Lejos de la promesa electoral, gobierno se prepara para anunciar que rapiñas aumentaron cerca de 50%

Policías contra policías. Jueces contra jueces. Fiscales contra fiscales. Policías contra jueces. Policías contra fiscales. Fiscales contra jueces.

A veces públicamente y otras en reserva, el estado de inseguridad en que está el país ha provocado roces y diferentes visiones acerca de las causas y responsabilidades de lo que es a todas luces el peor momento para el gobierno en su lucha contra la delincuencia. El extinto director nacional de Policía, Julio Guarteche, decía que era fundamental que hubiese una "percepción compartida de la inseguridad". Bueno, entre los organismos encargados de perseguir a la delincuencia parece que no existe tal percepción compartida.

En agosto del año pasado, el Ministerio del Interior se encaminaba a informar que las rapiñas se iban a terminar reduciendo en un 24% –el compromiso era reducirlas un 30%– pero ahora se está preparando para anunciar en julio que los asaltos con violencia tuvieron un incremento del entorno del 50%.

¿Qué responsabilidad tiene el Código del Proceso Penal (CPP) en esta reversión de los resultados?

En el Ministerio del Interior dicen que mucha. Como contrapartida, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que la semana pasada mantuvo una reunión reservada con jerarcas del ministerio y la Policía para analizar la crítica situación, sostiene que el nuevo CPP comenzó a regir en noviembre de 2017, y que la gráfica muestra que el cambio de tendencia hacia un aumento de las rapiñas comenzó en setiembre, dos meses antes de que rigiera el nuevo código.

Durante la interpelación que le hizo el senador Pedro Bordaberry, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reveló cuál es su mirada sobre las negociaciones entre fiscal y acusado que el nuevo CPP habilita. "Un grupo importante de los criminales está en prisión. Otros han quedado procesados sin prisión en función de los acuerdos realizados por la Fiscalía. No necesariamente compartimos esa estrategia de negociación con los criminales para lograr el procesamiento de otros. Pero eso corresponde al ámbito de la Fiscalía y la Justicia. Desde la perspectiva de la seguridad pública, a estas bandas criminales hay que reprimirlas duramente, un día sí y otro también. Sin pausa, con firmeza y en forma sistemática. A pesar de esos acuerdos judiciales vamos a seguir insistiendo en la represión sistemática de estos grupos", afirmó el ministro.

"Se ha reducido un 51% los procesamientos con prisión y un 35% los procesamientos sin prisión. Esto es así, son números. Esta renuncia a la persecución penal tuvo automáticamente un aumento en los delitos. Eso también se puede demostrar científicamente con datos. Se ha dicho que hay que esperar dos años para hacer evaluaciones. Nosotros creemos que no, que es necesario hacer los ajustes ahora porque la instalación de espacios de impunidad y de no persecución penal nunca fue el argumento para impulsar el nuevo Código", agregó Bonomi.

Jerarcas de la Policía dicen que esta señal de benevolencia en la aplicación del código impacta en la actitud de los uniformados que andan en la calle.

Un docente de la Escuela de Policía contó que en un curso de ascenso de grado de subcomisario para comisario, los oficiales se desahogaron. "Dicen que ellos arriesgan la vida para apresar a un delincuente y que luego el juez lo deja en libertad o el fiscal llega a un acuerdo que le baja la pena", dijo el docente.

De hecho, en el primer caso tramitado en Montevideo bajo las reglas del nuevo CPP, un indagado por hurto de varios vehículos, se resolvió en menos de 20 minutos: quedó en libertad con la condición de intentar un acuerdo con la Fiscalía que le permita cumplir medidas sustitutivas a la prisión.

El fiscal Rodrigo Morosoli se encuentra entre los integrantes del Ministerio Público que defienden el nuevo CPP y las posibilidades que este otorga de negociar con los delincuentes.

