Las tres leyes de 2017 que pusieron el acento en el género

Si bien la propuesta original, presentada por la bancada del Frente Amplio, pretendía un régimen de paridad total entre ambos géneros, la negociación con la oposición (se precisaban dos tercios de los votos, por tratarse de una ley modificativa del sistema electoral) bajó el umbral de la iniciativa. Tampoco prosperó otra de las pretensiones del oficialismo, que consistía en extender las cuotas a las suplencias, evitando que los sectores pudieran “trampear” la normativa. Para ello, el proyecto original planteaba que los suplentes fueran del mismo género que el titular de la banca. Sin embargo, la oposición argumentó que eso suponía un fuerte obstáculo para el armado de las listas en el interior y, en definitiva, lo que se acabó aprobando fue solo la extensión del mecanismo votado en 2009.

La senadora Constanza Moreira (Frente Amplio), una de las impulsoras del proyecto original, expresó durante el debate parlamentario que la ley le dejaba “sabor a poco”, aunque reconoció que la nueva ley implicaba un avance. Por su parte, la también senadora frenteamplista Daniela Payssé destacó que la ley no implica “explícitamente” un beneficio para las mujeres, sino que habla de incluir “personas de ambos sexos en cada terna de candidatos”.

La ley dispone que “en toda elección de primer grado que se celebre para la integración de las autoridades nacionales, departamentales y municipales de los partidos políticos, se deben incluir, en las listas o nóminas correspondientes, personas de ambos sexos, en cada terna de candidatos, titulares y suplentes en el total de la lista o nómina presentada”.

Según dijo Payssé a El Observador, “si de eso se interpreta que es una ley para favorecer a la mujer es porque la historia indica que la política fue reservada para los hombres”. En Diputados la ley se aprobó el 18 de octubre, con 76 votos en 86.

Los reclamos de la sociedad civil también presionaron al Senado a apurar la tipificación del delito de femicidio, una nueva figura penal incluida en un proyecto de ley que había sido remitido por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2015, pero cuyo tratamiento en el Parlamento se había paralizado.

El 18 de abril de 2017, a cuarenta días del Día Internacional de la Mujer, los 31 integrantes de la Cámara Alta dieron media sanción al texto, por el cual se modificaban los artículos 311 y 312 del Código Penal. En el primer artículo de la ley se agregaba, entre las circunstancias “agravantes especiales” del homicidio, que el crimen fuera cometido contra la pareja o expareja o “cuando se cometiera por persona con quien la víctima tuviera o hubiera tenido una relación de afectividad e intimidad”. El segundo artículo, en tanto, definía al femicidio como una de las circunstancias “agravantes muy especiales” del homicidio, cuando fuera cometido “contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal”.

En la Cámara de Diputados, sin embargo, el proyecto tuvo algunas modificaciones que no cayeron del todo bien entre los senadores. En particular, se alteró el primer artículo agregando como condición para que se configure el delito la existencia previa de un vínculo de índole sexual entre la víctima y el perpetrador del crimen. El 3 de octubre, cuando el texto volvió a la Cámara de Senadores, fue votado por unanimidad, porque, de lo contrario, hubiese quedado trunco.

Más de un año y medio estuvieron los senadores discutiendo y retocando la ley, remitida por el Ejecutivo el 28 de diciembre de 2015. El resultado fue un extenso texto de 98 artículos, que incluye desde directrices generales para los organismos del Estado, hasta la instalación de redes de atención a las víctimas y reparaciones materiales.

El artículo 4° define la violencia basada en género como “una forma de discriminación que afecta, directa o indirectamente, la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres”.

A su vez, establece que “se entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta acción u omisión, en el ámbito público o el privado que, sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres”.

La ley enuncia 18 tipos de violencia basada en género, desde la violencia física, psicológica o sexual, hasta la simbólica (“ejercida a través de mensajes, valores, símbolos e imposiciones sociales, que transmiten reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, y que contribuyen a naturalizar la subordinación de las mujeres”); la violencia obstétrica (“toda acción, omisión y patrón de conducta del personal de la salud en los procesos reproductivos de una mujer, que afecte su autonomía o abusos de técnicas y procedimientos invasivos”); el acoso callejero y la violencia mediática (“toda publicación de mensajes e imágenes a través de cualquier medio masivo de comunicación que promueva la explotación de las mujeres o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad”).

Según Payssé, “todas esas descripciones no tienen como consecuencia un reproche penal sino el valor del enunciado programático y la consiguiente condena social”.

La ley dedica un capítulo a la persecución de los delitos sexuales, rediseñando el organigrama judicial yel código penal. La ley crea juzgados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual, que centralizarán las denuncias, de modo que las víctimas no tengan que pasar por más de una instancia judicial. Además, se cambian los viejos delitos de “atentado violento al pudor” por la tipificación de abuso sexual. El artículo 86° incorpora al Código Penal la figura de “abuso sexual”, para quien “por medio de la intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva realice un acto de naturaleza sexual contra una persona”. En tanto, el artículo 87° establece el “abuso sexual especialmente agravado”, cuando existe penetración (con una parte del cuerpo o con un objeto). También se incorpora el “abuso sexual sin contacto corporal”, para quien “ejecutare o hiciera ejecutar a otra persona actos de exhibición sexual ante una persona menor de dieciocho años de edad”.

Entre los otros delitos que se tipifican o se modifican, están la violencia doméstica, la divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo (siempre que la víctima no haya dado su autorización), y el grooming (el contacto reiterado de un adulto con un menor a través de plataformas digitales con fines sexuales).

Como con la ley de femicidio, el proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado pero no en Diputados, donde recogió 63 votos en 84. Durante la sesión, la diputada frenteamplista Romina Napiloti criticó a los que no levantaron la mano. “Lamentamos que parte del sistema político elija no acompañar esta ley, ya que los cambios culturales requieren que toda la población se sienta parte del problema y de la solución, sea varón o mujer, sea feminista o no”, afirmó.