sus compañeros de partido reaccionan con indignación, lo que parece entendible ante la usina de vergüenza por el intento de suba de sueldos. Aumentar el salario de un esposo o concubino implica incrementar el ingreso de su propio hogar, y por alguna razón, el salario de los intendentes los vota la Junta Departamental de un período para el siguiente.

El caso es que no sólo lo quiso aumentar, sino que cuando la Junta se lo quiso impedir, vetó un decreto y persistió todo lo que pudo para imponer su criterio. Seguía sin escuchar. Y como la vergüenza se contagió y sus directores renunciaron al aumento, incluso su pareja, a la hora de llenar una vacante puso al hermano, dio otra señal política monárquica en lugar de una republicana.

El caso Peña podría ser visto menor, reducido a su departamento, pero es un claro ejemplo de esa falta de sintonía de líderes políticos con el estado de alerta pública sobre los desvíos de la ética en el ejercicio del gobierno.

Lo de Sergio Botana en Cerro Largo es similar, peor que la contratación masiva que hizo, es la explicación. Habla de "reincorporación" en lugar de "contratación" para justificar su decisión, y lo compara con el reintegro de funcionarios destituidos por la dictadura, sin darse cuenta que para aquello se hizo una ley.

Y explica que lo tuvo que hacer para evitar juicios, como si fuera un juez paralelo. Porque en realidad, Botana y Peña transmiten una postura común: si hay buena intención, las normas son un elástico.

El problema no es de los blancos. Lo sufrió el Partido Colorado que estuvo más tiempo que ningún otro en el poder, y también lo ha afectado mucho al Frente Amplio. Los casos de corrupción, los desvíos éticos, los caprichos de abuso de poder, se han visto en todas las colectividades que ejercieron el gobierno, pero ni hay un partido que puede ser tildado de corrupto, ni se puede generalizar con enchastre a "los políticos" como algo inherente a esa función.

Parece claro que el tema de la ética sea un punto de campaña electoral y los partidos deben oir y escuchar el reclamo popular. Y actuar.

El senador Álvaro Delgado sugirió esta semana que habrá que adoptar algunas medidas o reglas hacia delante, para dar más certezas sobre el ejercicio de cargos públicos y más claridad sobre marcos jurídicos que puedan dejar dudas.​Y el senador Pedro Bordaberry impulsó un proyecto de ley para impedir contratación de familiares en cargos de confianza​.

Todos pierden si entran en una competencia de acusaciones como para ver quién está más sucio. Hay que reconocer que la amplísima mayoría de la dirigencia pone tiempo y recursos, y que los desvíos son excepciones, aunque no pocas, pero que deben ser condenadas y contenidas con firmeza.

Un acuerdo ético asoma en el horizonte electoral, lo que no es suficiente pero necesario. No debe tener padre ideológico sino ser fruto de confluencia de líderes y partidos y ser bien trabajado, no para "llenar el ojo", sino por convicción. Varios gobiernos han caído por el disgusto de la gente por casos corruptos.

Pero no hay que esperar a 2019 para una acción de esa dimensión; es necesario que desde ahora, haya reacciones ante el amiguismo, el nepotismo, el capricho monárquico y otros desvíos de esa naturaleza, y las prácticas puntuales sean condenadas y corregidas. Sólo con actitudes así, un pacto ético futuro podrá contar con respaldo popular.