El día anterior a la conversación con El Observador, Morosoli había acordado con la defensa de un delincuente una pena de 3 años y 8 meses cuando, si se hubiese ido a juicio, se habría logrado 5 años y 4 meses. Morosoli dice que evitar el juicio le ahorró gastos de horas hombre al Estado.

"Si me llega el caso de un cobrador que se quedó con plata, ¿qué es lo que busco? ¿Qué haya más presos? Puedo negociar una libertad vigilada, trabajo comunitario sin por eso ser benévolo", añadió.

El fiscal dijo que algunos de sus colegas se quejan de que tienen hasta mil casos para atender porque "antes al juez le llegaba el 60% de los casos y hoy le llegan todos. Había asuntos que quedaban en la órbita policial y que hoy se judicializan".

"Tuve el caso de un hombre que aterrorizaba a los vecinos hasta que tiró un cóctel molotov a un patio. Condenado por violencia privada se le dictó libertad vigilada y tareas, y ese fallo se tomó con el beneplácito de víctimas. ¿Qué queremos, más cárcel o solucionarlos conflictos?", se preguntó Morosoli.

Desde la Fiscalía de Corte se pone énfasis en otra cifra que estaría explicando algunas debilidades del CPP. Según el fiscal de Corte, Jorge Díaz, cuando se estaba preparando el código se preveían 220 mil noticias criminales al año y hoy están en 380 mil.

La Policía, a su vez, también reconoce que haber puesto tablets en los patrulleros, donde cualquier persona puede hacer la denuncia sin tener que concurrir a una dependencia policial, incrementó la cantidad de casos a atender.

También se admite en el Ministerio del Interior que la andanada de rapiñas y homicidios de los últimos meses desbordaron hacia el interior del país, donde tuvieron lugar las últimas manifestaciones de vecinos en reclamo por seguridad.

El Ministerio del Interior se dispone a instalar cuatro bases de la Guardia Republicana (Salto, y los ejes de las rutas 5, 8 y 9) con 150 efectivos cada una. Esto responde a las demandas de los vecinos y, tangencialmente,al plebiscito que impulsa el senador Jorge Larrañaga para crear una guardia nacional con militares. La Guardia Republicana es una Policía militarizada, que en muy poco se diferencia de la disciplina que tienen los militares.

Hay fiscales que también cuestionan el funcionamiento de la Justicia. El Observador constató casos en los que, molestos por el fallo judicial, fiscales le han pedido a los policías, con quienes comparten esta molestia, que hagan públicos los fallos.

Tal el caso de una rapiña especialmente agravada en la que la jueza Marcela Vargas dispuso prisión para uno de los delincuentes, pero a los otros dos, que tenían antecedentes, les dictó prisión domiciliaria. Como no había tobilleras, durante 24 horas, hasta que aparecieron las tobilleras, parejas de policías en tres turnos y su respectiva patrulla tuvieron que montar guardia en la casa de ambos delincuentes. La Suprema Corte de Justicia le pidió explicaciones a la jueza quien a su vez pidió su pasa de Penal a Laboral, según informó Búsqueda.

Fiscales y policías tienen una larga lista de casos "sorprendentes" en que los jueces dejaron en libertad a los delincuentes, como por ejemplo un asalto en San Luis en el que se le encontraron a los presuntos delincuentes fajos de billetes con pinzas similares a las que usaba la víctima, además de conversaciones por whatsapp que revelaban la preparación del delito. Entre los argumentos que manejó el juez para plantear que la Fiscalía no había logrado reunir las pruebas, señaló que no había forense que permitiese comparar la bala que se le extrajo al comerciante con el arma que portaban los presuntos bandidos. Como consecuencia, los dejó en libertad.

Para peor, según informó Búsqueda este jueves, uno de esos homicidas y rapiñeros cometió otro asesinato luego de haber sido liberado.

Antes de que se conociera este dato, el caso había provocado un enfrentamiento de la Suprema Corte de Justicia con el ministro Bonomi, quien en declaraciones a canal 10 dijo que "en lugar de soltarlo al presunto homicida, el juez puede ordenar que se haga la diligencia probatoria que no se cumplió".

