Ley de Educación: un salvavidas que hace agua por varios lados

Parecía ser el salvavidas que Uruguay necesitaba para finalmente empezar a delinear un Sistema Nacional de Educación. Venía a rescatarlo de un estado de inestabilidad. De hecho, el nombre de su principal antecedente lo deja claro: era la Ley de Emergencia para la Enseñanza. Así se lo planteó el entones ministro de Educación y Cultura, Jorge Brovetto, cuando invitó a Luis Garibaldi a ser director de Educación. "Las principales tareas que tenemos en este período son crear una ley y un Sistema Nacional de Educación", dijo. En 2018 se cumplirán 10 años de la creación de la Ley de Educación de 2008. Sin embargo, la década no parece haber sido suficiente para concretar varias de las propuestas allí planteadas.

"Créase la Comisión Nacional de Educación, que se identificará con la sigla COMINE", establece el primer artículo del Capítulo IX de la ley. El consejero del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, atestigua que la comisión no funciona. De hecho, uno de sus participantes, asegura que no se reunieron más de tres veces. El último registro de una sesión de la comisión en la web data de 2014.

Otro de sus artículos menciona la creación de un Consejo de Educación Media Básica y un Consejo de Educación Media Superior. Mediante estos artículos se pretendía aglomerar los ciclos básicos de Secundaria y de UTU. 10 años después, los intereses de ambos no han permitido lograr un consejo unificador. Silva dice que tampoco existen iniciativas de hacerlo. Lo que existe es el Consejo de Educación Secundaria.

"Formará maestros, maestros técnicos, educadores sociales y profesores, y otorgará otras titulaciones que la educación nacional requiera", dice el artículo 84 en referencia a la creación de un Instituto Universitario de Educación (IUDE). El IUDE no se concretó tampoco. En cambio, se crearon comisiones de implantación de las que derivó, entre otras cosas, el Consejo de Formación en Educación. Garibaldi entiende esto como un antecedente para el actual proyecto de ley de la Universidad de la Educación.

En la última semana de 2017, la vicepresidenta Lucía Topolansky dijo durante una reunión con la bancada de senadores y diputados del Frente Amplio que uno de los ejes de este año sería intentar acelerar la votación de la Universidad de la Educación. No obstante, desde el sistema educativo uruguayo desconfían de la concreción de la iniciativa en tanto algunos sectores ya han manifestado que no votarán el proyecto. Silva, por ejemplo, manifiesta que este proyecto es la "corporación al extremo" y que de reproducirse la estructura universitaria de la Udelar se estaría cometiendo un grave error.

Otro de los puntos que aún luce desdibujado de la ley es la creación de espacios de participación en los centros educativos que preveían la agrupación de padres, alumnos y docentes. Silva asegura que es muy escaso el número de instituciones que lo realizan.

La normativa creada en 2008 también expresa que los centros educativos públicos dispondrán de "fondos presupuestales para mantenimiento del local, la realización de actividades académicas y proyectos culturales y sociales de extensión".

A lo largo de la última década, varias instituciones se han manifestado por falta de presupuesto y problemas edilicios. Para la actual directora de Educación, Rosita Angelo, la no concreción de estas propuestas tiene que ver con que podrían ser parte de un proceso que aún está en desarrollo.

Uno de los padres de la normativa lanzada en 2008, Garibaldi, asume que hay aspectos de la ley que aún son insuficientes pero hace un balance satisfactorio de esta década. "No hubo nada de la ley que entorpeciera el funcionamiento de la educación y me satisface mucho cuando veo desarrollo de políticas o de acciones que están sustentadas y fundamentadas en estos principios", dijo a El Observador.

Garibaldi dijo que con la Ley de Educación de 2008 se logra llevar por primera vez todo el sistema educativo al marco legal, en tanto las anteriores eran leyes orgánicas. La directora de Educación destaca la capacidad de la ley de afirmar algunos conceptos como obligatoriedad y universalidad, y de entender la educación como un derecho humano.

Uno de los puntos en los que Filgueira, Silva, Garibaldi y Angelo coinciden como logro de la Ley de Educación es en la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed). Este organismo elabora informes anuales sobre el estado de la educación en Uruguay.

Otro punto que todos califican como positivo es la inclusión de los docentes en el ámbito de los consejos existentes. Tanto Filgueira como Angelo destacan además la extensión de la edad en educación inicial.

Más allá de la no concreción de algunos artículos, algunos actores del sistema educativo encuentran en la esencia de la normativa un problema mayor.

"El problema más serio es que crea una estructura de autonomías colectivas en donde es muy difícil encontrar quién es responsable de qué", expresó el director ejecutivo de Eduy21 y exsubsecretario de Educación, Fernando Filgueira. El consejero Silva apoya la idea de que la estructura organizacional "bastante burocrática" planteada por la ley, lo que hace es fragmentar aún más el sistema.

Para Filgueira, la ley asiste al "viejo problema" de no trazar un vínculo claro entre la responsabilidad política de quien lleva adelante las políticas de enseñanza, es decir, el Ministerio de Educación.

"Créase el Instituto Universitario de Educación (IUDE) en el ámbito del Sistema Nacional de Educación Pública que desarrollará actividades de enseñanza, investigación y extensión. Formará maestros, maestros técnicos, educadores sociales y profesores, y otorgará otras titulaciones que la educación nacional requiera". El instituto no se concretó. En cambio, se creó el Consejo de Formación en Educación como una instancia previa. La formación en educación se discute hoy en el Parlamento mediante el proyecto del ley que prevé la creación de una Universidad de la Educación. No obstante, su concreción peligra por varios desacuerdos.

"Crease la Comisión Nacional de Educación que se identificará con la siga COMINE". La comisión debía estar integrada por representantes de sectores privados y públicos, primaria, secundaria, Instituto del NIño y el Adolescente del Uruguay, trabajadores, estudiantes y empresarios. La Comine se reunió a lo sumo tres veces entre 2008 y 2014.

"El centro educativo público dispondrá de fondos presupuestales para el mantenimiento del local, la realización de actividades académicas y proyectos culturales y sociales de extensión". A lo largo de estos díez años, varios centros educativos han protestado por falta de presupuesto y problemas edilicios.

"El Consejo de Educación Media Básica (CEM Básica) tendrá a su cargo la educación media básica". Con este artículo se pretendía unificar los ciclos básicos de secundaria con UTU. A día de hoy, siguen actuando por separado y no existe un Consejo de Educación Media Básica.

"En todo centro educativo público funcionará un Consejo de Participación integrado por estudiantes o participantes, educadores o docentes, madres, padres o responsables y representantes de la comunidad". Son muy pocas las instituciones a nivel nacional que tienen consejos de participación que se reúnan con frecuencia.