La SCJ le respondió en un comunicado donde dijo que Bonomi "ignora los principales fundamentos del sistema acusatorio" ya que sería ilegal que el juez dispusiera cualquier medida en la investigación, algo que le compete al fiscal desde que rige el CPP.

Pero más allá de este error en las declaraciones de Bonomi, para la Policía y para la fiscal de la causa, Sylvia Lovesio, aún sin la pericia balística que reclamaba el juez, había motivos para encarcelarlos. "A mí me parece que eso no es motivo suficiente" para dejarlos libres, dijo a canal 12 la fiscal Lovesio, quien apelará el fallo del juez Marcos Seijas.

En la misma línea, Búsqueda recoge el enojo de la fiscal de Rivera, Verónica Bujarín, por un hecho similar ocurrido en ese departamento donde un juez dejó en libertad a rapiñeros."Se le imploró al juez que cambiara su decisión. La Policía cumplió. La Fiscalía también. Después se pone a todos en la misma bolsa", dijo la fiscal Bujarín en una directa crítica sobre el accionar de algunos jueces.

Pero esta "alianza" entre fiscales y policías para exponer a los jueces más indulgentes, es frágil. Los uniformados ven similar actitud en algunos fiscales. Un oficial dijo que podría enumerar decenas de casos en los que los fiscales negocian penas menores, lo que molesta a los uniformados. Pero incluso cuando no negocian hay fallos "insólitos", dijo el docente de la Escuela de Policía.

Puso como ejemplo el de los dos hombres que atropellaron con un camión a un hombre y a su hija. La Fiscalía los acusó de intento de homicidio intencional en grado de tentativa.Para uno, la Fiscalía pidió la prohibición de conducir vehículos por el término de 120 días y la prohibición de abandonar el domicilio desde los sábados a las 13 horas hasta los lunes a las 7 horas de modo que no perjudique sus actividades laborales. Para el segundo imputado se pidió solo la prohibición de dejar su domicilio de sábado a lunes.

La Fiscalía y la Policía reclaman más personal, aunque por distintas vías. La Fiscalía de Corte había pedido que en la Rendición de Cuentas se le dieran rubros para sumar 120 fiscales a los 330 ya existentes. Le dieron recursos para 50. Por ese motivo recurrirá a un artículo del CPP que permite contratar a abogados para que funcionen como fiscales. Como cobran casi la mitad que los fiscales, por esa vía la Fiscalía podrá duplicar la cantidad de magistrados.

El caso de la Policía es distinto. El Ministerio del Interior reclama poder utilizar policías que están en tareas que los alejan de la vigilancia y el patrullaje.

El Ministerio del Interior analiza seriamente plantearle a la Suprema Corte de Justicia que ya no está en condiciones de hacer guardia en la casa de las víctimas de violencia doméstica.

El ministro Bonomi dijo este jueves en rueda de prensa que ante la falta de tobilleras electrónicas, hay unos 600 policías destinados a vigilar las casas de personas que denunciaron violencia doméstica (500 en Montevideo y 100 en Canelones). Son dos policías por turno, en tres turnos y una patrulla.

A esto se le suma algunas situaciones que aumentan el enojo policial: "Varias veces pasó que la mujer, víctima de violencia doméstica, salió de su casa y los policías que la acompañaban no salían de su asombro cuando vieron que se encontraba con su pareja, supuestamente el victimario, para ir juntos a un motel", contó una fuente del Ministerio del Interior.

Como consecuencia de esto, la Policía ha tenido que derivar efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) a otras tareas por falta de personal y vehículos. El PADO y la aplicación de tecnología fueron las dos armas que esgrimió el Ministerio del Interior para explicar la baja en las rapiñas, algo que se diluyó a fines del año pasado y que hoy es un dolor de cabeza para las autoridades policiales y ministeriales, que en un mes tendrán que salir a exhibir cifras que confirman que el combate a la delincuencia pasa por su peor momento.